Coletazos del Mundial Sub-20

Juan Manuel Llano, exalcalde de Manizales, es procesado por posibles delitos en contratación para remodelar el estadio.

La Alcaldía de Manizales pagó casi $2.700 millones por las sillas del escenario, casi $800 millones más que otras sedes. / ‘El Heraldo’
La Alcaldía de Manizales pagó casi $2.700 millones por las sillas del escenario, casi $800 millones más que otras sedes. / ‘El Heraldo’

Detrás de la euforia por el Mundial de Fútbol Sub-20, que se jugó en Colombia en 2011, hubo posibles actos de corrupción. Al menos así lo señalan las denuncias de los supuestos “goles” que hicieron algunas administraciones con el dinero que se usó para adecuar los estadios sedes de la copa. Hoy, casi dos años después del certamen, las investigaciones empiezan a dar resultados. El más reciente fue la orden de un juez de enviar a prisión al exalcalde de Manizales Juan Manuel Llano, por presuntas irregularidades en contratación. Este caso se suma a las investigaciones que se adelantan en Cali por hechos similares.

El exalcalde Llano no es el único llamado a responder, también lo han sido otros exfuncionarios, los contratistas y el interventor. Once personas irán a juicio por delitos como peculado, celebración indebida de contratos y contratación sin cumplir requisitos legales. De los procesados, el juez también dictó medida de aseguramiento contra Raúl Diomedes Guerrero Laverde, directivo de la empresa fabricante de las sillas Guerfor S.A., y Nicolás Fernando Méndez Borda, quien fue socio de Guerfor S.A. y asesor de la Alcaldía de Manizales para el estudio de compra de la silletería. El resto permanece en libertad, pero vinculado al proceso.

A todos se les atribuye responsabilidad en el sobrecosto que pagó la pasada administración municipal por las sillas que se instalaron en el estadio Palogrande. Aunque todos se declararon inocentes, la investigación determinó que, pese a que todas las sedes del Mundial le compraron las sillas al mismo proveedor, Manizales pagó casi 30% más de lo que pagaron otras ciudades por sillas iguales o, incluso, de mejor calidad. El sobrecosto se calculó en casi $800 millones.

La denuncia se conoció en 2010, a través de un artículo que publicó el diario La Patria de Manizales, justo cuando las ciudades sedes adelantaban los procesos de compra de las sillas para los escenarios deportivos. A raíz de la denuncia, la Fiscalía inició la investigación y tomó como referencia lo que pagaron las alcaldías de Manizales y la de Armenia (Quindío), encontrando enormes diferencias. De igual forma, se adjuntó al proceso un informe técnico de la Universidad Tecnológica de Pereira, que determinó que las sillas de Manizales eran más pequeñas y de menor calidad.

Para completar el panorama, el ente acusador encontró que en los estudios hechos por la Alcaldía de Manizales para comprar las sillas se incluyeron costos adicionales e innecesarios, y ni siquiera así se justificaba lo que se pagó de más. Con estas evidencias, la Fiscalía tomó la decisión de procesar a todos los involucrados en el contrato, quienes tendrán la oportunidad de controvertir las pruebas con el fin de demostrar su inocencia ante los jueces. Por ahora, son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario.

Antecedente

El caso de los sobrecostos de las sillas para el estadio Palogrande tiene una historia de advertencias y denuncias por posibles irregularidades. El primer intento que hizo la Alcaldía de Manizales para comprar los muebles fue a través de una licitación por $2.800 millones. El proceso tuvo que ser revocado debido a denuncias de posibles direccionamientos del contrato a través de exigencias que sólo cumplía un proponente. Además, porque en el presupuesto se incluyeron $800 millones para pago de administración, imprevistos y utilidad (AIU), concepto que se paga sólo en contratos de obra, y éste no era el caso.

La administración cambió la licitación por una subasta, supuestamente para “buscar un precio más favorable y subsanar los problemas”. Sin embargo, al cambiar el tipo de proceso, curiosamente el presupuesto para comprar la misma cantidad de sillas aumentó de $2.000 millones a $2.680 millones. Los estudios de precios que hizo la Alcaldía para ambos procesos tenían diferencias del 30%. Para completar, a pesar de que algunas de las cotizaciones usadas en el estudio ya incluían el IVA, la Alcaldía lo aplicó de nuevo. Es decir, el presupuesto tenía doble impuesto.

Otro hecho cuestionable es que las cotizaciones provenían de empresas que tenían nexos comerciales directos. Y, por si fuera poco, se descubrió que el asesor que contrató la Alcaldía de Manizales para hacer el estudio de precios había sido socio de la empresa que al final ganó el contrato y que le vendió las sillas a todos los estadios sedes del Mundial Sub-20: Guerfor S.A.

Al analizar los precios del mobiliario que compraron diferentes ciudades para sus estadios, se encontró que Manizales compró sillas con espaldar a $76.173, mientras que Barranquilla pagó $63.000; Cali, $65.000, y Armenia, $53.000. Manizales compró las sillas sin espaldar a $66.770, mientras que Barranquilla pagó $51.000; Cali, $55.000, y Armenia, $46.320. En las investigación que adelanta, la Fiscalía no encontró justificación para el sobrecosto y por eso el exalcalde de Manizales está hoy en prisión.

El caso que avanza en la capital caldense podría ser referencia para que las autoridades investiguen en las demás sedes y establezcan si lo que ocurrió se repitió en otras zonas del país.

En Cali también hay investigaciones

Al caso de Manizales se suman las investigaciones por posibles irregularidades en la adecuación del estadio Pascual Guerrero, de Cali, donde también hubo sobrecostos. Ambos procesos se convierten en los coletazos penales que quedaron tras la realización del Mundial Sub-20 en el país.

La reconstrucción del estadio Pascual Guerrero está en la mira de los entes de control. Para las obras del estadio caleño, la Alcaldía contrató al Fondo Mixto, el cual no tenía la capacidad para el trabajo, por lo que tuvo que subcontratar. Hoy, muchas cuentas no están claras y la construcción, que comenzó con un presupuesto de $30.000 millones, superó los $100.000 millones.

Entre los casos que se investigan están el aumento del presupuesto, el sobrecosto de la silletería, comparado con los precios que pagó Armenia, obras que no estaban incluidas o sin soportes, y el más polémico: el sobrecosto en la compra de la pantalla LED, por la cual pagaron $1.400 millones cuando costaba cerca de $300 millones.

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