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"Si no lo hacen, vamos a seguir apilando muertos", dijo a la agencia AFP Roberto Menéndez, tras presentar en Washington el último informe del grupo regional que desde hace 15 años monitorea los esfuerzos de pacificación de un país golpeado por décadas de conflicto armado.
El reporte del primer semestre de 2019 documentó confinamientos y desplazamientos forzados, así como amenazas, ataques y asesinatos de líderes comunales y defensores de derechos humanos, reclutamiento forzado de menores y violencia política, todo "en contextos de conflicto, criminalidad e inequidad alimentados por el narcotráfico".
Se cumplen tres años de la firma de la paz con la extinta guerrilla Farc. ¿Cuál es el mayor reto?
Que el Estado llegue a todos los territorios, los ocupe y se ocupe de ellos. La mayor violencia está donde hay ausencia del Estado, o marcada insuficiencia de su presencia y accionar. Hay unos 300 municipios (de los 1.200 que tiene Colombia) considerados como los más afectados: en la región del Pacífico, buena parte de la frontera con Ecuador y Venezuela, y la zona de los Llanos hacia la Amazonia.
En el Cauca asesinaron la semana pasada a una docena de personas, la mayoría indígenas. ¿Qué pasa allí?
Este fenómeno no es nuevo; la MAPP ya alertaba de eso en 2009. Pero se disparó desde la firma de la paz. ¿Por qué? Por las características de Colombia: una geografía compleja que facilita la ilegalidad, una ausencia del Estado y una riqueza de recursos. El Cauca concentra todo eso.
¿Por qué firmar la paz no detuvo la violencia?
Tras los acuerdos se generó un reacomodo de las actividades ilegales: con las Farc dejando el negocio del narcotráfico surgió la disputa por el territorio, porque eso implica controlar los cultivos -de amapola, marihuana y coca- y de sus rutas de salida. Todo eso está dentro de los resguardos indígenas, que tienen autonomía concedida por la Constitución. Con las Farc las relaciones eran más ordenadas. Pero con sus disidencias, que ya no tienen las características ideológicas, ni los proyectos políticos-electorales de la guerrilla, la relación es desde la perspectiva mafiosa.
Y así aumenta la violencia...
Absolutamente, porque se pretende cambiar las reglas de juego dentro de un territorio autónomo. Lo que hay es una guerra declarada entre estos grupos criminales y las autoridades indígenas legítimas. Estas muertes están directamente vinculadas a esa disputa.
¿Qué quieren los indígenas?
Controlar su territorio, neutralizar a los grupos criminales y gradualmente salirse de los cultivos ilícitos. Pero por el solo hecho de decir que van a dejar de cultivar coca los matan. Esa es la dinámica hoy. ¿Y por qué los indígenas cultivan coca? Porque ahí, como en otros lugares, el Estado no ha dado condiciones mínimas para que esa gente viva de actividades legales.
¿Qué papel debe jugar el Estado?
Cómo se resuelve la presencia del Estado en territorios autónomos es una discusión viejísima. Los indígenas dicen que primero hay que reforzar la guardia indígena y luego coordinar con el Estado el ingreso de la fuerza pública. El Estado dice que los indígenas no los dejan entrar porque quieren cuidar los cultivos ilícitos. Pero la percepción generalizada es que hay connivencia entre la fuerza pública y los narcotraficantes.
¿Qué debería hacerse?
La cúpula civil del gobierno se tiene que sentar con las autoridades indígenas, no con las ONG ni con las confederaciones que hay en Bogotá, para definir una complicidad positiva. Se tienen que poner de acuerdo en qué quiere decir la autonomía, qué debe hacer la fuerza pública, qué debe hacer la guardia indígena. Nunca se han sentado a hablar de eso. Si no lo hacen, vamos a seguir apilando muertos. Hay que ayudar al indígena a sacar a los grupos criminales de su territorio y a dejar la coca. No es fácil, porque los grupos criminales están enquistados ahí. El Frente 6 de las Farc tenía un altísimo componente de indígenas reclutados.