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El Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos en Antioquia denunció públicamente que algunas acciones irregulares realizadas por miembros de la Unidad Nacional de Protección, UNP, han incrementado el riesgo de los líderes protegidos.
La organización afirmó mediante un comunicado que un escolta de la UNP se negó a acompañar a un protegido el pasado 19 de junio cuando este se disponía a participar en una actividad social. “La excusa presentada fue que carecía del pasaje de bus, colocando en grave riesgo la vida del protegido”, se lee.
Asimismo, el Proceso Social aseguró que cuando la queja fue puesta ante el directivo departamental Héctor Ramírez, el funcionario intentó obligarlo a firmar un documento ilegible.
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“El documento genera demasiadas preocupaciones porque el escolta había manifestado a los directivos situaciones de orden personal del protegido y situaciones privadas de la función social que desempeña”, agrega.
Por lo anterior, la organización supone que se trataría de labores de inteligencia ejercidas por el escolta en contra del líder, y expone su preocupación ya que el líder en cuestión se sigue desplazando en compañía del agente.
Por su parte, la UNP desmintió el comunicado y aseguró que ninguno de sus miembros ha realizado o realiza estudios de espionaje a sus protegidos. Asimismo, detalló que en cuanto los casos fueron conocidos por la Unidad, se tomaron acciones correctivas inmediatas.
"Un protegido solicitó el cambio de escolta para que fuera trasladado desde Apartadó hasta Medellín, y este miércoles fue autorizado", agregó.
El Proceso Social de Garantías también rechazó el comportamiento de algunos escoltas a los que acusa de padecer ludopatía, un trastorno que obliga a la persona a frecuentar de manera incontrolable los juegos de azar.
“El escolta sufre al parecer de problemas de ludopatía y utiliza el arma de dotación para ponerla a disposición de casas de empeño. El líder, luego de tramitar por los canales legales, ha sido amenazado por parte del funcionario que lo protegía y se ha evidenciado un papel de omisión de funcionarios de la UNP”, dice.
Además de este caso, en el documento se exponen otras situaciones de líderes en las que, aseguran, sus derechos fueron vulnerados. Una de ellas fue cuando algunos líderes del Bajo Cauca, miembros de Juntas de Acción Comunal y del Programa de Sustitución de Uso Ilícito, presentaron un formulario ante la entidad de protección para solicitar la reubicación. Como respuesta fueron declarados en riesgo ordinario, es decir, el Estado no está en la obligación de adoptar medidas de protección.
En la carta, el Proceso Social de Garantías mencionó que la UNP dio respuesta a las denuncias y aseguró que no existe riesgo alguno para los líderes.
“Calificamos de muy grave estas temerarias irregularidades de la UNP que ponen no solo en riesgo a los protegidos, sino que también contribuyen a la desprotección y aumentan el nivel de riesgo”, agrega.
Por último, exigen a las entidades de control que adelanten las investigaciones correspondientes sobre las acciones denunciadas, y responsabilizan al Gobierno por las situaciones de violencia que puedan sufrir los líderes que vuelven a sus territorios.