¿Debe la iglesia católica revelar detalles de la suspensión a 19 curas colombianos por denuncias de abuso sexual?

En una histórica decisión y ad portas de comienzo de la Semana Santa, una de las más importantes conmemoraciones de la comunidad católica, la Arquidiócesis de Villavicencio (Meta) suspendió de sus cargos a 14 sacerdotes por denuncias de abuso sexual. De acuerdo con la entidad, se abrió un proceso de investigación preliminar contra los implicados y se puso en conocimiento de los hechos a la Fiscalía seccional.

La Arquidiócesis explicó, a través de un comunicado divulgado ayer viernes, que está a la espera del inicio del proceso canónico penal para que se cumplan las respectivas indagaciones. Además, manifiesta que tuvo conocimiento de los casos a través de una denuncia que se interpuso el 14 de febrero de 2020 por un ciudadano mayor de edad, quien alegó hechos contra la moral sexual por parte de varios sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio.

En esta denuncia también se acusa a sacerdotes en el municipio de Acacías y en el Guaviare, pero estas arquidiócesis no se han pronunciado al respecto.

“Conscientes de que estos actos son de suma gravedad, la Arquidiócesis de Villavicencio deplora y siente un profundo dolor por esta situación”, menciona el comunicado.

El Espectador habló con monseñor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, para conocer sobre las implicaciones de la decisión tomada por la Iglesia católica colombiana.

¿Este es el primer caso de suspensión de sacerdotes por denuncias de abuso sexual?

No, desde 2001, cuando el papa Benedicto XVI entregó el decreto por el cual se establecían los procesos que hay que seguir en casos de denuncias de abuso, se ha procedido a hacer investigaciones y suspensiones en Colombia. No es el primer caso de sacerdotes suspendidos por denuncias de abuso sexual.

¿Cuántos casos ha habido desde entonces?

En la Conferencia Episcopal no sabemos un número exacto, pero sí han sido bastantes sacerdotes suspendidos en los últimos 20 años. El manejo de esos casos es de las diócesis. Estamos trabajando con varios profesionales en adquirir un panorama general de todos los casos.

De esas suspensiones, ¿hay casos ya fallados?

Sí, la Santa Sede ha encontrado elementos de culpabilidad y allí la decisión es la expulsión del ministerio. También ha habido casos en los que después de la investigación puede resultar la inocencia del sacerdote.

Si ya ha habido otros casos, ¿por qué no se han dado a conocer públicamente?

La suspensión de los 19 sacerdotes de ayer ha sido más pública, pero la otra información de suspensiones pasadas no ha sido así. No se ha hecho nunca a escondidas, solo que se han dado a conocer a las instancias respectivas y no a la opinión pública.

¿Qué les diría a las personas que interpreten que la Iglesia católica, al no haber hecho públicas esas suspensiones, comete omisión del deber?

En el tratamiento de estas situaciones ha habido siempre procesos. El levantamiento del secreto pontificio lo hizo el papa Francisco el 17 de diciembre de 2019, y a partir de ese momento los expedientes no cuentan con esa reserva de alto grado que tenían antes. La información se puede compartir con las víctimas o con las entidades competetentes para las investigaciones.

¿Cuáles son los lineamientos que deben cumplir las diócesis en Colombia cuando hay denuncias de abuso sexual?

El procedimiento en general es recibir la denuncia en las diócesis del país, allí se abre una investigación preliminar y se toman las medidas cautelares. Eso se debe poner en conocimiento de la Fiscalía para efectos penales, y luego se debe enviar el caso a la Santa Sede para que tome las determinaciones definitivas.

¿Por qué cree que las diócesis de Guaviare y Acacías, que también tienen sacerdotes suspendidos por la denuncia, no se han pronunciado?

Nosotros damos las líneas, pero no conozco detalles de la incardinación de los otros sacerdotes involucrados, pero me imagino que si el hecho se presentó en Villavicencio, es porque ha correspondido a esta diócesis, y por eso ellos sacaron un comunicado. Nosotros como Conferencia Episcopal no podemos obligar a ninguna diócesis a hacer pública las denuncias.

La norma que expidió el papa Francisco el año pasado solo contempla las denuncias de abuso a niños y adultos en condición de discapacidad. ¿Ustedes recibirían una denuncia de un adulto sin discapacidad?

La Conferencia Episcopal no maneja las denuncias, sino que son las diócesis, y ellos tienen una autonomía. Si en algún momento tenemos conocimiento de denuncias, nuestra responsabilidad es remitirlas a un obispo diocesano o al superior de una comunidad religiosa. Sabemos que toda forma de abuso debe tener alguna medida, en cada situación hay que valorar muy bien los hechos. El papa contempla que los menores de edad y los adultos en condición de vulnerabilidad por una discapacidad son acogidos por la ley.

¿Qué mensaje les envía a los feligreses que supieron sobre la suspensión de estos sacerdotes?

El mensaje es que hemos hecho mucho para prevenir estas situaciones. Nos dolemos de cada caso donde haya abuso contra los menores de edad. Queremos hacer todo lo que sea necesario para que no haya más abusos por parte de miembros de la Iglesia. Esperamos que las medidas con estos sacerdotes suspendidos siempre sean efectivas.