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La Defensoría del Pueblo alertó sobre los riesgos en los que se encuentran las comunidades de los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba, desde el 25 de noviembre de 2018. La entidad ha advertido en ocho ocasiones sobre el peligro en el que se encuentran las personas de esta región. Pese a los esfuerzos que algunos entes realizan en la zona, el 7 de abril de 2019, la Defensoría envió una carta a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la que manifiesta que el escenario de riesgo en esos sitios empeoró, tanto así que las amenazas también llegaron al municipio de Ituango, en Antioquia.
De acuerdo con la Procuraduría, el riesgo se presenta por los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales. Principalmente entre el frente Rubén Darío Ávila, reforzado por estructuras armadas provenientes del Urabá antioqueño que se identifican como división de “fuerzas especiales” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y el Nuevo Frente 18 Camarada Román Ruíz - Cacique Coyará de las Farc, en supuesta alianza con el bloque Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas.
La confrontación se da en esta zona específica del país por el control poblacional y territorial de las rentas derivadas de los diferentes eslabones del narcotráfico, la minería legal e ilegal y los cobros forzados.
“La población civil se encuentra expuesta a graves e inminentes riesgos de vulneración de sus derechos fundamentales por la probable consumación de amenazas de muerte y asesinatos de líderes sociales, comunales, de organizaciones de base, transportadores fluviales, moto taxistas, comerciantes y autoridades tradicionales de los resguardos Embera Katío Quebrada Cañaveral y Zenú del Alto San Jorge”, indica en la carta el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
También por “homicidios selectivos o de configuración múltiple, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la libertad de circulación, desapariciones forzadas, accidentes con minas antipersonales y/o artefactos explosivos improvisados; a la utilización y/o reclutamiento forzado, a sufrir amenazas y ser víctima de violencia sexual (especialmente contra mujeres, niños, niñas y jóvenes)”, agrega Negret en la misiva.
Lo más afectados son las personas de las Juntas de Acción Comunal, miembros de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, los integrantes de la Asociación de Campesinos de Ituango y funcionarios públicos de la zona, entre otros.
La Defensoría también advirtió que “hay miembros de las AGC en las comunidades indígenas del resguardo Embera Katío del Alto Sinú”. Asimismo, indica que el combate más reciente fue el 9 de marzo, en la vereda Santa Rosa, donde “el número de bajas de las AGC alcanzó, de acuerdo con fuentes comunitarias, la cifra de 18 combatientes, entre muertos y heridos”.
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Más riesgos
La comunidad se desplaza ante el temor a quedar en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados. El primer desplazamiento inició el 21 de marzo de 2019 en las veredas Flechas (Antioquia); Santa Rosa, Soledad, Rogero, Río Sucio, Jagua, Puerto Mutatá, Rogerito, Santa Bárbara, La Ye, Buenavista, Chazadó, Ibudó - Tres Playitas, Rogero, Dokonoa – Río Sucio, Biduadó – Soleda (Córdoba).
Después de ese ocurrieron otros tres más. A esto se suma el desplazamiento que denunció la Asociación de Campesinos de Ituango el 25 de febrero de 2019. Siete familias del cañón de Río Sucio abandonaron su tierra por las amenazas.
La Personería Municipal de Puerto Libertador registra el desplazamiento de 2.046 personas, que conforman 702 hogares.
“Esta situación ha obligado que un número importante de familias se tomaran las instalaciones de la Institución Educativa Santa Teresita, interrumpiendo las labores académicas de más de 1.200 estudiantes de ese plantel”, indica el defensor del Pueblo.
Los líderes y defensores de derechos humanos, al igual que toda la población, corren un riesgo enorme al quedarse en la zona. De hecho, desde el 14 de enero no hay navegación fluvial en la cuenca del río San Jorge hacia las veredas ubicadas aguas arriba.
Ante este panorama, la Defensoría pide una “urgente intervención coordinada de la nación y la gobernación de Córdoba, en materia de atención humanitaria y restablecimiento de las condiciones de protección de la población, en respaldo de las gestiones adelantadas por los municipios y otros organismos”.
Estos son las localidades afectadas en Córdoba:
Puerto Libertador
Corregimiento Juan José, veredas: Soledad, Rogero, Río Sucio, Santa Rosa, Jagua, Puerto Mutatá, Rogerito, Santa Bárbara y La Ye.
*Corregimiento San Juan, veredas: William, San Juan, Alto San Juan.
*Corregimiento Río Verde (Santa Fe Las Claras), en su centro poblado
Montelíbano
*Corregimiento Tierradentro, veredas: San Felipe, El Barro, La Palestina, La Candelaria 1, San Antonio Medio, San Antonio Abajo, Aguas Prietas, El Alto Nueva Luz, Cañaveral Medio, Venado y Divino Niño.
* Resguardo Mayor indígena Zenú del Alto San Jorge, comunidades: Meta Territorial, San Antonio, Candelaria 2 y Buenavista.
* Resguardo Embera Katío Quebrada Cañaveral, comunidades: Chazadó, al interior del territorio colectivo; Ibudó - Tres Playitas; Rogero; Domino’s – Río Sucio; Biduadó – Soledad; Origuiadó – Barranco Colorado; Egorobadó – El Barro; Tubudó – Candelaria; fincas Santa Helena y Nueva Estación.
Estos son las localidades afectadas en Antioquia:
Ituango
*Corregimiento Santa Rita, veredas Flechas, La Esmeralda, La Canturrona, San Pablo y Birrí-Birrí, al interior del Parque Nacional Natural Paramillo.