Críticas de Santos en caso Vicky Dávila fueron intimidatorias: Flip

La Fundación para la Libertad de Prensa le recordó al presidente que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística, ni aumentar la exposición de reporteros ya amenazados.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) cuestionó al presidente Juan Manuel Santos por criticar las decisiones editoriales de los medios de comunicación y le advirtió que tales pronunciamientos, en el reciente caso de la periodista Vicky Dávila, generaron un efecto intimidatorio.  

Dávila tuvo que renunciar a la dirección de La F.m. hace una semana, por solicitud de las directivas de esa cadena radial, en medio de una ola de protestas por su decisión de publicar un vídeo en el que el exviceministro del Interior Carlos Ferro sostiene una conversación de alto contenido sexual con el policía Ányelo Palacio. Según la periodista, la revelación de dichas imágenes se justificaba por cuanto Ferro había negado conocer a Palacio, uno de los principales denunciantes en la investigación que La F.m. lideraba sobre una supuesta red de prostitución masculina en la Policía. 

No obstante, reconocidos líderes de opinión cuestionaron a Dávila al considerar que primaba el derecho a la intimidad de Ferro, cuya familia terminó afectada por el escándalo. Fue en ese contexto que el presidente Santos declaró públicamente su desacuerdo con Dávila y, refiriéndose específicamente al caso del video el cuestión, indicó que ese no era un ejemplo de buen periodismo. 

Dado que el mismo Santos había salido también públicamente a descalificar la investigación de Dávila y su equipo de periodistas sobre las irregularidades en la Policía y que dichas pesquisas periodísticas afectaban también la imagen de la institucionalidad, Dávila dijo en entrevista con Daniel Coronell que creía que el mandatario había pedido su cabeza a las directivas de la emisora, hecho que Santos desmintió.

La Flip estudió el caso y en un comunicado de cinco puntos llamó la atención al jefe de Estado asegurando incluso que no puede escudarse en el argumento de que en el pasado ejerció el periodismo, puesto que en todas sus declaraciones mientras ejerza la Presidencia de la República tendrán una condición especial, derivada del rol que ostenta como funcionaro público. 

Las consideraciones completas del organismo gremial están condensadas en un documento que El Espectador reproduce por su interés para el debate sobre el ejercicio de la profesión en el país: 

1. Más allá de la decisión periodística de publicar el video –que generó un debate legítimo y necesario en la opinión pública– no se puede pasar por alto el hecho de que esa noticia hacía parte de una investigación periodística de interés público que tanto La FM como otros medios de comunicación venían adelantando.

2. Por cuenta de esa investigación tanto Vicky Dávila como otros periodistas recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de interceptaciones ilegales. No puede pasarse por alto, entonces, el grado de intimidación y presión en que Dávila y otros periodistas, venían ejerciendo su labor.

3. En ese contexto, resulta cuestionable y paradójico que el presidente Juan Manuel Santos asumiera el rol de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno. En la situación de riesgo que enfrentaba Vicky Dávila, esa declaración tuvo un efecto intimidatorio para ella y los demás periodistas que venían trabajando en esa historia.

4. Más allá de su pasado en el periodismo, el presidente Santos es hoy en día el primer funcionario público de la Nación. Como han manifestado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de ese cargo implica que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística, ni mucho menos aumentar la exposición de periodistas que ya están enfrentando un riesgo.

5. La autocensura no puede ser el resultado de este episodio. Le corresponde al gobierno, por una parte, ofrecer las condiciones para que los medios de comunicación continúen ejerciendo su labor y, por la otra, garantizar la integridad de los periodistas involucrados en esta investigación. De la misma forma, les corresponde a las autoridades judiciales –como ya manifestó la FLIP– investigar las intimidaciones y amenazas contra estos periodistas.

 

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