Contraloría pide medidas al Gobierno ante crisis financiera de Caprecom

La entidad mantiene un patrimonio negativo de casi un billón de pesos.

Archivo El Espectador

Para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a más de 3,5 billones de afiliados a Caprecom, la Contraloría General de la República pidió al Gobierno Nacional tomar medidas de fondo frente a la situación financiera, operacional, presupuestal y contable de esta entidad, la cual, a septiembre de 2014, mantiene un patrimonio negativo de casi un billón de pesos.

El organismo hizo énfasis en que esas decisiones deben ser estructurales y no meramente paliativas, pues también es necesario preservar la apropiada gestión fiscal sobre los recursos que se han puesto a disposición de la administración de Caprecom.

De acuerdo con la Contraloría, la entidad se encuentra en una crisis financiera, con insuficiencia de capital de trabajo, bajo índice de solvencia y deficiente capacidad de pago en el corto plazo.

Teniendo en cuenta el análisis de las cifras, el organismo de control advirtió que “no es posible concluir un cambio de fondo ni sostenible en la tendencia decreciente en su desarrollo operacional y situación financiera”.

La Contraloría aseguró que actualmente adelanta una auditoría en Caprecom y se manifestó atenta a las determinaciones que adopte el Gobierno. Asimismo, indicó que estará alerta frente a una eventual afectación del patrimonio público.

Deficiencias contables que señaló la Contraloría

Al revisar el comportamiento operacional de Caprecom por cerca de cinco años, la Contraloría evidenció los resultados negativos en su gestión y sus estados financieros. El organismo realizó un seguimiento al estado de las cuentas por cobrar y por pagar e inventarios de medicamentos y equipos médicos, entre otros aspectos.

La Contraloría encontró “deficiencias en la programación, planeación, desagregación y ejecución del presupuesto, lo cual refleja falta de coherencia en la asignación de recursos, los cuales no son estimados desde el inicio, ni obedecen a un ejercicio debidamente planeado, sino que se van ajustando en el transcurso de la vigencia, trayendo como consecuencia incumplimiento en el logro de sus objetivos, planes y metas”.

Por último, señaló que “en el aspecto contractual, la entidad no cumple adecuadamente la función de supervisión, lo que pone en riesgo los recursos públicos que le han sido asignados”.
 

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