Denuncian que campesino fue asesinado por el Ejército en Anorí, Antioquia

Asociaciones campesinas del departamento denuncian que el miércoles 20 de mayo el campesino Ariolfo Sánchez Ruíz fue ejecutado por el Ejército. Además, aseguran que los operativos de erradicación forzada están poniendo en riesgo la vida de la comunidad.

Ariolfo Sánchez Ruíz fue asesinado en Anorí, Antioquia. Tomado de @guenmecu

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el miércoles 20 de mayo un grupo de campesinos fue retenido por el Ejército, les quitaron los celulares y posteriormente asesinaron a Ariolfo Sánchez Ruíz en Anorí, Antioquia. 

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Asociación de Campesinos en Vía de Extinción, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana en Anorí (COCCAM), Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, denuncian el homicidio de Sánchez. 

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Las organizaciones manifiestan que desde el 8 de mayo solicitaron garantías para que las comunidades que denuncian el incumplimiento a la implementación de los acuerdos del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pudieran protestar.   

José David Hernández, miembro de Coccam en Anorí, explica que el municipio hace parte del PNIS. Sin embargo, asegura que no todas las familias de la zona están en el programa, algunas no lo aceptaron por desconfianza en el Estado. “Era mucho mejor haber desconfiado del Gobierno que haber confiado en él. Ese programa lleva dos años y medio. En este momento no le han dado con qué sembrar una mata de tomate a ningún campesino, después de que nosotros arrancamos 1.408 hectáreas de coca”, afirmó. 

Las organizaciones manifiestan que buscaron dialogar con el Gobierno. Se realizó un encuentro el 15 de mayo con las autoridades civiles y militares para buscar salidas a la problemática. Así mismo, el 18 de mayo las comunidades campesinas denunciaron la presencia de militares encapuchados movilizándose en las veredas Tacamocho y Tenche Salino. 

De acuerdo con la denuncia, el miercoles 20 de mayo a las 10:00 de la mañana “la fuerza pública en su conjunto, desarrollaba un operativo de erradicación forzada en la vereda los Tenche Bajo, según los habitantes, desde los helicópteros fueron ametralladas las comunidades que a esa hora se oponían a la erradicación”. Los campesinos se resguardaron, pero en la tarde un pequeño grupo llegó hasta el sitio conocido como Palo Gordo (en la frontera entre Tacamocho y Tenche Limón),  allí fueron retenidos por miembros del Ejército Nacional y les quitaron el celular. La comunidad afirma que ejecutaron al campesino Ariolfo Sánchez. 

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“Ayer al mediodía el Ejército detuvo a un joven y a un arriero. Lo que no sabíamos es que los detuvieron para que no pasaran cerca del cuerpo del hombre asesinado. A los trabajadores de él les quitaron los celulares y los intimidaron”, afirma Hernández.

Las organizaciones campesinas afirman que se trata de un crimen de Estado que se suma a otras graves violaciones de los derechos humanos, como la desaparición forzada de Didian Arley Agudelo, campesino de 38 años desaparecido en zona rural del municipio de Campamento que fue asesinado, presuntamente a manos del Ejército. 

“De la misma manera, el pasado 18 de mayo, en el municipio de Cúcuta, la fuerza pública disparó contra varios campesinos y asesinaron al labriego Digno Emérito Buendía Martínez. Hechos como estos, demuestran la firme intención del Estado colombiano por asignar un tratamiento militar y de guerra contra las comunidades que exigen sus derecho”, afirman las organizaciones. Agregan que se están violando las obligaciones constitucionales de garantías de no repetición.

Las organizaciones campesinas exigen al Gobierno nacional detener las acciones de erradicación forzada en Colombia, pues están cobrando vidas. Piden que se cumpla el PNIS y el Acuerdo de Paz; que el Estado proteja a las comunidades y que haya una veeduría internacional, que aunque no puede desplazarse a los territorios, puede dar constancia de las actuaciones de la Fuerza Pública. Además que se investigue y judicialice a los responsables. 

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- Redacción Nacional

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