¿Comprar armas para desarmar a los caleños?

El secretario de seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, propone dar dinero o mercados a cambio de las armas ilegales que circulan en las calles. El alcalde respalda la iniciativa. ¿Qué tan viable sería hacerlo y qué impacto tendría?

Valentina Parada Lugo
18 de enero de 2020 - 01:21 a. m.
¿Comprar armas para desarmar a los caleños?

El recién posesionado secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas Cruz, propuso una controvertida idea para poner freno a la circulación ilegal de armas en la ciudad y al preocupante índice de delitos cometidos con ellas.

Según reveló a El Espectador, lo que quiere es comprar el armamento ilegal que tienen los ciudadanos. Su idea, dijo, será revisada en el próximo consejo de seguridad de la ciudad. De hecho, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, le confirmó a este diario que respalda la iniciativa, aunque no tiene claro cuántas armas ilegales circulan en la cuidad ni cuánto dinero de la administración se iría para comprarlas. Eso sí, dijo estar buscando las autorizaciones jurídicas pertinentes para establecer la medida, proceso que implica la suscripción de acuerdos con la Fiscalía y la Policía. “El presupuesto saldrá del municipio, luego se creará un fondo para que la secretaría de la Seguridad y Justicia proceda a la adquisición de las armas”, las cuales serán enviadas “a la autoridad judicial pertinente”, señaló.

Carlos Alberto Rojas admite que tampoco sabe cuántas armas ilegales hay en Cali ni cuánto sería el dinero que se destinaría para comprarlas. Sabe que la idea es polémica y delicada, pero dice que es mucho más conveniente que los ciudadanos vendan sus armas al Estado que a un delincuente.

Expertos en seguridad consultados por este diario advirtieron sobre los riesgos de la idea y dijeron que puede terminar agravando los problemas que busca combatir la alcaldía de Cali.

Una investigadora asociada de la Fundación Ideas para la Paz, el director del Centro de Estudio de Análisis de Conflictos y una investigadora del Instituto Igarapé de Brasil coincidieron en que la propuesta es inviable y, en vez de combatir el mercado ilegal de armas, podría estimularlo.

Una de las preocupaciones que manifestó Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, es que con esa medida, “los delincuentes fácilmente se librarían de la responsabilidad de lo que haya ocurrido con esa arma ”.

Patricia Bulla, investigadora asociada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y quien participó en la comisión redactora del Estatuto de Control de Armas de Colombia, dijo que la idea del secretario de Seguridad de Cali es inviable, porque “el monopolio de las armas es del Estado. Entonces, comprarles las armas a los ciudadanos sería recomprar algo que al Estado ya le pertenece”.

Al respecto, Rojas reiteró que “para desarmar una ciudadanía como Cali, es importante buscar incentivos a cambio de armas”.

Según el informe de diciembre de 2019, del Observatorio de Seguridad de Cali, el año pasado el 77 % de los homicidios (812) se cometieron con arma de fuego. La mayoría de atracos también fueron con arma de fuego. En 2018, el porcentaje fue del 26,6 % y en 2019, del 27,5 %.

Pese a que la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana no tienen un estimado de cuántas armas ilegales puede haber en Cali, en 2019 fueron incautadas 1.197. Y en 2018, otras 1.294.

“La decisión de desarmar la ciudadanía no tiene solo una vía”, dijo Rojas, “pero sabemos que con una invitación amable a que se desarmen o con una acción permanente de raqueteo de la Policía no sacaremos las armas ilegales de Cali”.

“Conozco a personas que me han dicho que tienen un arma en sus casas que era de un familiar que ya no está o que no la usa, y para deshacerse de ella me han propuesto que se les entreguen mercados, ya que son más útiles para ellos que un arma de fuego”, explicó.

Jorge Restrepo, director del Centro de Estudio de Análisis de Conflictos (Cerac), mencionó que históricamente se sabe que las armas que las personas entregan en las jornadas donde les brindan algún tipo de incentivo no son las de alto calibre con las que se cometen delitos, sino que “son armas viejas y de baja calidad”. ¿Qué dicen los promotores de la idea en Cali? Que calcularán el pago según el estado de cada arma.

Restrepo tampoco comparte la idea de dar mercados a cambio. Dice que los subsidios monetarios o alimenticios se les deben dar a las personas en situación de pobreza y no premiar a alguien “solo porque tiene un arma de fuego ilegal”.

El debate apenas arranca. Y revive historias de otras ciudades, como la del excongresista Carlos Moreno de Caro, quien, para poner freno a los accidentes de carros y personas por los huecos que quedaban tras el robo de las tapas de las alcantarillas de Bogotá tuvo una idea semejante: comprar tapas de alcantarillas.

Valentina Parada Lugo

Por Valentina Parada Lugo

Comunicadora Social - Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en cubrimiento de conflicto armado y crisis humanitaria. @valentinaplugo vparada@elespectador.com

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