En Colombia hay 19.000 niños desaparecidos

Por primera vez en el país, el ICBF y Medicina Legal identificarán los restos óseos de 4.210 niños que fueron sepultados como N.N.

El 9 de abril del 2001, Jhon Danilo Alvarado, de trece años, salió en el bus de las 10 de la mañana desde San Carlos, Antioquia, con destino a Medellín. Por esta época, el municipio fue escenario de constantes enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares, y era común que los grupos detuvieran a los niños en la carretera para llevárselos a sus filas. Por eso, siempre que Jhon Danilo llegaba a Granada, cerca de San Carlos, le marcaba a su madre para avisarle que todo estaba bien.

Sin embargo, aquel día, Flor Marina Alvarado no recibió la llamada de siempre. Esa fue la última vez que vio a su hijo y, hasta ahora, cuenta, ni le ha vuelto la tranquilidad, ni ha recibido información por parte del gobierno sobre el paradero del menor. “Si está muerto, en la cárcel, con la guerrilla o los paramilitares, no tengo idea, pero sólo volveré a estar en paz el día en que me den alguna noticia”, le dijo a El Espectador. 

Como Flor Marina, los padres de otros 19.000 niños de quienes se desconoce su paradero viven el mismo drama. Por ello, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Nacional de Medicina Legal se lanzarán, por primera vez en la historia del país, a la identificación de los restos óseos de 4.210 niños que han sido sepultados como no identificados.

El proceso lo iniciará Medicina Legal revisando las huellas de estos más de 4.000 menores fallecidos que, aunque ya tienen autopsia, no han sido identificados.
Después, un equipo de antropólogos, odontólogos, médicos y genetistas forenses aplicará diferentes métodos de identificación a los cuerpos y determinará el perfil genético de cada uno.

Los datos que resulten se cruzarán con 19.000 reportes de niños desaparecidos que están en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, con lo cual se podrá contactar a sus familiares.
“Sabemos que identificar los cuerpos de estos niños es un desafío técnico de gran magnitud, que requiere tiempo y rigurosidad, pero sabemos también que ayudarle a las familias a hacer el duelo y a sanar esas profundas heridas es un logro de incalculable valor, tanto para ellas como para el país”, aseguró Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal.

De acuerdo a la directora encargada del ICBF, Adriana González Maxcyclak, la alianza con Medicina Legal es un hecho histórico que contribuye al derecho a la verdad de las víctimas. “Es un aporte sin precedentes en la reconstrucción de la memoria para miles de familias cuya vida se partió en dos con la desaparición de uno de sus niños”, agrega.

Medicina Legal también analizará 500 restos óseos que, se presume, corresponden a menores de edad y que en su mayoría fueron hallados durante las exhumaciones que la Fiscalía General ha hecho en fosas comunes, fosas clandestinas y cementerios de distintos lugares del país. 

Con esta información, en una segunda fase que se desarrollará entre 2014 y 2015, se tomará muestras de los familiares que decidan entrar en el proceso de identificación, para luego cotejar los perfiles genéticos, establecer la filiación e identidad y ayudar a que más padres encuentren a sus hijos, que según el Registro Único de Desaparecidos de la Fiscalía, están principalmente en Bogotá (49,1%), Antioquia (8,3%) y Valle de Cauca (6%).

Si bien la nueva ruta del ICBF y Medicina Legal es vital para dar fin al dolor de muchas familias, para Gloria Gómez, coordinadora de Asfaddes (Asociación de Familiares Detenidos–Desaparecidos), “la respuesta de Bienestar Familiar con los niños desaparecidos no ha sido la más eficaz. Esto debieron hacerlo desde hace años”. Según la líder, lo primero que la institución debería hacer es depurar cada una de las situaciones particulares que causaron las miles de desapariciones. Y agrega que “Bienestar no ha cumplido a cabalidad con su misión, no hay protección adecuada para la niñez y no hay búsqueda adecuada”.
Gómez cuenta el caso de Jeferson Esneider Montaña, un bebé de siete meses que desapareció el 16 de diciembre de 2005 y de quien aún no se conoce el paradero.

En ese entonces, Asfaddes acudió envió un derecho de petición a Bienestar Familiar solicitando que en los centros de atención de menores de todo el país reportaran si habían recibido a un niño con las características de Montaña. Sin embargo, cuenta la mujer, el ICBF sólo envió una circular a todos sus centros donde le preguntaban a los funcionarios si habían recibido al menor, pero no incluían la descripción que permitiera una búsqueda precisa.

En 2007, Asfaddes volvió a insistir y, esta vez, le entregaron al ICBF las únicas dos fotografías que tenían del bebé, con la esperanza de que pudieran hacer un retrato de cómo sería Jerferson Esneider a los dos años para agilizar su búsqueda. Hasta ahora, dice Gómez, no ha habido respuesta del ICBF, sino “negligencia y falta de sensibilidad y compromiso”.

Más allá de las fallas históricas, Bienestar Familiar es enfático en la importancia de esta iniciativa. “Para un individuo o grupo familiar, la desaparición de un ser querido es una gran ruptura de su proyecto de vida que viene acompañada de sentimientos de dolor, incertidumbre y culpabilidad, y que desencadena dolencias físicas, conflictos familiares y pérdidas irreparables”, explicó la directora del ICBF. “Hallar su cuerpo, es la posibilidad de hacer el duelo y de cerrar la brecha que abrió el suceso de la desaparición”, puntualizó.

Temas relacionados