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En Colombia no existe una ley que obligue a las universidades a implementar acciones que frenen el acoso en sus planteles. Sin embargo, en noviembre de 2018, el Ministerio de Educación Nacional presentó algunos lineamientos para que las instituciones de educación superior (IES) se guiaran a la hora de crear un ambiente equitativo y así garantizar los derechos. Antioquia, Caldas y Nariño fueron los primeros departamentos en los que se crearon los diagnósticos que evalúan las situaciones de violencia.
Enfoque e identidades de género se llamó el documento que el Estado diseñó, con ayuda de la Universidad Nacional de Colombia, en el que propone los parámetros que garantizan la inclusión. En este está consignado que las IES deben mejorar los siguientes aspectos: primero, el acceso de mujeres y personas LBTBI; segundo, la continuidad de estas poblaciones en el plantel; tercero, la estructura normativa que garantice la penalización de los actos de violencia por parte de docentes, estudiantes y administrativos.
“Lo que ha hecho el Estado está bien, pero me parece una situación muy cómoda crear esos lineamientos como una recomendación y no como una obligatoriedad”, dice Yamile Roncancio, directora de la fundación Feminicidios Colombia.
Según los lineamientos propuestos, las universidades deben destinar recursos en la prevención, sanción y acompañamientos de los casos, desarrollar programas de asesoría legal para que los estudiantes conozcan sus derechos y sepan qué conducto seguir, reformar su estructura normativa para sancionar a los responsables, crear comités con independencia financiera que vigilen el funcionamiento de las políticas públicas, garantizarle a las víctimas acompañamiento psicológico y asesoría jurídica e implementar rutas de atención y protocolos de seguridad.
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¿Cómo frenar el acoso desde Santander?
La Universidad Industrial de Santander (UIS) fue la primera de la región y la quinta en el país en diseñar un protocolo de atención a las víctimas. Esto obedece a los diferentes casos que allí se han presentado.“Cuando fui acosada me sentí sola, no sabía a quién acudir, cómo actuar al respecto, por eso callé por varios años, mientras más compañeras eran vulneradas por el profesor con más investigaciones por acoso dentro de la institución”, relata María Angélica Gómez, estudiante de Licenciatura en Español y Literatura. Debido a estos casos, la UIS expidió resoluciones en las que se creó la ruta de atención a las víctimas.
Este protocolo está dividido en cuatro etapas: conocimiento del caso, entrevista inicial y valoración, orientación jurídica y atención integral en salud. Lo primero es la denuncia del hecho, para esto el estudiante o el testigo tendrá que dar a conocer lo que le sucede o presenció. ¿Cómo puede hacerlo? A través del correo, la línea telefónica, el sistema de peticiones, quejas y reclamos o directamente en bienestar universitario.
En la entrevista inicial la persona se acerca y cuenta su historia al Equipo de Atención y Orientación. En caso de que necesite primeros auxilios la institución lo remitirá a la enfermería o a la oficina de psicología. Posteriormente, se dará a conocer cómo llevar el caso jurídicamente, a qué instancias legales acudir. Además, la institución pondrá a disposición un grupo de seguridad que proteja al denunciante de que el victimario lo agreda nuevamente. En esta parte del proceso también quedará registrado lo sucedido y se le hará seguimiento. Por último, se brindará atención psicológica para sobrellevar el proceso. Si existe violencia sexual, la persona será valorada por la unidad clínica del plantel y remitida a Medicina Legal para que realice la denuncia en la fiscalía.
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El 24 de agosto de 2018 se reglamentó en el acuerdo 002 la política de equidad de género en la UIS. En esta se incluye la creación de comités para su implementación. Estos reúnen a docentes, administrativos y estudiantes. Hasta el momento la institución ha conformado la primera mesa de trabajo, la de los aprendices. Sin embargo, las demás no se han podido integrar.
“La representación masculina por parte de docentes no se ha logrado, ellos muestran un desinterés por los grupos de trabajo requeridos por el acuerdo”, señala Iván Darío Prada, miembro del comité estudiantil. Asimismo, agrega que, los participantes que están ya establecieron indicadores de violencia y avanzaron en el plan de igualdad para presentarlo al consejo académico.
Por otro lado, los primeros pasos que se dieron en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) ocurrieron a raíz de una carta que llegó en noviembre de 2018 por parte del Ministerio de Educación. Ante esto, la UNAB reunió a un grupo de docentes del Departamento de Estudios Sociohumanísticos para crear el acuerdo requerido.
A pesar de que esta comunidad educativa no tiene denuncias de acoso, el Consejo Académico decidió apostarle a la implementación de esta medida. A diferencia de la UIS, esta universidad no ha empezado a diseñarla. Por ahora, creará un diagnóstico para saber cómo está la situación y así tomar acciones al respecto.
“Por el momento no tenemos ningún reglamento ni protocolo. Somos conscientes que hay una recomendación del Estado para generar ese ambiente inclusivo y por eso nos hemos reunido a diseñar un instrumento que califique el entorno educativo”, sostiene Angela María Díaz Pérez, miembro de la mesa de trabajo de creación de la política de equidad de género.
En dos meses estarán listos los instrumentos de recolección de información. A partir de ahí se evaluará y se diseñarán las medidas. “La idea es que podamos vincular a todos a este proceso, es una apuesta por la equidad porque debemos ser conscientes que el ambiente educativo no es ajeno a los problemas de la sociedad, y la violencia es uno de ellos”, puntualiza Díaz.