“Colombia no castiga la violencia sexual contra la mujer”

La organización pide que se haga un compromiso para combatir este flagelo en los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc. Sin erradicar este tipo de abusos “no puede haber una paz duradera y estable”, señala.

En Colombia no se castiga la violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado. Con esta frase podría resumirse el más reciente informe que Amnistía Internacional reveló sobre esta realidad en nuestro país, en el que denuncia que no hay “avances reales” de las autoridades para llevar ante la justicia este tipo de flagelos. Se advierte, además, que “el respeto a los derechos humanos” debe ocupar el primer lugar en las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc.

“Al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las autoridades de Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de que pueden seguir violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las consecuencias”, aseguró Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de la organización.

Según este informe, denominado ‘Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto’, uno de los principales obstáculos para hacerle frente a esta problemática es la falta de información clara y precisa. Señala que ni siquiera los datos de Medicina Legal –según los cuales en 2011 se registraron 22.597 presuntos casos de violencia sexual, 72 de ellos aparentemente a manos de combatientes– son suficientes para vislumbrar la realidad que vive el país.

Además se señalan otras dificultades que ha enfrentado el país para llegar a la verdad y a la justicia: la falta de garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos que trabajan visibilizando este tipo de delitos y para las mismas víctimas, quienes se abstienen de denunciar porque “temen la estigmatización que conlleva ser una superviviente de la violencia sexual o creen que el delito no será investigado efectivamente”; la inexistencia de una estrategia integral para combatir la impunidad, la falta de fondos y “la infiltración de grupos armados ilegales en las instituciones estatales locales”.

“El problema en Colombia no reside principalmente en la falta de leyes, resoluciones, decretos, protocolos y directivas relativamente buenos, que existen y en gran número, sino que no se aplican de forma efectiva y sistemática en todo el país”, advirtió Pollack.

Amnistía Internacional afirma que la violencia sexual “en el largo conflicto armado que afecta al país” ha sido utilizada para sembrar el terror en las comunidades y desplazarlas, como estrategia de venganza con el contrincante, para controlar los derechos sexuales y reproductivos de las combatientes y para explotar a mujeres y niñas como esclavas sexuales.

Y con estos argumentos hace un llamado enfático a que esta problemática sea abordada en las conversaciones de paz que comienzan el próximo 15 de octubre en Oslo. Según el investigador Marcelo Pollack “sin un compromiso claro de todas las partes del conflicto para poner fin a la violencia sexual y a otros abusos contra los Derechos Humanos, no puede haber una paz duradera y estable en Colombia”.

A pesar de este oscuro panorama, el informe destaca las iniciativas que han liderado legisladores como Iván Cepeda y Ángela María Robledo, quienes, en compañía de la Defensoría del Pueblo, presentaron un proyecto de ley para combatir la impunidad en los casos de crímenes sexuales relacionados con el conflicto. También se resalta la actuación del vicepresidente Angelino Garzón, y del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, en la lucha contra este flagelo

 

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