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El Recuerdo, La Esperanza, El Triunfo y El Purgatorio… fuera de ser 4 de los 12 predios en los que Patricia Reyes encontró dividida su finca, irónicamente también resumen su historia. Esta bogotana recuerda que abandonó una propiedad en los 80 por miedo a las Farc y que el Gobierno la despojó de la propiedad, al adjudicarla en los años 90 a familias campesinas, pensando que era un baldío. Ella regresó al país esperanzada en recuperar su finca y a pesar de que triunfó cuando la Nación reconoció que se había equivocado, hoy es dueña sólo en el papel.
Las 348 hectáreas de la finca San Antonio, ubicada en el municipio de Icononzo (Tolima), siguen ocupadas por 12 familias, entre las que curiosamente no sólo hay campesinos, sino también algunos comerciantes, contratistas del Estado y hasta políticos. Hoy todos se niegan a entregar las tierras, a pesar de que el Incoder revocó la adjudicación que erróneamente hizo. Esta disputa, entre la dueña de la finca y los adjudicatarios, lleva cuatro años y hasta el momento parece no tener una salida concreta.
Por eso, con una maleta llena de documentos y un bastón que le recuerda el día en el que la guerrilla mató a su madre y por poco a ella, Patricia Reyes se mantiene entre las oficinas del Incoder y la Unidad de Restitución de Tierras buscando que alguien le ayude a resolver su dilema. Esta tarea se ha convertido en su única obsesión y, a pesar de que no tiene formación jurídica, le ha tocado enfrentar esta lucha sola, ya que ningún abogado se atreve a asumir su caso, por miedo a las amenazas.
La tragedia de Patricia Reyes Vargas, de 39 años, empezó el domingo 7 de septiembre de 1986. Ese día la guerrilla de las Farc mataron a su madre, a su hermana y a cuatro personas más, en medio de un ataque que estuvo dirigido contra su progenitora, por sus actividades políticas. Patricia, que para entonces tenía 12 años, recibió nueve tiros en la espalda y sufrió lesiones permanentes en su columna vertebral.
Después del crimen las amenazas contra su familia siguieron. Por eso, meses después de la muerte de su madre, abandonó el país. Pasaron 10 años, antes de que decidiera regresar. Fue cuando supo que su finca la habían dividido en 12 predios y estaba habitada desde unos años atrás. Al averiguar, encontró que la distribución de su propiedad la había hecho el propio Gobierno, a través del Incora (hoy Incoder).
Sin embargo, dicha adjudicación estuvo plagada de irregularidades. Según la ley, “para que un bien de dominio privado pase a ser baldío del Estado es necesario que previamente se adelante una extinción del dominio”. En este caso, el Incora hizo la adjudicación sin el debido proceso y sin verificar que éste era propiedad de la familia Reyes desde 1960, tal como lo prueba el certificado de libertad y tradición.
Patricia Reyes, en medio de amenazas de muerte que seguía recibiendo, emprendió la tarea de recuperar sus tierras. De inmediato, destacando las irregularidades que se dieron en la repartición de su finca por parte del Estado, ella le solicitó al Incoder que revocara de forma directa las 12 resoluciones de adjudicación. En 2010, la institución le dio la razón y las revocó.
La entidad reconoció que adjudicó una propiedad privada e inicialmente le devolvió la titularidad de ocho de los 12 predios. De los faltantes, tres están en proceso y a uno no se le dio trámite, porque no se pudo ubicar espacialmente. “Lo más irónico de este último predio es que el antiguo Incora sí pudo ubicarlo para adjudicarlo, pero hoy no lo encuentra para devolverlo”, aseguró Patricia Reyes.
A pesar de la decisión del Incoder, los ocho predios siguen ocupados, ya que las resoluciones de revocatoria directa no han sido suficientes para hacer efectiva la devolución de las tierras y parece no existir quién la haga cumplir. Según Miriam Villegas, gerente del Incoder, esto no es su responsabilidad, ya que la adjudicación no fue la que originó la ocupación y “la revocatoria no puede ordenar la restitución del predio, por cuanto dicha ocupación no se originó con la titulación”.
Algo distinto piensa el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Jesús Ricardo Sabogal Urrego, quien afirma que “el Incoder tiene competencia para resolver internamente todos los temas administrativos que tengan que ver con su misión, incluido el caso en el que tituló primero a una persona y luego a otra. Pero, por medio de restitución de tierras, también se podría materializar la decisión del Incoder, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de la Ley 1448 de 2011”.
Por esta razón, Patricia Reyes ya empezó el trámite en la Unidad de Restitución de Tierras con la intención de que su predio sea desalojado y restituido, pero la zona donde está ubicado el inmueble no está microfocalizada, es decir, en la zona no se ha implementado el registro de tierras. Para que una zona sea microfocalizada, trámite que no tiene límite según la ley, debe cumplir con dos requisitos: alto número de reclamación y condiciones de seguridad. Una vez se cumpla esta tarea en la zona, el proceso de restitución dura de 8 o 10 meses.
Al respecto, la abogada javeriana Catalina Rivera y las investigadoras en derecho María Alejandra Grillo y Carolina Bejarano, en un concepto emitido para El Espectador sobre este caso, aseguran que “la opción de reclamar los predios con el proceso de restitución de tierras para las víctimas del conflicto tiene ventajas relevantes, como son la celeridad del proceso y la inversión de la carga de la prueba”.
Lo cierto es que 27 años después de sobrevivir a nueve disparos, Patricia Reyes, sufre por un error del Estado que “antes de resarcir las heridas de la guerrilla o los paramilitares, debería arreglar lo que él mismo causó, porque en este caso es un victimario más”, afirmó Reyes a El Espectador. Además agrega que no tiene nada en contra de los adjudicatarios y que el problema es con el Estado. “Yo me pongo en los zapatos de ellos y sé que están de forma legal, porque el mismo Estado los colocó ahí”.
Son 12 familias las que hoy se perjudicaron por la equivocación del Estado y, durante casi 15 años, estas familias trabajaron la tierra en Icononzo (Tolima) creyendo ser sus dueños. Cada uno de los adjudicatarios del Incora tenía certificado de tradición y libertad, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que de nada sirvieron para mantener la adjudicación.
Luis Carlos Moreno, esposo de Carmen Rojas Aguas, adjudicataria del predio San Antonio, revocado por el Incoder, asegura que junto a su esposa ha trabajado la tierra para sembrar maíz y mantener el ganado, por lo que no van a desalojar la finca. Al igual que Moreno, Laureano Acosta Bohórquez, adjudicatario del predio El Purgatorio, también revocado por el Incoder, se opuso a la medida señalando que fue comprador de buena fe y se ha dedicado a trabajar la tierra, donde además pastan 50 vacas. Moreno agregó que “el Incoder se está lavando las manos y no quiere asumir la responsabilidad. Nosotros estamos legalmente en el predio, porque antes de adjudicar se avisó por los medios y no apareció ningún propietario”.
A lo que Miriam Villegas, gerente del Incoder, responde que “las adjudicaciones se realizaron, porque fueron los particulares quienes invocaron la titulación y afirmando cumplir con los requisitos exigidos. Por lo tanto, el error en el que se incurre al titular un área que no es baldío, no es exclusivo del Instituto, sino compartido con los solicitantes”.
Las 12 familias que creían ser los poseedores podrían quedar desamparadas jurídicamente ya que, según el concepto jurídico emitido sobre el caso por las investigadoras en derecho, en su calidad de adjudicatarios “no tienen la posibilidad de demandar al Estado, ya que la adjudicación de baldíos no genera derechos adquiridos”. Asimismo, según la ley el Incoder podrá revocar las resoluciones en cualquier tiempo, sin necesidad de contar con el consentimiento del titular.
De acuerdo con el Incoder, los antiguos adjudicatarios no tendrán posibilidad de indemnización. Frente a esta negativa, Julio Fuentes, miembro de la coordinación general de la Mesa Nacional Campesina, afirma que “el Estado es responsable de proteger al campesino, independientemente si estuvieron en tierras privadas. Por lo tanto, el Incoder debe reubicar y resolver el problema de los campesinos. El Instituto no puede desentenderse del tema porque fue el que cometió el error”.
Por lo pronto, en medio de esta batalla jurídica, a los errores del Incoder se suma la adjudicación de predios que no le pertenecen al Estado, una equivocación que tiene a Patricia Reyes en un trámite legal eterno y a 12 familias con la incertidumbre por no tener claro qué será de su futuro, cuando por casi 20 años pensaron que lo tenían resuelto con una tierra que no podrán conservar.
Qué es la revocatoria directa
El trámite de revocatoria consiste en determinar si el acto administrativo examinado cumplió con los requisitos legales. Particularmente el trámite de revocatoria de una titulación de baldíos se encargará de determinar si el predio era o no susceptible de ser adjudicado y si el solicitante efectivamente cumplía o no los requisitos para ser adjudicatario. En este caso, la misma entidad que toma la decisión revoca su propia resolución.