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La denuncia del caso de una menor indígena de la comunidad emberá que fue abusada sexualmente por un grupo de soldados en una vereda de Pueblo Rico, Risaralda, volvió a poner en la mesa el debate sobre las condiciones de vulnerabilidad que viven cientos de menores de edad en muchas zonas del país, que se han agravado con la coyuntura de la pandemia mundial del coronavirus.
Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señalan que los que encabezan la lista entre los tipos de violencia que más se han presentado, a lo largo del año, contra los menores son los actos conexos a presuntos delitos sexuales. Una conclusión soportada en números dramáticos: 6.479 reportes de este tipo de sucesos, 5.422 de los cuales tienen a niñas como víctimas directas. Eso solo en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2020.
Sobre esta situación, Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana (ANC), afirma que los delitos sexuales, antes y durante la cuarentena, siguen siendo un asunto de alarma. “Tenemos datos preliminares de Medicina Legal que arrojan que en el último año hubo 22.211 casos dentro de esta categoría tan escalofriante”, agrega Carvalho.
Y aunque las agresiones sexuales son una preocupación constante, representan tan solo la punta del iceberg cuando se habla de los problemas que afrontan niños, niñas y adolescentes, que se han exacerbado en medio de la pandemia, con las medidas de la cuarentena y el aislamiento obligatorio.
Según datos de la Policía Nacional, desde el 24 de marzo hasta la primera semana de junio se reportaron más de 838 casos de violencia intrafamiliar, en los que los menores fueron víctimas directas. Balance similar al entregado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según el cual entre la tercera semana de marzo y el 21 de abril se reportaron 15.850 llamados de emergencia asociados a este tipo de delitos.
A eso hay que agregarle las tasas de desnutrición que en el país ocasionan 400 muertes anuales de menores de edad y que Colombia es el segundo país con mayores índices de asesinatos a menores, con más de 711 homicidios registrados, según un ponderado realizado en 2019 por Medicina Legal.
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Para Alejandro Ruiz, asesor jurídico de Aldeas Infantiles, es claro que se debe poner la lupa sobre los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Norte de Santander en materia de seguridad hacia los menores, pues, asegura, se trata de departamentos propensos a mayores afectaciones a los menores por cuenta de las dinámicas de grupos armados ilegales, la escasa transparencia para desarrollar políticas públicas en sus territorios y porque desde comienzo del año evidenciaron en sus planes de desarrollo que las políticas de infancia no hacen parte de sus prioridades regionales.
En medio de la pandemia, según el ICBF, no hay evidencias de que se haya registrado una desaceleración en los delitos contra los menores y la única constante que se mantiene es que los índices de impunidad sobre estos casos siguen oscilando entre el 95 y el 97 %.
Hambre y COVID-19
En 2019 fallecieron más de 260 niños en el país por causas asociadas a la desnutrición, según Medicina Legal. A pesar de que esa cifra fue un 16 % menor a la reportada durante 2018, desde inicios de 2020 organizaciones como el ICBF se trazaron la meta de tener un alcance mayor en ayudas alimentarias para que estas cifras rozaran los ceros. Sin embargo, la emergencia sanitaria comenzó a ser un factor para que este tipo de problemas se convirtieran en algo insostenible en varias zonas del país.
Desde el inicio de la cuarentena, el ICBF logró obtener 400 toneladas de bienestarina para hacerla llegar a los niños con mayores riesgos de desnutrición en el país. Este tipo de medidas, a su vez, buscaban ser un suplemento de las deficiencias en los programas de alimentación escolar (PAE), que cambiaron sus dinámicas de entrega y se ralentizaron, especialmente en zonas rurales, según le comentaron a este diario desde la organización Ayuda en Acción.
Sobre el tema, María Isabel Cerón, directora de Ayuda en Acción Colombia, afirma que “los cambios en las dinámicas del PAE son una gran pérdida para las familias beneficiarias. También genera que los niños no reciban los suficientes nutrientes necesarios y eso les va a generar daños colaterales en un mediano y largo plazo. También algo que hemos notado en nuestros diagnósticos es que esta falta de alimentos en los hogares y el estrés, que de por sí genera el confinamiento, tiene como consecuencia mayores niveles de violencia física”.
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Hablando de casos puntuales, desde esta organización hacen un llamado sobre lo que está sucediendo en departamentos como Valle del Cauca, en donde desde el inicio de la cuarentena han fallecido trece menores por desnutrición. Tanto Cerón, como Andrés Portes, responsable del Programa de Infancia de la misma organización, sostienen que en este momento de la pandemia es difícil cuantificar cuántos niños han muerto en todo el país por causas asociadas a la desnutrición, pero que en zonas como en las que abarca la organización tienen cobertura de diagnósticos, como los Montes de María, La Mojana, Amazonas, municipios en la Orinoquia, Chocó, La Guajira y el norte del Cauca, los números deben estar iguales o más críticos que en la zona rural del Valle, donde ocurrieron dichas muertes.
“Recientemente, en los prediagnósticos que hicimos al norte del Cauca, vimos que en sus zonas rurales los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en las poblaciones rondaban el 100 %. Evidentemente, la falta de acceso al agua y un bajo alcance estatal hacen que la nutrición en las personas, especialmente en los niños, se dé bajo condiciones precarias. Si esta situación se traslada a otro sitio y seguimos en este mismo escenario pandémico, las cifras de muertes por desnutrición, o de casos clínicos menos traumáticos, en el mejor de los casos, pueden superar los niveles de los años anteriores”, puntualiza Portes.