¿Cuánto falta para solucionar la crisis de Hidroituango?

Efraín Dawkins Sanmiguel

7:30 am, miércoles, 3 de octubre de 2018. Una periodista, un reportero gráfico, dos camarógrafos de otros medios y un enviado de El Espectador tomaron el helicóptero Bell 206-L3 que partió del occidente de Medellín con destino a las instalaciones de Hidroituango, en Antioquia. Por carretera el viaje tendría una duración de aproximadamente cuatro horas. En cambio, por aire, fueron 45 minutos en los que se pudo apreciar la riqueza natural de Bolombolo, Sabanalarga y Valdivia; municipios aledaños al río Cauca.

En el corregimiento de Valle de Toledo, cerca de los campamentos en donde habitan ingenieros, aterrizó el Bell 206-L3. Allí, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de Hidroituango, dio inicio al recorrido que permitiría conocer detalles inéditos sobre el proyecto hidroeléctrico más grande del país.

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Llevan cinco meses combatiendo la contingencia, sin posibilidad de continuar con lo planeado. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le ordenó a EPM realizar solo actividades que permitan mitigar la crisis. El valor de la inversión del proyecto aumentó 2 billones de pesos en los últimos meses y se espera que, para el 2021, las tres pólizas de riesgo con las que se aseguraron cubran parte de los daños.

El ambiente en las obras es de total tranquilidad. Los obreros e ingenieros en Hidroituango realizaban sus labores con calma y sin prisas, y mientras el helicóptero estaba en vuelo, se evidenciaba la ausencia de personas en los pueblos aledaños al área.

Contratiempos y soluciones

La firma chilena Skava Consulting está realizando un diagnóstico en el lugar para determinar si las obstrucciones generalizadas en los túneles de desviación del río ocurrieron por problemas en cuanto a diseño, construcción o, en el peor de los casos, por asuntos geológicos. El informe deberá ser entregado en noviembre del presente año, y luego se definirá mediante otra firma, si las obras de Hidroituango garantizarán protección a largo plazo.

“La presa estaba por debajo del vertedero cuando se tapó. Para evitar que el embalse sobrepasara la presa se creó un relleno prioritario para contener el río; de no haberse realizado esto hubiera ocurrido un desastre porque estábamos en invierno.”, aseguró Londoño.

El mayor problema en este momento radica en el cierre del cuarto de máquinas, por donde ha estado pasando el agua mediante túneles de captación desde el 10 de mayo de 2018. Dicho cierre depende de varias circunstancias relacionadas con comportamientos de la presa, del régimen de lluvias y de los avances en el taponamiento del túnel derecho.

En la emergencia anterior el invierno fue un peligroso enemigo, pero por esta vez es el mejor aliado. El embalse tendría que subir 25 metros de altura (se necesitaría de la lluvia) para que el agua fluya por el vertedero y, de esta manera, cerrar las compuertas del cuarto de máquina. Aun así, eliminar la inundación en el interior del lugar por medio del sistema de drenaje tomaría al menos dos meses.

“El tiempo en que entraría a operar la represa es hipotético. Primero se deben solucionar los daños en el cuarto de máquinas para definir la fecha. En caso de que sea imposible recuperarlo, el proyecto fracasaría. Pero tenemos esperanza”, dijo el gerente.

Mientras avanza la construcción de una pantalla corta flujo de 500 metros de largo, compuesta por paneles de 2,5 metros de ancho x 1 metro de espesor y 38 de profundidad, se implementó temporalmente un sistema impermeable que ayudó a solucionar la emergencia. Según el gerente del proyecto, la nueva pantalla plástica, cuya obra se está realizando verticalmente en el núcleo de la presa, será terminada a finales de este año.

“La construcción de la pantalla es una decisión que se tomó con la asesoría de un board de expertos nacionales e internacionales, entre quienes hay especialistas en estructuras hidráulicas, electromecánicas, geología, geotecnia, entre otros. Además del acompañamiento de Donald Bruce, experto mundial en pantallas”, informó EPM a través de un comunicado.

Las labores en el túnel vial se encuentran en 95% de ejecución, y entre las obras adelantadas están la instalación de pernos, cerchas y marcos, lanzado de concreto en las zonas afectadas y reparación de cunetas y cárcamos. También se adelantan labores que permitan el sellamiento total del túnel de desviación derecho. Se ha discutido si el cierre de túneles necesitaría un análisis previo de riesgo.

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¿Y las familias afectadas?

Para junio de 2018, informes técnicos entregados por ingenieros de Naciones Unidas y Estados Unidos advirtieron que un posible desbordamiento de la represa tendría graves consecuencias en el corregimiento de Puerto Valdivia, los municipios de Tarazá y Caucasia y en las cabeceras urbanas de Cáceres y Nechí. 2.600 familias fueron evacuadas y la mancha de inundación afectó a más de 500; sumado a las 260 viviendas que sufrieron estragos. EPM se comprometió a responder por los daños.

Hasta la fecha, cada familia sigue recibiendo 1.100.000 pesos mensuales para evitar el sistema de albergues. En cuanto a las que vivían ilegalmente en los terrenos evacuados, no disponen de este beneficio y se encuentran desplazados. El gerente de Hidroituango invitó a los gobiernos local y nacional a apoyarles en su reubicación.

Por otro lado, en tres albergues espontáneos habitan cerca de 226 familias quienes, según EPM, comenzarán a ser retornadas este fin de semana. “La contingencia lleva 146 días, en los que hemos brindado a cada una de estas familias la debida asistencia. Han recibido apoyo psicosocial por medio de la Alcaldía de Medellín y las entidades correspondientes”, afirmó una funcionaria de la empresa.