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hace 12 mins

Defensoría del Pueblo advierte nuevamente del riesgo por derrumbes en Quetame

29 personas de este municipio se han visto afectadas por deslizamientos de tierra. En 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que fueran reubicados, pero siguen habitando viviendas con delicadas fallas estructuales.

Defensoría del Pueblo.

Los deslizamientos de tierra que han ocurrido en Quetame, Cundinamarca, han afectado varias viviendas del municipio, y han afectado a 29 personas (14 adultos y 15 niños), que allí habitan. Esta situación, denunciada desde 2015 por la Defensoría del Pueblo, continúa presentándose, y tiene en riesgo inminente a las familias, por lo que el órgano volvió a advertir del peligro que corren las personas que habitan al final de la vía Bogotá – Villavicencio, en la inspección de Puente Quetame.

Una visita que realizó la Defensoría a la zona, constató que las viviendas damnificadas presentan grietas y fisuras. Al parecer, estas fueron ocasionadas por unas detonaciones que realizaron para la construcción de una galería de escape en la doble calzada. Lo más preocupante para los afectados es que la situación podría agravarse debido a los nuevos deslizamientos que se han registrado en la zona.

No obstante, las fallas estructurales que presentan las viviendas, podrían deberse también a la profunda excavación natural que causa el río Rionegro en la zona. A esta situación se le suma la inestabilidad geológica del terreno, además del paso continúo de vehículos de carga pesada por el lugar, agravando así la situación de las familias ya que se producen constantes vibraciones constante sobre sus viviendas.

La Defensoría del Pueblo, que ha acompañado permanentemente a la población afectada, interpuso en 2015 una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La medida fue concedida el pasado 26 de enero, y el Tribunal decretó medidas cautelares, además de obligar a la Gobernación de Cundinamarca y al municipio de Quetame, a reubicar a los afectados. A día de hoy, los afectados no han sido reubicados a pesar de la orden judicial.

El consorcio encargado de la construcción de la galería de escape es Coviandes S.A., organización responsable de comprar los predios donde residen los afectados. Sin embargo, la Defensoría denuncia que el consorcio está pidiendo desalojar a las personas aduciendo que las casas en que viven son ilegales, fundamentando su afirmación en que la mayoría de estos predios afectados fueron construidos hace más de 40 años, por lo que cuentan con los certificados de que no se trata de predios de invasión. Según indica la Defensoría, las familias afectadas pagan impuestos y cuentan con servicios públicos como agua, luz, teléfono y gas.