:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/qFwAJ4yEF4Nqs-OIlzggD2ll734=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WLJVMRUP7NDPZI7YATLRYGVRHE.jpeg)
Un fenómeno de remoción en masa en un predio privado de la vereda Santa Rosa en el municipio de Subachoque, mantiene sin servicio de acueducto a 126 familias de esta zona rural del municipio. La situación se generó hace seis meses, cuando comenzó el movimiento en masa en un área aproximada de 40 metros, precisamente por donde pasa la tubería rígida y flexible de ese acueducto, que tiene 126 usuarios.
El Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, con la participación de la CAR, la Alcaldía Municipal y representantes tanto de los usuarios del acueducto como de los propietarios del predio donde se presentó el derrumbe, adelantan acciones para superar esta problemática que, según el Acueducto Municipal, obedece en gran parte a una falla geológica que se presenta en la zona. Por otro lado, los dueños del predio aseguran que la remoción se originó porque la constante ruptura de la tubería ha hecho que el terreno se vuelva blando y débil.
Dentro de sus competencias, la CAR está realizando la revisión de concesiones de agua de un cauce cercano a la zona; la inspección al permiso de plantación forestal de un predio colindante, que al parecer no cumplió con la compensación y habría dejado el terreno vulnerable; la identificación del lugar como punto crítico para incluirlo dentro de los planes de mitigación del riesgo; y el estudio de la verificación del permiso de renovación de la concesión del Acueducto Santa Rosa.
Tras una reciente inspección a la zona por parte de una comisión encabezada por el defensor Regional del Pueblo, Julio Enrique Quintero; el director regional Sabana Occidente de la CAR, Carlos Eduardo Rodríguez; el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca –EPC, Andrés Ernesto Díaz Hernández; el alcalde municipal, Juan Guillermo Cortés Ballén; y nuevamente las partes involucradas, se establecieron acciones para dar una salida de corto plazo al problema, mientras se busca una solución definitiva.
Entre tanto, la Defensoría se encargará de establecer el verdadero impacto social sobre los usuarios y la EPC analiza la posibilidad de enviar carro tanques, destinar una cuadrilla topográfica para hacer estudios sobre el terreno y plantear la modificación del trazado y reubicación de la bocatoma, obras que costarían unos $200 millones.
En los próximos días las entidades van a continuar la inspección al área, para entregar al propietario del predio un plan de contingencia, que permita hacer las reparaciones temporales, entre ellas el cambio de la actual tubería por una más resistente y así reestablecer el servicio mientras se realiza la reubicación de este acueducto.
* * *
Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook