Anulan título colectivo de tierras del Consejo Comunitario La Boquilla (Cartagena)

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El Tribunal Administrativo de Bolívar tomó esta decisión en primera instancia. Esto abre nuevamente el debate sobre la solidez de los derechos colectivos en los pueblos afro. ¿Qué implica esto para la comunidad de La Boquilla? El Consejo Comunitario apelará la decisión.

El antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura para dirigir políticas de desarrollo rural y creada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reglamentó en marzo de 2012 una titulación colectiva del corregimiento La Boquilla (Cartagena) y posteriormente le adjudicó sus terrenos baldíos al Consejo Comunitario con el mismo nombre, dejando así legalmente constituido un derecho de propiedad sobre la tierra a la comunidad negra asentada en ese sector.

Hasta ahí todo en orden. Sin embargo, tras una serie de investigaciones por posibles infracciones dentro de estas titulaciones, el Tribunal Administrativo de Bolívar anuló en primera instancia la resolución que le atribuía legalmente esas tierras al Consejo Comunitario de La Boquilla.

A su vez, este organismo compulsó copias del expediente a la Procuraduría y a la Fiscalía para que desde el Ministerio Público y el ente investigativo se tomen la tarea de indagar si en efecto hay algún tipo de inconsistencias en el ordenamiento que en su momento hizo Incoder y la Secretaría de Planeación de Cartagena.

Esta decisión hace que se avecine un rifirrafe entre las personas que piden respeto por la consolidación y continuidad de los derechos colectivos afro (en materia territorial) y aquellos, que también desde una esfera legal, aseguran que en un escenario de choque de derechos tiene que prevalecer el seguimiento al pie de la letra de los ordenamientos penales y disciplinarios para adjudicar terrenos.

Francia Márquez, lideresa social y una de las banderas en la lucha de derechos afro, es una de las detractoras de la decisión del Tribunal y en sus redes sociales manifestó que esto es un desmonte de los derechos colectivos de su comunidad.

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Jhon Jairo Ortega, uno de los miembros del Consejo Comunitario, asegura que este es un atropello a las más de 10.000 familias que viven en este corregimiento titulado.

”Es una noticia muy mala, con la titulación nos sentimos protegidos, pero sin ella estamos destinados a desaparecer, de verdad que es una noticia muy desagradable para nosotros”, agregó el líder en diálogo con el diario regional El Universal.

Dentro de un contexto de derechos de propiedad, que es inicialmente el estipulado por la Constitución Política, el agravante de esta situación es que este tipo de tierras adjudicadas a consejos comunitarios en el país le permiten a sus habitantes tener una protección especial ante situaciones de vulnerabilidad (en especial por situaciones conexas al conflicto armado) y dan vía libre para utilizar marginalmente sus recursos.

Y en este caso, el debate se torna más álgido teniendo en cuenta que la comunidad de La Boquilla demanda que su titulación asignada en 2012 es un estándar básico de reconocimiento por tener más de 350 años de asentamiento allí.

En contra vía de esto, y según reza en la sentencia del Tribunal, el meollo de la situación es que la Agencia Nacional de Tierras -nueva Incoder- alega que el carácter de La Boquilla no es rural, sino urbana.

Por ahora se sabe que el Consejo Comunitario emprenderá una serie de acciones legales contra el fallo para apelar la decisión y así llevar el caso a una segunda instancia.

El título colectivo otorgado en 2012, en un evento al que asistió el expresidente de EE.UU. Barack Obama, aseguraba una extensión de 39 hectáreas de terreno adjudicado y más de 7.000 metros de tierras baldías. Por ese entonces un metro cuadrado en el corregimiento de La Boquilla tenía un valor cercano a $1′500.000 pesos.

Las titulaciones colectivas gozan de un marco legal que está cobijado por la Ley 70 de 1993.

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