Comisión interamericana intervendrá en caso de contaminación del río Anchicayá

Desde 2002, la comunidad afrodescendiente pide justicia por la contaminación del caudal ubicado en el Valle del Cauca, ya que, en 2001, la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) contaminó el afluente, que era la principal fuente de sostenimiento de la población.

redacción Nacional
23 de marzo de 2018 - 07:24 p. m.
Archivo El Espectador.
Archivo El Espectador.

Después de 16 años de lucha jurídica, sin recibir una respuesta positiva por parte del Estado colombiano, la comunidades negras que viven alrededor del río Anchicayá (nace en Cali y desemboca en Buenaventura), no vieron más opción que llevar a instancias internacionales la situación que los dejó sin sustento, debido a que en junio de 2001, la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) abrió las compuertas de su represa y descargó sedimentos allí, matando los peces y los cultivos a su alrededor.

Este jueves, la población recibió una respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual se expresa el respaldo de este ente internacional para intervenir en el caso y buscar una solución al mismo, ya sea llegando a un acuerdo con las partes, que consistiría en una indemnización por $160.000 millones, u otorgando una sentencia unificada.

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“El caso está debidamente formalizado y admitido ante la CIDH. Esto es de suprema importancia para la comunidad, porque cuando yo presenté la petición lo hice por la dilatación injustificada del Gobierno para dar respuesta al caso. Esta es la hora en la que no hay justicia ni reparación. Por ello, para nosotros, esto es una voz de aliento y esperanza”, señaló Germán Ospina, abogado del caso.

Según Ospina, tras la tragedia se han hecho algunos acercamientos con la empresa EPSA para llegar a una conciliación y no dilatar más el proceso. Dice que también se ha realizado un censo con las comunidades afectadas, avalado por ellas mismas, pero insiste en que es fundamental una respuesta del Consejo de Estado para que este caso llegue a buen término.  

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Por otro lado insiste en que la situación actual de la población es deplorable. “Es muy difícil ver cómo muchas de estas vidas se pierden por falta de oportunidades, ha habido desplazamiento y desnutrición. El agua contaminada son las principales causas de muerte, ha habido muchos casos durante estos años. Eso me rompe el alma porque son familias que llevan esperando justicia desde hace muchos años. Son 6.000 personas sometidas a un evidente olvido estatal”, agregó Ospina.

Las tutelas

Ante la nueva derrota, los abogados de EPSA optaron por dos estrategias jurídicas al tiempo. La primera fue llevar el caso al Consejo de Estado y el 2 de febrero de 2010 pidieron al alto tribunal administrativo revisar la decisión. La segunda fue la tutela, que radicaron una semana después ante el mismo Consejo de Estado, en la que decía que se le habían vulnerado sus derechos al debido proceso, al haber hecho una interpretación errada del estudio que sirvió como evidencia para probar el daño a la comunidad.

La primera decisión se conoció el 20 de mayo de ese año y EPSA perdió de nuevo. La sección cuarta del Consejo de Estado rechazó la acción de tutela, al considerar que no estaba probado que existiera un perjuicio irremediable que justificara el recurso. De nuevo sus abogados insistieron y el 9 diciembre de 2010, la sección quinta del propio Consejo de Estado ratificó la decisión de la sección cuarta. En esta oportunidad, los magistrados indicaron que la empresa eléctrica había tenido todas las oportunidades procesales para cuestionar el estudio.

A empezar de cero

Para finales de 2010, todo indicaba que estaba despejado el camino para que las comunidades del Anchicayá recibieran su indemnización. Ya existían las decisiones de primera y segunda instancia de los despachos administrativos del Valle del Cauca y una tutela rechazada por el Consejo de Estado en las dos instancias, todas a su favor. Sin embargo, el 25 de febrero de 2011, todo volvió a quedar en el aire cuando una sala de selección de la Corte Constitucional eligió la tutela de EPSA para revisión.

Un año después, en 2012, justo cuando el Consejo de Estado aceptó el recurso de revisión de la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle (que ordenaba la indemnización), las comunidades negras recibieron un baldado de agua fría. En abril de ese año, los magistrados de la Corte Constitucional, que revisaron la tutela de EPSA, contrario a lo que se esperaba, le concedieron el amparo a la electrificadora, anulando 10 años de proceso.

Los magistrados, a través de la sentencia T-274, declararon ilegales los estudios que tasaban los perjuicios de las comunidades y revocaron el fallo que ordenaba la indemnización. Además, ordenaron repetir la prueba reina que se recaudó en 2002. Se trataba nada menos que de los estudios que hizo la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Valle, justo después de ocurrido el desastre ambiental, y que establecía cuánto se les debía pagar a los afectados.

Con el fallo, la indemnización quedó en el aire. De paso la orden obligó al Consejo de Estado a frenar y a archivar el proceso de revisión del fallo del Tribunal Administrativo del Valle, que para ese momento había quedado nulo.

Por redacción Nacional

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