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Sigue la batalla jurídica por el galeón San José, demandas y contrademandas que ya van a completar cuadro décadas. Esta vez Francisco Hernando Muñoz Atuesta, veedor nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, instauró una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que dicte "medidas cautelares de urgencia" que eviten que el próximo 10 de marzo el gobierno de Iván Duque le adjudique el contrato de rescate del tesoro colonial a la única firma proponente: Marítime Archaeology Consultants Ltd. (MAC), la británica que según el gobierno de Juan Manuel Santos descubrió el naufragio en inmediaciones de las Islas del Rosario a finales de 2015.
En el documento se reclaman medidas de urgencia de la justicia contencioso administrativa porque "El Estado colombiano se encuentra a portas de perfeccionar el contrato “MC APP 001 2018 Galeón San José”, para la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del patrimonio cultural sumergido del Galeón San José, en el cual se pretende remunerar al “originador” hasta con el 45% de los bienes que fueren declarados como no pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural –CNPC, contrato estructurado por el Ministerio de Cultura". (Más del caso: Interesado en el galeón estuvo en la Lista Clinton).
Muñoz Atuesta demanda al Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia por estar actuando contra la ley y poniendo en riesgo el patrimonio sumergido, que la Constitución protege como bien de todos los colombianos. Dice que el proceso está viciado porque el famoso galeón, hundido por piratas ingleses el 8 de junio de 1708, con un tesoro a bordo avaluado hasta en diez mil millones de dólares, habría sido descubierto realmente en 1982 por la firma estadounidense Glocca Morra, hoy Sea Search Armada. Es la misma SSA a la que la Corte Suprema de Justicia le otorgó desde 2007 derechos sobre la mitad de lo que se considere tesoro, con base en documentos de la Dirección Marítima de la Armada Nacional que la reconocen como posible descubridora de las coordenadas de hundimiento de la embarcación, a unas 12 millas de Cartagena, en el mar Caribe colombiano. La misma que no ha podido ejecutar ese derecho y ha demandado al Estado colombiano hasta por 17 mil millones de dólares.
El veedor asegura tener "pruebas suficientes para demostrar que no existe plena certeza de estar o no ante el redescubrimiento del Galeón San José; por lo tanto, por lo tanto la Nación debe abstenerse de continuar con el proceso “MC APP 001 2018 Galeón San José”, pues de hacerlo, incrementa la inseguridad jurídica del patrimonio cultural de los colombianos, contenido en el mencionado Galeón San José, hasta en un 95%; lo cual riñe además, clara y taxativamente con los artículos 63, 70 y 72 de nuestra Constitución Nacional, los cuales estipulan que bienes como el Galeón San José son patrimonio cultural de la nación inalienables, imprescriptibles e inembargables".
Denuncia que la cazatesoros MAC, cuestionada por sus intereses económicos más que científicos, "se limitó a redescubrirlo, aprovechando información del mismo hallazgo del Galeón en 1982". Es decir, la demanda acusa al gobierno de Juan Manuel Santos de haberle filtrado a MAC las coordenadas confidenciales usadas en 1982. "La información de las coordenadas de Glocca Morra Company (SSA) le es entregada por el Asesor Jurídico del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas Ayala a Marítime Archaeology Consultants Ltd. -MAC", dice el documento.
El gobierno Santos dijo en su momento que el hallazgo está documentado, aunque siempre estuvo protegido por el secreto, y que ocurrió en coordenadas distintas a las denunciadas por SSA en su momento. (El reclamo indígena por el galeón).
En todo caso, Muñoz deja advertencia de nuevos líos jurídicos si este 10 de marzo el gobierno Duque acepta las condiciones de MAC: "Si a través de la APP se llega a entregar a Marítime Archaeology Consultants Ltd. esos mismos bienes como remuneración por el rescate, la Nación podría verse obligada a reconocer a Glocca Morra Company (Sea Search Armada –SSA), bienes adicionales a lo que recibiría Marítime Archaeology Consultants Ltd., si resulta que en ambos casos se descubrió lo mismo".
Reclama entonces una decisión urgente del Tribunal frente al proceso de contratación a través de la figura de Asociación Público Privada "hasta que la Nación no tenga certeza absoluta que en 1982 y en 2015 no se descubrió el mismo naufragio, el trámite de la APP debe ser suspendendido de inmediato".