Comunidades de Nariño protestan contra las fumigaciones con glifosato

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La movilización, que se desarrolló en Tumaco y en otros nueve municipios, fue organizada por el Comité por la Vida y la no Aspersión Aérea-Costa Pacífica de Nariño. Las comunidades afirmaron que “el regreso de las aspersiones con glifosato sería una agresión directa en contra de los derechos fundamentales de consulta previa, soberanía alimentaria, vida digna, salud, mínimo vital y paz”.

Decenas de personas marcharon este jueves (18 de marzo) por las calles de Nariño para protestar frente a la posibilidad de que el Gobierno vuelva a fumigar con glifosato los cultivos ilícitos en el departamento. La movilización se realizó en Tumaco y en otros nueve municipios del Pacífico nariñense: Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.

Los organizadores de la protesta señalaron que el “regreso de las aspersiones con glifosato sería una agresión directa en contra de los derechos fundamentales de consulta previa, soberanía alimentaria, vida digna, salud, mínimo vital y paz”.

En 2014, una sentencia de la Corte Constitucional ordenó la suspensión de las aspersiones aéreas, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyera al glifosato entre los herbicidas que pueden causar cáncer en humanos.

A mediados de 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) acató la sentencia del alto tribunal que dos años después emitió un nuevo fallo en el que estableció que sería posible reanudar las aspersiones aéreas si una investigación científica, de forma “objetiva y concluyente, demuestra la ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.

Actualmente el Gobierno, en cabeza de Iván Duque, avanza para completar esos requerimientos y así volver a las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, para lo cual todavía no hay fecha definida. (Leer: Anuncian manifestación en Nariño para rechazar la aspersión aérea con glifosato)

Una zona olvidada por el Estado

La protesta de este jueves fue organizada por el Comité por la Vida y la no Aspersión Aérea-Costa Pacífica de Nariño, en el que participan consejos comunitarios, resguardos indígenas, comunidades campesinas y organizaciones sociales del territorio.

Los manifestantes protestaron contra la “intransigencia del Gobierno” que anuncia el reinicio inminente de las aspersiones “desconociendo los llamados de siete relatores de Naciones Unidas, de la comunidad académica, de expertos ambientales, de las organizaciones sociales y del clamor de las comunidades campesinas, indígenas y negras”, que son los más afectados por la violencia.

Recordaron que diez municipios de la zona forman parte de los 30 con peores índices de necesidades básicas insatisfechas y que se trata de la región con mayor número de desplazamientos forzados masivos del país en los últimos años, afectada por amenazas y asesinatos contra líderes sociales.

Es un “territorio históricamente abandonado por el Estado que además está devastado económicamente por la pandemia del coronavirus, frente a esta crisis humanitaria la única respuesta que da el Gobierno es la retoma del envenenamiento con glifosato”, alegaron.

Nariño dejó de ser el departamento con más cultivos de coca en 2019, al pasar de 41.903 hectáreas a 36.964, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI); mientras que Norte de Santander pasó a ocupar el primer lugar, al aumentar los cultivos de 33.598 hectáreas en 2018 a 41.711 en 2019.

Tumaco, que se caracterizó por ser el municipio con más coca en el país, fue superado por Tibú, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

En el Acuerdo de Paz, firmado en 2016, se incluye la sustitución de cultivos como uno de sus puntos, para acabar con estos cultivos de forma concertada, con la puesta en marcha de proyectos productivos y con la erradicación manual como última salida.

La violencia en Tumaco

La salida al Pacífico y las economías ilegales convierten a Tumaco en una zona apetecida por los grupos armados. El frente Óliver Sinisterra de las disidencia de las Farc y Los Contadores son las estructuras con más fuerza. Sin embargo, la configuración armada es compleja, pues son muchos los actores que intentan ingresar al territorio; constantemente hay cambio en los mandos; se rompen y construyen alianzas.

De acuerdo con Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, el frente Óliver Sinisterra (se hacen llamar también Bloque Occidental Alfonso Cano) es una disidencia que nace antes de la firma del Acuerdo de Paz y está “aislada” de las demás, no tiene alianzas con Gentil Duarte ni con otros frentes. Antes era comandada por alias Guacho, tras su muerte el cargo quedó en manos de alias El Gringo. Los Contadores, por su parte, son un grupo narco-paramilitar formado por exmiembros de las Farc, pero la investigadora hace énfasis en que no son una disidencia como se ha afirmado públicamente. Este grupo se ha fortalecido, cuenta con poder y dinero, pues maneja cultivos ilícitos y otras economías ilegales. Alias Contador, sería el líder, quien sigue dando órdenes desde la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de ser capturado en febrero de 2020. (Leer: El control por las rutas del narcotráfico: la violencia que agobia a Tumaco)

La disputa entre estos grupos han generados múltiples asesinatos y desplazamientos. Por ejemplo, el fin de semana del 20 y 21 de febrero hubo once personas muertas. Los homicidios, repartidos en cuatro escenarios distintos, serían el resultado de los enfrentamientos.

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