Denuncian supuesto abuso por parte de policías de Santander

José Fernando Ulloa Rodríguez. / Cortesía

Luego de un altercado presentado a la salida de un establecimiento público, a los hermanos José Fernando y Manuel Eduardo Ulloa Rodríguez se les imputó el delito de violencia contra servidor público y se les asignó detención domiciliaria. A la fecha, llevan más de seis meses bajo la medida.

El hecho se presentó la madrugada del 18 de julio de 2013, cuando los gemelos Ulloa Rodríguez, de 21 años y dedicados junto con su familia a las labores del campo, salían de ver un partido de fútbol con algunos amigos en San Vicente de Chucurí, municipio ubicado al occidente del departamento de Santander.

Según manifiesta José Fernando Ulloa, él se quejó ante unos policías que estaban en la zona por el uso indebido de pólvora que hacían otras personas. "Los patrulleros no dijeron nada, en cambio, nos insultaron porque les reclamamos. En ese momento llegó una patrulla y me comenzaron a agredir, me llevaron hasta la estación y allá, siguieron los insultos y el maltrato. A mi hermano, le partieron un bolillo en la cabeza".

Frente a esto, Leonel Medina, comandante mayor del Octavo Distrito de San Vicente, dice que "la medida se tomó porque hubo una agresión contra servidor público y violencia de género hacia una patrullera, quien ya no cumple funciones en el distrito, pero el caso está vigente, en investigación por otros entres de control".

Sin embargo, los gemelos Ulloa Rodríguez aseguran que ellos fueron los únicos que recibieron agresiones la noche del 18 de julio. "Nos lavaron con detergente y grabaron un audio cuando nos estaban maltratando, ahí se escuchaba cuando nosotros gritábamos y pedíamos auxilio".

Asimismo, Rosalba Rodríguez, madre de José Fernando y Manuel Eduardo, dijo en entrevista con El Espectador que estuvo en la estación de Policía y también recibió insultos y amenazas por parte de los uniformados. "A mí me llamaron a penas se los llevaron para la estación, yo vi como les pegaban. Fue terrible, los hubieran podido matar. Un patrullero se me acercó y me dijo que si no me iba, también me mandaban al calabozo".

Posteriormente, los hermanos fueron valorados en Medicina Legal, donde les dieron siete y 10 días de incapacidad y, donde una familiar, tomó las fotografías de las supuestas lesiones. Sin embargo, los policías la insultaron, afirma José Fernando.

Al día siguiente, el viernes de 19 de julio, estuvieron en la primera audiencia, les imputaron el delito de violencia contra funcionario público y una medida de aseguramiento domiciliaria. Las pruebas para ello, se concentraron, de acuerdo con los hermanos Ulloa, en una hoja de buen trato, que firmaron bajo supuestas amenazas en la estación, según argumentó la defensa de los gemelos en la audiencia, audio al que tuvo acceso El Espectador.

Sin embargo, el mayor Medina asegura que hubo amenazas en contra de la policía, pero que él no estuvo esa noche en la estación. "En la audiencia se reveló un audio donde se escucha la amenazas contra la estación y los patrulleros".

En contraste, en la misma audiencia, el fiscal de San Vicente de Chucurí, Adolfo Muñoz, declaró que los Ulloa "estaban bajo el estado de alicoramiento y en la estación se respetaron sus derechos civiles y su dignidad personal". Además, el fiscal Muñoz afirmó que, contrario a lo que dice José Fernando, las lesiones evidenciadas en las fotografías, fueron realizadas por el mismo joven con las rejas de la celda.

A pesar de que los Ulloa interpusieron la revocatoria de la medida, no fue aceptada. Por lo cual, el 22 de julio, Rosalba Rodríguez, madre de los hermanos Ulloa, presentó una queja ante la Personería Municipal. En el documento, se expresa toda la situación y se nombra específicamente a un patrullero del municipio. Además, la señora Rodríguez afirma que está indignada y pide que el caso sea enviado a otros organismos de control como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Por su parte, José Joaquín Vecino, personero de San Vicente, dice que se recibió el documento y se remitió a la Procuraduría. El 21 de noviembre, el caso se trasladó a los juzgados del municipio de Barrancabermeja, lugar donde se adelanta el proceso respectivo de este caso.