Un nuevo caso de presunta negligencia en el sistema de salud se conoció este miércoles en el país. Se trata de una paciente de la EPS Sanitas que reclama el derecho constitucional a la prestación de los servicios de salud.
La señora Marta Aleida Cubides Ramírez está a la espera servicio médico especializado en Bogotá luego de un accidente de tránsito en la Ruta del Sol mientras regresaba a Bogotá en el sector de Bosconia (Cesar).
Luego de ser atendida en el puesto de salud de ese pequeño municipio el pasado 3 de enero, debido a la delicadeza de los traumas sufridos, fue necesario su traslado a la Clínica Médicos S.A de Valledupar donde se inició un “interminable proceso de no retorno a Bogotá”.
Fabio Romero, esposo de la señora, denunció que pese a la solicitud de traslado a Bogotá que se ha hecho por casi un mes a la EPS, no ha sido posible que se cumpla el procedimiento.
Según él, los familiares heridos de menor gravedad y acompañantes –también radicados en Bogotá– llevan cerca de un mes pagando hotel, comida, transporte y comunicaciones en una ciudad que está a 850 kilómetros distante de la capital.
Aunque después de diez días de adecuados procedimientos y procedimiento doña Marta se salvó, estabilizó y se puso en condición para adelantar el traslado a Bogotá, no ha sido posible su remisión a la ciudad.
La urgencia radica en que permanece en estado de coma a la espera de un diagnostico neural y de un ortopedia especializados.
“Estamos a la espera de una comisión directiva que se reúne en Bogotá cada 15 días y este año no lo ha hecho la primera vez. En dicha reunión se analizan los casos de vitalidad especial de afiliados como Marta Aleida cotizante desde febrero de 1996 –es decir– 18 años aportando juiciosamente, y hoy luego de 26 días está a la espera de una autorización para su traslado por avión ambulancia”, relató.
De acuerdo al señor Romero, aún es necesario definir su estado real de salud, los tratamientos a seguir y las terapias de rehabilitación.
“Cada hora y cada día es importante para la recuperación de Marta y donde cada día es importante para nosotros sus familiares que estamos en Valledupar porque no hemos regresado al estudio o trabajo tras el accidente”, dijo.
Fabio Romero finalmente llamó a la EPS a que tengan en cuenta la vida, la salud y la estabilidad emocional de los pacientes y la familia porque “no se resuelve en reuniones cada 7, 10 o 15 días…no es cuestión de dinero es cuestión de sensibilidad y de gestión”.
De momento la EPS no se pronuncia sobre esta situación. Se espera que la Defensoría del Pueblo intervenga para precisamente defender los derechos de esta familia que alega la “debida prestación de servicios en salud”.