“Contratistas multipropósito”, otra cara de la pandemia

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No es raro que en medio del mar de contratos que se firmaron durante el estado de emergencia por el COVID-19 aparezcan empresas que, por ejemplo, antes se dedicaban a la venta de equipos tecnológicos y hoy son proveedoras de entidades del Estado de tapabocas, alimentos u otros bienes necesarios para atender la pandemia. Son casos que se replican en varias zonas del país, en especial, en departamentos periféricos, lo que genera mayor riesgo de posibilidad de corrupción e ineficiencia del gasto público, según estudio del Instituto Anticorrupción. La reciente publicación estableció que el 30 % de los contratistas que recibieron contratos para mitigar la pandemia son catalogados como “organizaciones multipropósito”. Es decir, sociedades que hacen “de todo” y podrían carecer de experticia, capacidad e idoneidad.

El Instituto Anticorrupción analizó 750.000 contratos (de SECOP I y II, el Sistema Electrónico de Contratación Pública), de los cuales 29.176 corresponden a los firmados entre el 20 de marzo de 2020 (día en que se publicó el Decreto 440 que promulgó el estado de emergencia) y el 30 de mayo, y que quedaron en manos de casi 9.500 empresas. “Contratar con organizaciones multipropósito, especialmente las pequeñas, eleva los riesgos de corrupción enormemente. Cuando se contrata a una empresa o fundación que un día construye hospitales, al día siguiente vende respiradores y al siguiente provee kits de alimentación escolar, la probabilidad de que dicho contratista no sea idóneo para cumplir los contratos se dispara. Es como querer ser médico, diseñador de modas, arquitecto, ingeniero aeroespacial y futbolista a la vez. Eso no sale bien”, sostuvo Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de la Presidencia.

El equipo de Enciso, entre otras cosas, evidenció que muchas empresas estaban contratando por primera vez en sectores en los que nunca habían participado. Una de las principales razones es que, en un contexto de emergencia, ante la urgencia de responder a la pandemia, las autoridades administrativas no tienen tiempo ni herramientas para realizar procesos de evaluación y selección adecuada. Tanto así que, en condiciones normales, alrededor de 2.800 sociedades multipropósito que fueron identificadas como beneficiarias de la contratación en la época de COVID-19 podrían no ser idóneas por no cumplir todos los requisitos, como la experiencia o capacidad. El Instituto Anticorrupción concluyó que cerca del 20 % de los municipios en Colombia adjudicaron contratos a este tipo de sociedades en estos dos meses.

“El 20 % de las alcaldías están adjudicando a contratistas multipropósito. No es casualidad que las regiones en donde se ubican estas alcaldías sean los departamentos con menor presencia del Estado y están más alejados de la capital. Es el caso de La Guajira, Chocó, Bolívar, Amazonas, Putumayo y Vichada, donde entre el 60 % y 50 % de los contratistas son multipropósito”, explicó Adriana Romero, líder del equipo de investigación. Agregó que la situación se agudiza al analizar solamente la contratación directa, pues encontraron que el 38 % quedó en manos de este tipo de empresas. “Esto implica una ineficiencia administrativa, pues por el mismo valor se pudo haber contratado una sociedad que entregara un bien o servicio de mayor calidad”. Sin embargo, aclararon que per se no configuran actos de corrupción sino alertas.

Otra señal que se evidenció en el estudio es que el 51 % de los contratos que se adjudicaron durante los primeros dos meses de la pandemia se otorgaron a través de regímenes especiales de contratación. “Es una caja negra muy grande, porque se desconoce la modalidad de contratación que se usó y cómo se seleccionaron los contratistas. Lo que no permite sacar conclusiones de si realmente sirvieron para mitigar y atender la pandemia”, señalaron. Por eso, una de las recomendaciones del Instituto es que la información debe estar disponible en datos abiertos de fácil acceso. Al punto que sugirieron a Colombia Compra Eficiente centralizar los datos (para las entidades no obligadas a reportar en SECOP) y abrir la posibilidad a que se especifique qué tipo de contratación se usó en un proceso dentro de un régimen especial.

El Instituto Anticorrupción diseñó para la investigación el Índice de Contratista Multipropósito, que es “un indicador con un valor entre 0 y 1 que reconstruye la historia previa de los contratistas que atienden actualmente la emergencia COVID-19”. La propuesta es que sirva para que las entidades tengan información previa de los proveedores, conocer su historial como contratista y saber qué tipo de bienes y servicios ofrecen hoy en día. Asimismo, ayudaría a los organismos de control y oficinas de control interno que realizan auditorías para priorizar los contratos que puedan tener mayores alertas de posibles irregularidades. Para los investigadores, el índice permitió crear hipótesis sobre las razones por las cuales terminan siendo escogidos contratistas multipropósito.

La primera es el desconocimiento que pueden tener las entidades sobre quién puede suplir la necesidad, y sumado a que en ciertas regiones no hay alta oferta de proveedores, terminan escogiendo contratistas tradicionales que se ajustan a las nuevas condiciones. “Las organizaciones multipropósito, que abarcan todo tipo de actividades, licitan en todo tipo de procesos, independientemente del conocimiento específico requerido por parte de la entidad (el know how), con el objetivo de conseguir el mayor número de contratos. La falta de especialización pone en peligro el gasto público y la capacidad del Estado”, concluye el documento. La otra hipótesis es que la escogencia de organizaciones multipropósito se debe a la discrecionalidad que da el estado de emergencia para elegir al contratista, que podría desencadenar hechos de corrupción como favorecimientos, cruces de cuentas, pagos de coimas o nepotismo.

“Con este análisis ayudamos a ponerle un bozal a la jauría de la corrupción. “El uso recurrente de organizaciones multipropósito para robar recursos públicos se hará más difícil, gracias a que podremos priorizar la vigilancia de los contratos con las empresas y fundaciones que revisten mayor riesgo por su falta de idoneidad”, concluyó Camilo Enciso. Desde el Instituto alertan que, ante la falta de información por los contratos firmados a través del régimen especial (el 51 %), se desconoce si realmente sirvieron para mitigar y atender la pandemia. Cabe aclarar que para demostrar la hipótesis se debe realizar ya un estudio caso por caso para evidenciar si hubo corrupción, como lo han hecho la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, pues en varios casos se podría tratar de una empresa que, ante la crisis, transformó su actividad económica y cumplió a cabalidad con el contrato a pesar de su experiencia.