"Colombia tiene derecho a saber qué pasó en la guerra"

Carlos Dada, el reconocido periodista salvadoreño que dedicó su vida a documentar las huellas de la violencia que sacudió a su país hace 30 años, hace un llamado para hurgar en la historia y no olvidar a las víctimas del conflicto.

El periodista salvadoreño Carlos Dada, célebre por sus denuncias sobre crímenes de guerra, durante su visita a Bogotá. / David Campuzano - El Espectador
El periodista salvadoreño Carlos Dada, célebre por sus denuncias sobre crímenes de guerra, durante su visita a Bogotá. / David Campuzano - El Espectador

Carlos Dada es un periodista de 42 años, que como muchos ciudadanos salió de El Salvador exiliado con su familia en épocas de la guerra que sacudió a este pequeño país entre 1980 y 1992. Al regresar, fundó con Jorge Simán Elfaro.net, el primer periódico online de América Latina, en 1998. Durante varios años no tuvieron sede, no devengaron salario, pero perseveraron porque era la única manera de hacer periodismo desde otra orilla, diferente al que se ejercía desde los periódicos tradicionales vinculados a familias conservadoras y dueñas de grandes capitales.

Fue autor, en 2010, de un artículo que reveló los detalles del asesinato de monseñor Arnulfo Romero, (vea el artículo “Así matamos a monseñor Romero” http://www.elfaro.net/es/201003/noticias/1403/). En su reciente visita a Colombia para participar en el VI Encuentro de Periodismo de Investigación, convocado por la asociación Consejo de Redacción, planteó un debate que cobra relevancia en Colombia y que hoy tiene divididos a los salvadoreños y a los guatemaltecos -que también padecieron una guerra civil en los años 80-: el papel de los medios en el rescate de la memoria de las víctimas del conflicto. Estas son sus reflexiones.

¿Cuál fue la reacción en su país con la publicación de historias como la de monseñor Romero o las masacres del Mozote?

C.D. Tenemos un establecimiento donde la gran derecha y la gran izquierda no están dispuestos a confrontar el pasado. La izquierda en su discurso dice hacerlo. El presidente actual ha pedido perdón a nombre del Estado, ha ido a lugares de las masacres, pero falta. Por ejemplo, es imposible abrir juicios por crímenes de guerra en mi país. Hay un proceso en España contra la cúpula militar que gobernó al país en los 80 por el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Es una orden internacional de captura contra 20 militares, pero el único lugar del mundo donde no aplica es en El Salvador.

¿Qué papel jugó entonces la Comisión de la Verdad?

C.D. La firma de los acuerdos de paz se hizo entre las partes en contienda y la reparación estuvo enfocada a los combatientes de uno y de otro bando. Las víctimas no formaron parte. Es el pecado de origen de ese acuerdo. Los procesos de justicia transicional son muy recientes, pero tenemos lecciones para aprender. Nuestros acuerdos de paz fueron modelo en su momento, pero a la luz de la historia es justo hacer una revisión y admitir que hubiera sido mejor si los firmantes hubieran tenido en cuenta a las víctimas. El acuerdo cumplió con su principal meta que fue parar la guerra, pero no estableció el terreno fértil para una reconciliación total y para el avance de una sociedad más justa.

¿Cuál fue el papel de los medios en la firma de los acuerdos, no llamaron la atención sobre las víctimas?

C.D. El proceso de paz fue complejo. Partió de un empate militar en una guerra muy cruel. Más de cien mil muertos en un país tan pequeño significó tocar a toda la sociedad. Era tal la urgencia de parar el derramamiento de sangre que nadie pensó en esas cosas. Todos pensaban en parar la producción de más víctimas. La Comisión de la Verdad, por su naturaleza y por el poco tiempo que tenía, decidió investigar los casos más trascendentes; estableció que más del 80% de los crímenes fueron cometidos por las Fuerzas Armadas. Hoy, 20 años después, estamos obligados a ver con honestidad los errores que cometimos, porque ahora los volvemos a cometer: hay una tregua entre pandillas apadrinada por el gobierno que es muy oscura. Nadie les pregunta a los padres de una niña que fue violada y descuartizada por los pandilleros, qué piensa de la tregua.

¿Cuál es el papel de los medios en el posconflicto, sabiendo que las amnistías ya no son aceptadas?

C.D. Es difícil cerrar las heridas de una guerra si no encuentras la manera de restaurar la dignidad de las víctimas y sus deudos. Es difícil pensar en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más feliz, si no lanzas un mensaje claro de que hay cosas que no se pueden permitir.

¿Pero si la sociedad hizo un pacto para dejar atrás ciertas cosas, no es sano que ese pacto se respete en el futuro?

C.D. Los pactos siempre obedecen a necesidades políticas y son parte esencial de una agenda de nación. En su momento fue necesario, pero ¿es necesario mantenerlo para siempre? Yo creo que no. Mientras no establezcamos cómo y por qué nos convertimos en una sociedad tan enferma que avaló los escuadrones de la muerte, la desaparición de tanta gente, si no sabes cómo llegaste a ese punto, es más fácil volver a caer en él.

¿Cuál fue el efecto de sus revelaciones sobre el asesinato de monseñor Romero?

C.D. Esta historia es la que más impacto ha tenido, es el asesinato más trascendente de la historia de mi país, pero ya antes habíamos descrito los fusilamientos de un comandante guerrillero entre sus tropas. Nadie quiso hablar de esos temas, como tampoco quisieron hablar de la masacre del Mozote, donde murieron más de mil víctimas, la mayor parte mujeres y niños, cometida por un batallón del ejército comandado por el coronel Domingo Monterrosa, hoy considerado un héroe entre el ejército. Murió en tiempos de guerra en una trampa que le tendió la guerrilla, pero la institución sigue volcada a vanagloriar a un tipo que cometió la peor masacre de Latinoamérica de la segunda mitad del siglo XX. El presidente Funes fue a Mozote a pedir perdón a nombre del Estado, pero al día siguiente salió el Ministro de Defensa a decir que consideraba un héroe al coronel Monterrosa y la tercera brigada de oriente sigue llevando su nombre.

¿Durante 20 años no se habló de una masacre en la que murieron más de mil personas?

C.D. El ejército y el gobierno salvadoreño la negaron. La descubrieron dos reporteros y una fotógrafa de Estados Unidos, la publicaron en New York Times y Washington Post y los acusaron de mentirosos en sus propios medios. La historia de Daniel Valencia en el faro (Vea el artículo “Las masacres de El Mozote” http://elfaro.net/es/201112/noticias/6889/) se publicó 30 años después y fue la primera vez que hablaron ocho sobrevivientes que nadie sabía que existían. Vivieron 30 años con su secreto.

En Colombia, a quienes critican los alcances del actual proceso de paz con la insurgencia los llaman enemigos del proceso, ¿les sucedió lo mismo?

C.D. En El salvador nos laman enemigos del proceso de paz porque criticamos la actual tregua entre las pandillas. Nos llamarán como quieran, pero los periodistas debemos tener claro que hace parte del maniqueísmo político. Las expresiones de ese tipo no deberían ser un freno para que cumplamos con nuestra función social. No tenemos que estar de acuerdo con el presidente ni ser activistas ni servir a los intereses de un sector. No creo que un periodista esté en contra de la paz, tal vez está siendo crítico con el ejercicio de la política, con la falta de transparencia o de bases sólidas para una negociación.

¿Cómo analiza el caso de Colombia?

C.D. La de Colombia es una sociedad con una clase urbana más sólida, más leída (aquí hay más librerías que en El Salvador), hay un ejercicio intelectual de la agenda periodística. Aquí se dieron pasos que no se dieron en mi país, como la exigencia de rendición de cuentas a entidades del estado, el afán de asignar responsabilidades de crímenes de guerra. Es un país con un periodismo muy valiente que se ha enfrentado narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares.

Usted viene de Guatemala donde presenció el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, ¿qué lecciones deja este episodio?

C.D. El juicio es tan estridente y toca llagas históricas de manera tan ruidosa, que todavía no se han dimensionado sus posibilidades transformadoras. La gente quiere evitar que se hable de un Estado genocida. No se quiere admitir que hay una sociedad con una estructura racista, con un legado de represión contra los indígenas. Gente que he respetado intelectualmente dice cosas descabelladas, basadas en argumentos falsos. Escuché a un periodista decir que no se debe hablar de genocidio, que fue una guerra cruel entre dos bandos y que los muertos los pusieron los dos bandos. Eso no es cierto, los muertos fueron indígenas. Dicen que ellos hacían parte de las fuerzas en conflicto. Es cierto, pero solo el 15% de los muertos fueron en combate, eso está documentado, escrito en libros que tal vez ya olvidaron.

¿Qué pasa?

C.D. Temen vivir en una sociedad que no está lista para enfrentar las consecuencias de destapar el pasado. Hay un comunicado firmado por 12 eminentes ciudadanos guatemaltecos, incluido Eduardo Stein, gran intelectual, en el que piden parar el juicio porque no quieren que regrese la violencia política. En el fondo temen que el estado no esté listo para admitir las consecuencias de procurar justicia. Es legítima la preocupación, pero no pueden negar la restauración de su dignidad al pueblo Ixil solo porque temen que unos matones vuelvan a agarrar las pistolas. Cuesta admitirlo porque habla de una sociedad insana que no hizo la tarea después de los acuerdos de paz.

¿Cuáles son los argumentos para parar el juicio?

C.D. Hay distintas voces: algunos militares dicen que es una venganza de la izquierda internacional comunista, otros que es una venganza de Estados Unidos, otros que es una venganza de los ixiles, que los jueces son comunistas, que no hubo genocidio.

¿Qué permitió que Ríos Montt fuera llevado a juicio?

C.D. La intervención de la comunidad internacional en procura de justicia, como la Comisión Internacional contra el Crimen y la Impunidad; los cambios en la Fiscalía donde hay una mujer valiente y varios fiscales jóvenes que no se han dejado contaminar; el trabajo de organizaciones de derechos humanos que asesoraron a los ixiles para preparar un caso hasta llevarlo a los estrados.

¿Lograron ustedes desvelar las conexiones entre el poder político y económico con los responsables de crímenes atroces?

C.D. Hay criminales de guerra que viven cómodos en Centroamérica, pretendiendo ser voces con autoridad moral que pueden guiar los destinos de la nación. No quieren perder esa comodidad y el poder que les queda, no quieren perder su puesto en la historia. Hay conexiones claras y demostrables entre grandes sectores empresariales y escuadrones de la muerte o paramilitares, pero de esto no se habla todavía. Nosotros hemos tocado algunas.

¿Y cómo han recibido los medios tradicionales sus denuncias?

C.D. Las han ignorado. La visita del presidente Funes a Mozote fue importante, trajo las masacres a la agenda política.

¿Qué lecciones quedan de estos juicios?

C.D. Una sociedad tiene derecho a saber qué le paso. Colombia tiene una gran oportunidad de poner las lecciones en práctica. El punto es no dejar las agendas nacionales solo en manos de los políticos. La intervención de los medios de comunicación, de la masa crítica de una sociedad, que en Colombia es grande, debe copar el debate público para que la sociedad discuta cómo quiere una negociación de paz.