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Que la alcaldía de Puerto Berrío (Antioquia), en cabeza de Robinson Baena, restringe abiertamente la libertad de prensa y el ejercicio de la oposición. Esa es la afirmación sobre la cual se debaten las dos principales fuerzas políticas y los periodistas que trabajan en ese municipio del Magdalena Medio. La tesis según la cual la administración local ha constreñido sistemáticamente a sus contradictores y a la prensa ha llegado a límites preocupantes, por decir lo menos, toda vez que se denuncian amenazas, seguimientos, intimidaciones, lesiones al buen nombre, restricciones a la movilidad e intentos de homicidio contra quienes cuestionan la gestión del alcalde Baena, que llegó al poder con el aval del partido de La U. El último atentado, ocurrido a finales del 2014, encendió las alarmas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de la ONG Somos Defensores.
Se trata del ataque con arma blanca del que fue víctima el pasado 25 de diciembre el comerciante Leonardo Ortega, quien le contó a la Fiscalía cómo un joven intentó apuñalarlo en el cuello, mientras se encontraba a las afueras de su casa. Preguntado por el motivo del ataque, Ortega respondió que “éste tiene relación directa con mi situación como líder de la oposición. Para nadie es un secreto que en los últimos tres años Robinson Baena ha utilizado todas las armas que tiene para hacerme ver como el enemigo del pueblo y de la administración”, y señaló como sospechoso a “cualquier seguidor fanático del alcalde”. Ortega, militar retirado, asumió en septiembre de 2013 la dirección del grupo de opositores denominado “Los enanos porteños”, responsabilidad que aceptó tras el asesinato del dirigente, abogado y periodista Edison Molina.
Manuel Monsalve, miembro del grupo, columnista y abogado, cuenta que hace un año, cuando asumió un proceso penal contra uno de los colaboradores de Baena, él y su esposa fueron amenazados de muerte. Monsalve opina que esos hechos obedecen al “lenguaje del alcalde, que incita a la gente a actuar violentamente” y asegura que la polarización en el municipio, exacerbada por la inminente contienda electoral, lo obligó a cambiarse de barrio porque “aquí quieren acabar la oposición por medios legales e ilegales”. Los concejales Yeison Sánchez y Jaime Andrés Cañas, el contratista Carlos Enrique Munevar y el líder comunitario Jorge Humberto Aristizábal, todos miembros de “Los enanos porteños”, también han referido amenazas y las han relacionado con su ejercicio como contradictores de la administración local.
Pero la oposición no es la única denunciante. Un sector de la prensa también se siente hostigado por el alcalde Baena. El corresponsal de Teleantioquia en Puerto Berrío, Benjamín Pelayo, interpuso una denuncia por constreñimiento en noviembre luego de que, según él, el alcalde lo señalara públicamente de “morboso” y de “hablar mal del municipio”. Asegura que esta situación tuvo su origen en una noticia en la que refirió retrasos en la inauguración del estadio municipal y que ha sido víctima de seguimientos, lo cual ha afectado su tranquilidad y la de su familia. Nohemí Peña, directora de noticias del canal RTP y de la emisora comunitaria 89. 4, es enfática en declarar que “la agresión contra los medios de comunicación de Puerto Berrío es evidente”.
En el caso de los medios que dirige Peña, la situación ha llegado a tal extremo que los periodistas decidieron autocensurarse para salvaguardar su integridad: “Nos abstenemos de tratar temas de orden público, políticos o controvertidos, porque está en riesgo nuestra vida”. Para Jonathan Bock, asesor de protección de la FLIP, “los pronunciamientos desafortunados del alcalde siguen estigmatizando a la prensa. En este contexto y ante la falta de interés de las autoridades locales en el tema, pensamos que esto puede traer consecuencias peores”.
El origen de las denuncias
A finales de 2013, con carácter urgente, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo alertando sobre la vulnerabilidad en la que se encontraban los habitantes de Puerto Berrío por cuenta de las bandas criminales que, tras la desmovilización del bloque Central Bolívar de las Auc, se disputaban el control de las rutas para traficar narcóticos y armas. En el documento, remitido al fiscal Eduardo Montealegre, se hizo referencia especial al asesinato del Edison Molina, muerto a tiros en septiembre de ese año. El abogado, que también conducía el programa radial Consultorio Jurídico, había reunido a comerciantes, concejales, abogados y otras personalidades de Puerto Berrío para conformar “Los enanos porteños”.
En su momento, el asesinato generó una enérgica reacción de la FLIP, que hizo eco a la tesis según la cual el crimen obedecía a los constantes señalamientos y tratos denigrantes que el alcalde profería contra sus detractores en una franja televisiva transmitida por el canal local Teleberrío. Varios ejemplos se encuentran en la web. En un video publicado en septiembre de 2012, el alcalde, visiblemente alterado, declaró: “Los enanos salieron en las redes sociales diciendo que Robinson Baena va a traer unas personas de Puerto Boyacá. Jamás crean que Robinson Baena tiene esa mente perversa de atentar contra la vida de un ciudadano. Pero esos microbios sí son capaces de traer sicarios para asesinar y callar al pueblo y fueron capaces de hacer eso cuando los paramilitares delinquieron en Puerto Berrío”.
En otro video, publicado en febrero de 2013, expresó que sus contradictores eran “pichones de gallinazo que no han emplumado y quieren volar encima de la cabeza de Robinson Baena”. Dijo, además, que tenía “enemigos políticos” que querían “ver a Puerto Berrío destrozado” y se refirió sin nombre a un medio de comunicación, del que dijo: “Es enemigo de Robinson Baena y de Puerto Berrío, porque desinforma” y porque, en su concepto, está integrado por “anti periodistas”. Según se observa en el video, la molestia del alcalde obedeció a las constantes denuncias con las que Molina, el canal RTP y la emisora 89.4 cuestionaban la trasparencia y la eficacia de su gestión.
Y es que desde 2012, cuando Baena asumió la alcaldía, Edison Molina envió numerosos oficios a la procuraduría señalando irregularidades en la contratación del servicio de transporte escolar y el alumbrado navideño, la compra de terrenos destinados a viviendas de interés social, el recaudo de impuestos en el matadero municipal, la garantía de los derechos laborales en el hospital La Cruz, la recolección de basuras, la presentación del presupuesto de rentas y gastos y la compra de materiales. En un oficio de enero de 2013 también reportó que el alcalde llevaba 20 días por fuera del cargo por cuenta de “tratamientos estéticos”. Según el procurador provincial (e) de Puerto Berrío, Luis Cervando Solano, la mayoría de esas denuncias se encuentran en indagación preliminar, estancadas tras el asesinato de Molina.
La defensa del alcalde
A una presunta sed de poder político y un interés desmedido por la administración de los recursos públicos de Puerto Berrío le atribuye el alcalde Robinson Baena las denuncias en su contra. Según él, “existe un grupo de personas que en búsqueda de ganar protagonismo político han querido montarse en las espaldas de la administración municipal para lanzar injurias y calumnias de toda índole”, entre las que se incluyen “falsas” referencias a amenazas e intimidaciones. Respecto a sus propias declaraciones, calificadas por muchos como insultantes y generadoras de violencia, aseguró que no se refería a la oposición y que siempre utiliza “figuras retóricas como el símil y la analogía para lanzar una disertación”.
En cuanto a los medios de comunicación, declaró que no ha coartado la libertad de prensa y que el canal RTP y la emisora 89.4 están interesados en “desinformar a la comunidad para que Robinson Baena pierda la legitimidad que constitucionalmente tiene como alcalde porque tienen intereses políticos”. A la misma causa atribuye las denuncias por corrupción, de las que se defiende argumentando que el municipio ocupó el puesto 41 en el ranking de desempeño fiscal que elaboró el Departamento Nacional de Planeación en 2013. Otra de las pruebas que exhibe para demostrar su probidad es la medalla al mérito Diana Turbay, que le otorgó la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia como un reconocimiento a su gestión.
William Hundelshauseen, presidente de esa organización, declaró que “jamás vi en Puerto Berrío violación a la libertad de prensa”, que con ese tipo de reconocimientos no busca obtener contratos con las administraciones locales y que, por el contrario, le interesa exaltar la labor “de los alcaldes que roban menos o que al menos están haciendo las cosas mejor que los demás”. En su concepto, “Los enanos porteños” representan la política tradicional y “lo único que quieren es quedarse en el poder”, por lo que la han emprendido “injustamente” contra el alcalde Baena.
Pese a ello, la FLIP sostiene que la polarización política que vive Puerto Berrío, agravada por la presencia de organizaciones criminales herederas del paramilitarismo, podría desencadenar crímenes como el de Edison Molina. Según Bock, “la administración continúa alimentando los niveles de violencia y no hace un llamado a la tranquilidad, como es deber de los funcionarios públicos”. Mientras tanto, los grupos de opositores y periodistas aseguran que temen por su vida y que en Puerto Berrío la opinión se convirtió en delito. Una realidad que parece no haber encontrado eco en las autoridades departamentales y que promete convertir las elecciones regionales de octubre en un peligroso escenario de confrontación y exacerbación de las mordazas contra la prensa.
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