:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/D78AxRcUGC43oqu68BqCaxfGTf0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/JNJU2U5AZZCFRN7PGTKDW6Y5ZA.jpg)
La denuncia hecha por Jefferson Mena Sánchez, gobernador encargado de Chocó, sobre las veinte camas remanufacturadas que fueron entregadas a la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Quibdó, único hospital de segundo nivel con el que cuentan los chocoanos, dejó varias dudas sobre lo que ha pasado con la dotación de elementos indispensables para atender la crisis del coronavirus en el departamento.
En su momento Mena Sánchez explicó que el tendido de la cama estaba pintado, lo que demostraba que se trataba de camas remanufacturadas y no nuevas, y que además las camas de ese modelo —Advance Hill-Rom— son de hace quince años y ya no se fabrican. Aunque la denuncia se hizo el pasado 6 de julio, la mitad de estas camas ya estaban en funcionamiento dentro del hospital: las primeras diez se entregaron el 7 de mayo y las restantes, el 19 de junio.
El contrato para el suministro de equipos biomédicos y mobiliarios para la dotación de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital fue firmado el 1° de abril de 2020 —por un valor cercano a los $1.300 millones— entre Ángel Córdoba Pinilla, representante legal de Angbiomed —empresa contratista— y Ariel Palacios, el gobernador electo que fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría por presuntas irregularidades en un contrato de más de $2.000 millones con la Fundación Chocó Saludable. La suspensión fue levantada este 13 de julio.
Además de las veinte camas eléctricas, que según el contrato tenían un valor total de $190 millones, se acordó la entrega de diez laringoscopios, veinte monitores de signos vitales, veinte colchones antifluidos, veinte nebulizadores y por lo menos quince elementos más en diferentes cantidades. En un informe presentado el 1° de julio por Jesús Jhonnyer Cuesta, supervisor del contrato e ingeniero biomédico de la Secretaría de Salud, se lee que hasta esa fecha el contrato ya se había ejecutado en un 96 %. Esto sin dejar de lado que el 30 de junio era el plazo máximo para cumplir con lo acordado en el contrato.
También le puede interesar: Procuraduría levantó suspensión de Ariel Palacios, gobernador de Chocó
Gloria Prado, secretaria de salud del Chocó, quien solicitó la elaboración de dicho informe, explicó que en este no había especificación alguna que diera cuenta del estado de las camas. “Yo solicité al supervisor del contrato un informe de ejecución para poder verificar el estado y las acciones que él había implementado. Sin embargo, en el informe que él me pasó realmente no hay ninguna especificación de que se recibieron en ese estado”, dijo.
Por la falta de algunos equipos biomédicos, Jefferson Mena insistió en que aún queda pendiente la entrega de cuarenta bombas de infusión, incluidas en el contrato por un valor de $140 millones. A esto se suma que diez de los veinte monitores entregados no cumplían con las características acordadas. El Espectador intentó contactarse en varias ocasiones con Ángel Córdoba Pinilla, representante legal de Angbiomed, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de este artículo.
“Nos dimos cuenta del estado de las camas el 2 de julio, cuando estábamos armando diez de ellas en la nueva extensión del hospital. De inmediato se procedió a presentar el informe ante la Gobernación; las otras diez ya estaban instaladas en la UCI del San Francisco de Asís”, dijo a este diario Camilo Ramírez, agente especial interventor del hospital, quien asumió el cargo el 12 de junio, luego de que la Supersalud realizara una intervención forzosa al hospital. Agregó que al recibir las camas, no era claro que estas correspondían a lo pactado en el contrato.
También le puede interesar: En Chocó, los líderes sociales temen participar de procesos de la JEP por su seguridad
“Me mandaron un acta con todo lo que se había recibido, pero las camas aparecían como una donación. Me dijeron que no existía contrato, no entregaron facturas, simplemente vinieron y dijeron que era de la Gobernación y como tal, en los documentos que me traen aquí, ni siquiera aparece un ingreso al almacén”, explicó Ramírez. Las camas llegaron directamente al Hospital San Francisco de Asís, pese a que en el contrato se estableció que los equipos biomédicos debían llegar al almacén de la Gobernación.
“El deber ser es que, como el contrato era de la Gobernación, los elementos debían entregarse allá. En el almacén de la Gobernación se debía haber hecho el acta, para luego hacer un traspaso al hospital”, explicó el agente interventor.
Ramírez reveló que precisamente este 15 de julio Angbiomed envió las camas y monitores para reemplazar las remanufacturadas y los equipos que no cumplían con las especificaciones del contrato que, además, estipulaba que el contratista tenía quince días para reemplazar los bienes cuando presentaran “defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones o condiciones técnicas exigidas”.
Aunque los equipos de reemplazo ya llegaron, persisten las dudas sobre por qué, en primer lugar, llegaron camas usadas y monitores que no cumplían con las especificaciones; además, por qué las autoridades se demoraron casi dos meses (desde la primera entrega de las camas) en evidenciar las inconsistencias.
La eterna crisis del Hospital San Francisco de Asís
El jueves 11 de junio la Superintendencia Nacional de Salud realizó la intervención forzosa de la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís, con el fin de administrarlo por el lapso de un año. En dos auditorías, una realizada en 2019 y otra en marzo de este año, la Superintendencia registró más de sesenta hallazgos que hacían inviable el funcionamiento del hospital, fallas administrativas que durante años quedaron como cabos sueltos. Había 877 consultas represadas, cuarenta procedimientos quirúrgicos pendientes, deudas con el personal médico y “una deficiente planeación presupuestal que hacía imposible su sostenimiento financiero”.
La entidad informó que de un año a otro “los pasivos se incrementaron en 123 %, al pasar de $7.544 millones en 2018 a $16.808 millones en 2019, lo que agravó su situación financiera”. A esto se suma que en el hospital no se aplicaban las normas de bioseguridad, había medicamentos abiertos sin fecha de inicio —expuestos al medio ambiente— y, además, se presentaron fallas “en la prestación de los servicios de laboratorio clínico, transfusión sanguínea y servicio farmacéutico”, exponiendo a los usuarios a riesgos de infecciones y complicaciones.
También le puede interesar: Alerta de la Diócesis de Quibdó por ocupación del cementerio
La Superintendencia le asignó a Camilo Ramírez, agente especial interventor, la tarea de formular un plan de acción para estabilizar finanzas, corregir problemas administrativos y dar atención de calidad. Ramírez le dijo a El Espectador que dentro del informe presentado a la Supersalud, que está en proceso de verificación, encontró que hay un total descontrol en el área administrativa y financiera: “La única información confiable en la parte contable está hasta el 31 de diciembre de 2019. El hospital prácticamente está atrasado seis meses en esa información”.
El San Francisco de Asís fue creado en diciembre de 2016, cinco meses después de que el anterior hospital (que llevaba el mismo nombre) fuera liquidado por su alarmante crisis. De hecho, entre 2007 y 2016 pasaron por el hospital 18 interventores y se presentaron muchos problemas fiscales. Incluso en 2014 la Defensoría del Pueblo solicitó el acompañamiento de la Corte Constitucional, debido a la falta de medicamentos, las fallas en la protección, custodia y archivo de historias clínicas, y el incumplimiento en el pago de nómina.