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La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Colombia alertó sobre el confinamiento de 2.778 personas en Chocó, fronterizo con Panamá, por combates entre grupos armados ilegales que operan en el departamento.
La entidad señaló que, desde marzo, nueve comunidades indígenas y afrodescendientes del municipio de Bojayá se han visto afectadas por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de origen paramilitar, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Luego de una misión de verificación y seguimiento realizada entre el 4 y 7 de abril, y liderada por la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Quibdó, se evidenció la agudización de la crisis humanitaria que afrontan las comunidades afectadas habitantes de estos territorios.
Bojayá es recordada por la masacre perpetrada el 2 de mayo de 2002 cuando más de 90 civiles murieron dentro de una iglesia por la explosión de un cilindro de gas lanzado por miembros de la antigua guerrilla de las Farc en medio de combates con un grupo paramilitar.
La OCHA señaló que por los combates al menos 11 familias emberá de las comunidades de Playita y Villa Hermosa, así como cuatro familias de la comunidad afro Pogue, han sido desplazadas. Las otras comunidades afectadas son las de Egoróquera, Unión Baquiaza, Mesopotamia, Napipí, Bocas de Opogadó y Carrillo.
La Oficina resaltó que los enfrentamientos han "dificultando el accionar y la capacidad de respuesta humanitaria de las instituciones y de agencias de cooperación".
Ante el desabastecimiento de alimentos y las restricciones de movilidad que tienen las comunidades para acceder a medios de vida como la pesca y los cultivos, la OCHA pidió protección para las víctimas, y medidas que garanticen el cumplimiento de sus derechos y necesidades básicas como brigadas de salud.
Hace poco más de un mes la oficina de la ONU denunció que desde las comunidades del Carmen del Darién, también en Chocó, tuvieron "restricciones a la movilidad y acceso a servicios de salud, abastecimiento de alimentos y riesgos en protección".
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Por estos hechos, el alcalde del municipio, Erlin Ibargüen, dijo que cuatro menores murieron por enfermedades como el paludismo y por la falta de atención médica. Frente a esta cifra, varios líderes le han asegurado a este diario que son al menos 10 los niños que han fallecido por dichas condiciones.
La entidad detalló en un documento que las organizaciones étnico-territoriales y agencias de cooperación realizaron una convocatoria al Comité de Justicia Transicional Ampliado departamental con el fin de hacer incidencia y buscar mecanismos de respuesta.
Por otra parte, el 12 de abril la OCHA alertó del desplazamiento de 729 personas en Tumaco, municipio del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, por combates entre grupos armados desconocidos.
De igual forma, un día después afirmó que 589 personas de cuatro comunidades indígenas y campesinas del municipio de Tierralta, en Córdoba, se desplazaron por enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo armado ilegal.