Denuncian que el Esmad utilizó armas ilegales en enfrentamientos contra encapuchados en Tunja

Desde la Coordinación de Organizaciones Sociales, perteneciente al Comité de Derechos Humanos de Tunja, se denunció que el Escuadrón Móvil Antidisturbios se enfrentó a encapuchados, en la noche del 21 de noviembre, con 'recalzadas'.

Aunque inicialmente se anunció desde la Gobernación de Boyacá que no iban a ser mandados a las calles miembros del Esmad, una serie de disturbios en inmediaciones a la UPTC, sede Tunja fueron el motivo por el cual estos cuerpos policiales salieron a enfrentarse con encapuchados, el pasado 21 de noviembre. Óscar Pérez / El Espectador

Tras más de una semana desde el inicio del paro nacional, el Comité de Derechos Humanos en Tunja manifestó su preocupación por los hechos sucedidos en la noche del 21 de noviembre, cuando un grupo de encapuchados se enfrentó a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) . Según la organización,  los policías habrían usado armas no convencionales, como gases lacrimógenos vencidos y "recalzadas'", que son residuos de casquillos accionados por artefactos como una lanzagranadas M79 y que a su vez son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que se rellenan con pólvora y trapo, además de objetos contuntendes como canicas o balines.

La denuncia se hizo a raíz de testimonios de vecinos del barrio Santa Inés, ubicado cerca a la zona de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

Según Diana Nítola, coordinadora de organizaciones sociales del Comité de DD. HH. de la ciudad, "si bien los hechos ocurrieron la semana pasada, algunos ciudadanos han llegado a nosotros en los últimos días para que verifiquemos si estas armas que encontraron corresponden a las famosas "'recalzadas"', las mismas con las que se ha visto envuelto el Esmad en pasadas manifestaciones sociales. Al observarlas personalmente nos dimos cuenta que sí pueden pertenecen a esa clasificación, porque dentro de su interior vimos trozos de plomo y "pikis"", afirmó en diálogo con El Espectador

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Fotos de cortesía

Asimismo, Nítola afirma que dentro las denuncias que expresan desde el Comité de DD. HH., está el supuesto uso de gases lacrimógenos vencidos por parte del Esmad. La fecha de vencimiento de estos habría sido en febrero de 2019. De acuerdo con la organización, los agentes estatales también hicieron uso de una granada aturdidora que fue encontrada en las calles de Santa Inés. Esta llama la atención porque según Nítola, "estaba sin explotar y esto es un elemento preocupante porque el hecho de que no se active significa que fue manipulada previamente a su utilización". Estos testimonios pretenden ser trasladados a la Personería Municipal. 

Sin embargo, el personero de Tunja, Luis Henry Carreño y la personera delegada en términos de Derechos Humanos y Asuntos Penales, Ary Rincón le manifestaron a El Espectador que de momento no tienen ninguna denuncia formal de estos hechos por parte de entidades sociales o ciudadanos y que solo tienen conocimiento de las inconformidades expresadas ante algunos medios de comunicación por parte del Comité de DD.HH. de la UPTC. Asimismo, el personero Carreño afirmó que "nuestra entidad se encarga de promover el cuidado de los derechos de las personas, pero lo que haga la Policía más allá de lo que nosotros instruimos y verificamos, se sale de nuestras manos".

 
 

 

 
 

Fotos de cortesía

"Todo se desarrolló en la tarde-noche del 21 de noviembre, más o menos desde las 5 de la tarde,  cuando un grupo de encapuchados (no estudiantes) comenzaron a atacar policías sin motivo alguno, en inmediaciones de la UPTC. Todo se comenzó a salir de control, los encapuchados bloquearon vías y se armaron con palos de madera, hasta que llegó el Esmad y, aprovechándose de la situación, llevaron los enfrentamientos hasta el interior de la universidad. Ahí resultaron heridas 20 personas, que fueron trasladadas a centros asistenciales, incluyendo una mujer embarazada que presentaba asfixia a causa de los gases", según la versión del Comité de DD.HH.. 

Miembros de la Policía Metropolitana de Tunja le dijeron a El Espectador que no hay Esmad en su ciudad desde las 8 de la noche del 21 de noviembre pasado. "Como hemos visto a lo largo de estos días, las manifestaciones en Tunja se han llevado de manera pacífica y ,de hecho, antes del paro estaba previsto no sacar al Esmad a nuestras calles, pero lo que pasó cerca a la UPTC con los encapuchados atacando policías hizo que el alcalde Pablo Emilio Cepeda, en conjunto con el gobernador Carlos Andrés Amaya y otras autoridades permitieran la salida del Esmad solo para dichas confrontaciones. De ahí en adelante todo se ha llevado con calma, a tal punto que el Esmad en Boyacá fue trasladado a Bogotá", sostuvieron. 

Además, las autoridades policiales aseguran que nigún ciudadano acudió a ellos para denunciar el uso de "recalzadas" por parte del Esmad, a pesar de que, según la Policía, han estada haciendo trabajo en conjunto con el Comité de Derechos Humanos y con otras organizaciones civiles. 

En contraste a estos testimonios, un defensor de DD.HH., quien será identificado como "Víctor", aseguró que el estuvo en el momento en el que los vecinos de Santa Inés, en el conjunto residencial "María Fernanda" encontraron los artefactos ilegales, que presuntamente son del Esmad. "Vimos estas telas abiertas y con bolas de plomo regadas por el suelo. Se supone que cuando son balas legales utilizadas por la policía, estas telas no se abren en ningún momento. Doy fe que ningún ciudadano las manipuló antes de tomar las fotos que ya están en manos del Comité de Derechos Humanos de Tunja". 

Sobre la hora en la que finalizaron las confrontaciones, 'Víctor' le comentó a El Espectador que "los policías mienten al afirmar que todo acabó a las 8 de la noche. Tengo registros del Hospital San Rafael en el que las personas seguían entrando a urgencias en la madrugada del 22 de noviembre, sobre la 1 de la mañana". También aseguró que los ciudadanos que encontraron las armas no quieren hablar por "temor a ser reprendidos" y el motivo por el cual él no revela su identidad es porque "en el pasado he recibido torturas por parte de algunas personas, debido a mi trabajo de defender a la ciudadanía", aseguró. 

 
 

Cortesía   

Por medio de unas fotografías enviadas a El Espectador, la Policía Metropolitana de Tunja muestra el momento en el que funcionarios de la Personería de la ciudad realizan una inspección a los agentes del Esmad antes de que la fuerza policial se enfrentara con los encapuchados. Este procedimiento se hizo "para verificar que las armas utilizadas fueran las que cobija la ley", de acuerdo con la versión de los uniformados. Ante esta situación, los policías entrevistados confirmaron que el proceso de verificación por parte de la Personería son rigurosas, por lo cual "si se llega a encontrar que alguna de estas armas fue usada en los enfrentamientos de ese día, se podría deber a dos cosas: primero a que pueden ser de los encapuchados para inculpar a la institución o un agente nuestro, como caso aislado, pudo aprovechar algún descuido de los verificadores para llevar consigo esos elementos", afirmaron. 

Ary Rincón, delegada por el personero Carreño para instruir a los miembros del Esmad sobre DD.HH. (Resolución 1190 de 2018) le manifestó a El Espectador la postura de la Personería frente a estas versiones cruzadas entre el Comité de DD.HH. de Tunja y la Policía. "Mi función asignada por el personero Luis Henry es encabezar los diálogos con la Policía (Esmad) antes de que salgan a las operaciones. Les hablamos sobre la importancia de los Derechos Humanos dentro de sus funciones. Posteriormente verificamos los objetos que llevan con ellos, previo a sus labores, y vemos que los armamentos son convencionales. Si algo sucede después de eso, ya no es responsabilidad nuestra", afirma la funcionaria. 

 
 
 
 
 
 

Fotos de cortesía

Esta no es la primera vez que se le acusa al Esmad de hacer uso de este tipo de armas, especialmente de las llamadas "recalzadas". Los antecedentes más recordados, fueron en el marco de las muertes de los manifestantes Nicolás Neira, de 15 años, en 2005, donde actualmente sigue el proceso judicial contra Néstor Rodríguez, el agente que le disparó; y la de Óscar Salas, de 20 años, en 2006, que aun sigue en la impunidad. 

 

Tanto los miembros de la Policía consultados, como el defensor de DD.HH., quien pidió ser identificado como "Víctor" tienen reserva de identidad para la elaboración de este artículo*

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Camilo Pardo Quintero / camilopardoq22

Nacional

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