Denuncian amenazas y desplazamientos en zona rural de Tumaco

Archivo El Espectador

Organizaciones sociales con presencia en el departamento de Nariño, denuncian que, una semana después de la audiencia pública en la que se evaluó la situación social de los municipios del pacífico nariñense, arreciaron las amenazas contra los líderes comunitarios que hicieron presencia en el evento. 

Al asesinato de Argemiro López, miembro de la junta de acción comúnal y líder de la Guayacana, se suman amedrantamientos contra el líder Nilson Estupiñán. Según información del suministrada colectivo socio jurídico Orlando Fals Borda, en los últimos días se ha registrado la presencia de tres hombres que no pertenecen a la zona y que estarían adelantando labores de vigilancia. 

Según el colectivo, de este Consejo Comunitario han sido asesinadas cinco personas durante los últimos cinco meses, "el último de ellos, el joven Didier Cortés, asesinado el 12 de marzo de 2019, dos días antes de la Audiencia. Las otras víctimas fueron: Larry Boneht Estacio Tenorio, asesinado el 31 de enero de 2019; Juan Gabriel Caicedo, asesinado el 3 de noviembre de 2019; y Ramiro Rincón Cárdenas, herido en enero del presente año, quien falleció en el mes de febrero". Lea también: Al cementerio de Tumaco no le cabe un muerto más

Entre tanto, el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera reporta la llegada de grupos armados ilegales durante las últimas semanas. Según denuncian, se han registrado desplazamiento masivo de la comunidad. Al menos 92 familias se refugiarán en la provincia de San Lorenzo, Ecuador. Se calcula que 303 personas, entre ellas, niños, jóvenes y adultos mayores, abandonarán su territorio en los próximos días. 

Mientras que otras familias se desplazaron desde veredas más cercanas a Tumaco. De la vereda Bajo Jagua, de desplazaron entre 60 y 70 familias, de Bella Vista 23 familias, de San Isidro 60 familias, y también de la Vereda Santo Domingo se desplazaron 25 familias aproximadamente.

"La mayoría de las familias que han ido llegando a Tumaco han sido acogidos en casas de familiares, pero otras se quedaron sin refugio, como las familias que llegaron a la Audiencia, y que habían estado instaladas en una estación de gasolina en Chilví, con niños y personas mayores", informan desde el colectivo socio jurídico Orlando Fals Borda.

Este viernes, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila trabajó en la coordinación de acciones para promover una mayor y más efectiva  protección para los líderes del programa de sustitución de cultivos en el territorio, al tiempo que ratificó el compromiso del gobierno de cumplirle a las familias que están en el programa PNIS y se han mantenido en la legalidad.

El Gobierno no está dispuesto a aceptar que maten a los líderes del programa de sustitución voluntaria. La muerte de Argemiro en Tumaco no va a pasar desapercibida y no va a quedar impune. La Fiscalía nos ha informado que ha desplegado un un fiscal  especial para que investigue”, dijo Emilio Archila. 

Frente a la coordinacion de las  medidas que se empezarán a implementar a partir de la fecha, el consejero se comprometió a hacerle seguimiento para comprobar la efectividad y así poder replicarlas en las demás regiones donde se desarrolla el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Tuve la oportunidad de transmitirles el compromiso del presidente Duque con aquellas familias que están dentro del proceso, con esas 130 mil familias que quieren salir del cultivo de coca y pasar a la legalidad. Esas familias cuentan con nuestro apoyo”, concluyó.

A la audiencia del pasado 14 de marzo, asistieron, entre otros, los senadores Gustavo Petro, Aida Abella y Gustavo Bolívar. 

 "Es bueno ser solidarios, pero no tanto a costa de los necesitados colombianos, dijo de manera vehemente el representante de las comunidades Afro de Tumaco, Carmelo Rodríguez, reiterando que "el presidente Duque debe atender a los colombianos y Maduro a los venezolanos ".

El senador Gustavo Bolívar (Decentes) señaló que todas las denuncias expuestas en esta audiencia merecen una respuesta urgente del Gobierno, que debe tramitar todas las inquietudes para responder no sólo por los habitantes de Tumaco, sino por los de toda la región pacifica, que pese a ser una de las zonas más ricas del país se encuentra en el abandono social.

Por su parte, la senadora Aida Abella (Decentes) dijo que las denuncias de la población serán tramitadas para buscar respuestas. El director de la Oficina Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ricardo Arias, anunció la descentralización de la entidad para atender de manera ágil las solicitudes de la ciudadanía en todo el país sobre la protección de sus legítimos derechos, al tiempo que anunció una mesa de trabajo para la próxima semana.