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Miles de familias colombianas que viven de los cultivos de hoja de coca se debaten entre las operaciones de erradicación forzosa, la violencia, y la llegada del nuevo coronavirus a sus territorios.
Si bien en algunas zonas del campo colombiano las comunidades no sufren hambruna por el confinamiento, sí hay una situación crítica por la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas que adelantan labores de erradicación forzada de cultivos de coca y tareas de contraguerrilla.
Una de las denuncias proviene de Nidia Quintero, delegada nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que dijo que desde noviembre pasado se han intensificado las operaciones.
“Los campesinos están haciendo resistencia a la presencia de erradicadores en el territorio (…) esto se suma a la situación de violencia por los grupos al margen de la ley”, señaló.
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Otra queja proviene de Juan Carlos Quintero, directivo y cofundador de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que vive en el pueblo El Aserrío, ubicado en el municipio de Teorama, en la subregión del Catatumbo, del departamento de Norte de Santander.
Quintero confirmó las preocupaciones y aseguró que las comunidades dedicadas al cultivo de coca en esta y otras zonas del país atraviesan “una crisis humanitaria desatendida por los operativos de erradicación forzada, la violencia criminal”, el confinamiento y la amenaza del COVID-19. Pero también por la "simulación del cumplimiento del Acuerdo de Paz y los incumplimientos" del Gobierno al respecto, que se han "materializado de una manera mucho más clara con las erradicaciones forzadas y violentas”.
El directivo de Ascamcat detalla que en el marco de la cuarentena decretada para evitar la propagación del virus, el Ejército colombiano ha incurrido en varios hechos violentos en medio de los operativos, como el asesinato de Digno Emérito Buendía ocurrido el pasado lunes.
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“Son dos ejecuciones extrajudiciales que dejan esas actividades; dos compañeros más capturados bajo la modalidad de montaje judicial y tres campesinos más heridos gravemente con balas de fusil de parte del Ejército Nacional”, señaló.
“No hemos visto el primer soldado con tapabocas”
Pero hay otros agravantes en el Catatumbo, donde la red hospitalaria es prácticamente cero, las necesidades básicas insatisfechas alcanzan en promedio un 70% y las ayudas humanitarias son "insuficientes” para satisfacer “las necesidades de los campesinos”.
Quintero asegura que los miembros del Ejército, como cualquier persona, pueden ser potenciales portadores y propagadores del coronavirus, y más cuando llegan desde las grandes ciudades y del interior del país a las regiones apartadas “sin ningún tipo de medidas”.
"No hemos visto el primer soldado con tapabocas o con un sistema de lavado de manos, como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, (…) hace unos 15 días los medios reportaban que 36 miembros de las Fuerzas Militares en Norte de Santander estaban aislados por ser sospechosos de portar el COVID-19", expresa con impaciencia.
Según estimaciones de Ascamcat, por lo menos unas 2.000 personas (entre soldados, policías y otros miembros de grupos erradicadores) han ingresado a esta zona del país para las labores mencionadas.
Debido a esto, líderes y comunidades enteras han manifestado que es “inoportuno” que en medio de la situación por el COVID-19 el Gobierno adelante “medidas de fuerza y violencia en los territorios”.
Desde Ascamcat, Coccam y una veintena de organizaciones de DD.HH. se le está pidiendo al Gobierno de Iván Duque que cumpla con el Acuerdo de Paz, y que en este contexto de pandemia, “suspenda la erradicación forzosa como un acto de sensatez y una acción de mitigación” (del virus).
“El Gobierno está haciendo todo al revés... Cuando decimos que simula el acuerdo es porque ante la comunidad internacional y el país dice que cumple con los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), el PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) y todo lo demás, pero cuando usted va a revisar en la práctica, tienen una política paralela que impone medidas de fuerza y guerra en el territorio”, lamenta Quintero.
Rosa María Mateus, abogada de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), hizo eco de las denuncias e informó que hay preocupación en muchas comunidades indígenas, como la Awá en Nariño, por el continuo ingreso de la Fuerza Pública a territorios indígenas sin consulta previa y por el nivel de riesgo que representan los miembros de Policía y Ejército en el contexto de la pandemia.
De acuerdo a la abogada, aunque la situación de emergencia se presenta en toda Colombia, las zonas más alarmantes son el Catatumbo y los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca y el sur del Bolívar.
Medidas comunitarias
Quintero explica que afortunadamente las comunidades se han “organizado y generado los propios escenarios de control social” para prevenir la llegada del COVID-19.
“En todas las entradas de los municipios del Catatumbo no se ha permitido el ingreso de personal que viene de fuera de la región para evitar que se propague”, indica.
Además, señala que hay ejercicios de control, puntos de desinfección, una especie de pico y cédula que permiten que los pobladores vayan a los corregimientos o cabeceras municipales para abastecerse, así como un “ejercicio comunitario en el que por veredas se turnan para cumplir horarios o días en los puestos de control sanitario”.
Piden moratoria a la erradicación forzada
La ONG estadounidense Witness for Peace (WFP) Solidarity Collective, que ha liderado una petición ante la comunidad internacional para exigirle a los Gobiernos de los Estados Unidos y Colombia una moratoria de la erradicación forzosa, compiló datos y denuncias de otras organizaciones sobre hechos violentos en este contexto, logrando establecer que desde el 19 de marzo se reportan unos nueve hechos violentos, cuatro personas fallecidas, entre indígenas y campesinos, dos "montajes judiciales", detenciones arbitrarias, al menos tres heridos y “varios casos de abuso de la fuerza, incluyendo intimidaciones y robo de alimentos”.
Esta ONG señala que habría unos 18 soldados contagiados con coronavirus en Norte de Santander. “El Gobierno colombiano, bajo la intensa presión del Gobierno de Estados Unidos, ha intensificado sus operaciones de erradicación forzada, violando sus propias órdenes de distanciamiento social, lo que aumenta el riesgo de propagar COVID-19 en comunidades con poco o ningún acceso a la atención médica”.
Medida ineficaz y costosa
Entre los argumentos para que se suspendan las erradicaciones forzosas están los costos y la falta de eficacia de dichos operativos. De acuerdo a un estudio divulgado recientemente por la organización británica Christian Aid y a cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las probabilidades de resiembra de hoja de coca son de apenas entre 0,5% y 0,6% con la sustitución voluntaria de cultivos, mientras que con erradicación forzosa alcanzan entre 30% y 50% y con fumigaciones con glifosato llegan a 35%.
Por otra parte, de acuerdo a la fundación Insight Crime, que cita al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en los casos de erradicación forzosa, el porcentaje de resiembra por erradicación forzosa estaría entre 50% y 67%.
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Alirio Uribe, integrante del Cajar, concluye que las dificultades no se quedan en la resiembra, pues dicho proceso genera otras problemáticas como un aumento en la tala de bosques y selvas como la Amazonía y la inclusión de familias migrantes venezolanas “que han parado en el pacífico nariñense, en el Catatumbo o en el Putumayo para raspar coca”.
“Cuando a la gente le tumban los cultivos, va y tumba monte y hace otro cultivo”, advierte Uribe.
Según confirma Rodrigo Botero, director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible, aunque los cultivos de coca no son el motor principal de la deforestación en Colombia, sí han incidido en esta actividad, siendo la región Amazónica una de las más afectadas.