Comando Anticorrupción para las regiones

El secretario de Transparencia de Presidencia, Camilo Enciso, también afirmó que la RAPE no es inmune a la corrupción.

Camilo Enciso, secretario de Transparencia de Presidencia

La Región Administrativa y de Planificación Especial (Rape), conformada por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, es la primera que se presenta como región en Agroexpo 2015. Allí han empezado a comercializar productos de esta zona rica, como café, maíz y frutas orgánicas.

A futuro, la idea es que la RAPE promueva mega proyectos que podrían catapultar su productividad, asegura Carlos Córdoba, su gerente.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado libre de cuestionamientos. Camilo Enciso, secretario de Transparencia de Presidencia, en entrevista con El Espectador, respondió algunas preguntas sobre los mecanismos de fiscalización y control para los más de $7 mil millones que hoy se manejan entre los cinco departamentos y que podrían ser más a medida que a la Rape se le asignen más recursos. Así como anunció otras medidas que el Gobierno implementó para frenar y sancionar la corrupción regional.

Cuando Carlos Fernando Galán era secretario de transparencia señaló que la Rape era susceptible a la corrupción por falta de mecanismos de control a los concejales, representantes y contralores ¿Cree que esta preocupación está bien fundamentada?

Las Regiones Administrativas Especiales no son malas por sí mismas. Por el contrario: pueden ser instrumentos muy poderosos para promover y coordinar el desarrollo de regiones que antes no trabajaban en equipo y que avanzaban como si vivieran en mundos diferentes. El Estatuto Orgánico de Ordenamiento Territorial reguló, en esa medida, una herramienta que necesitábamos hace décadas.

Pero el desafío de control de estos recursos es grande ¿no?

El desafío está en desarrollar instrumentos eficaces de vigilancia y control de los recursos públicos de los que ellas disponen. La responsabilidad de velar por los dineros públicos que manejan las Regiones Administrativas Especiales recae sobre las Contralorías Territoriales de modo general y la Contraloría General de la República de modo excepcional e invocando su control preferente.

Por eso desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia hacemos un llamado para que estos órganos de control se comprometan a hacerle seguimiento a los recursos que se ejecutan a través de esas Regiones Administrativas Especiales. En particular, le pedimos una vigilancia muy activa sobre los $7.397 millones que aportan anualmente las cinco entidades territoriales que conforman la Región Administrativa Especial Central.

¿Qué decisiones han tomado para blindar la iniciativa ante la corrupción?

Frente a los riesgos de corrupción siempre tendremos algo que hacer. Una de las principales decisiones que tomamos en la reunión que tuvimos el martes 7 de julio con la Comisión Nacional de Moralización, liderada por el presidente Juan Manuel Santos, es la de fortalecer la lucha contra la corrupción a nivel regional, por eso a partir de esta semana la Secretaría de Transparencia cuenta con un funcionario para cada región del país, encargado de liderar el trabajo de las Comisiones Regionales, y en particular, de asegurar que los casos más graves no queden en la impunidad.

¿Qué otras medidas han tomado para impedir la corrupción en las regiones de la que tanto se queja la gente?

La gente está hasta la coronilla de ver que los casos que denuncia se demoran años en ser judicializados. Hace una semana también suscribimos el Convenio por el cual se crea y regula el Comando Anticorrupción, el cual priorizará la lucha contra la corrupción en las regiones, enfocando su trabajo a la protección de los recursos de regalías, de obras de acueducto y alcantarillado y los recursos de alimentación escolar.

El gobernador Álvaro Cruz sostiene que en la RAPE no habría posibilidad de corrupción ya que no tiene facultades administrativas. ¿Qué piensa usted de esta afirmación?

Mientras exista manejo de recursos públicos, hay riesgo de corrupción. El artículo 8 del acuerdo regional que reglamenta la Rape Región Central establece como una de sus funciones la ejecución de planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo. Esas funciones entrañan riesgos de corrupción, por su impacto y alcance. A eso se le suman riesgos como los conflictos de intereses a los que están expuestos los miembros del Consejo Directivo de la Región Administrativa Especial, que son funcionarios públicos. De hecho, en el artículo 13 del acuerdo regional que regula esa Región Administrativa Especial, se regula un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el Consejo Directivo. Puede que en su naturaleza jurídica la Región Administrativa Especial no sea equiparable a una entidad territorial, pero eso no la hace inmune a los riesgos de corrupción en su operación. Por eso los entes de control, la sociedad civil y los medios debemos estar alerta en todo momento. No denunciar nos hace cómplices de la corrupción.