Las deudas con el país rural

Desigualdad, violencia, falta de instituciones y una desordenada utilización del suelo, principales problemas del agro en Colombia.

En Colombia, la tierra dedicada a la exploración minera supera con creces la dedicada a la producción de alimentos. En una década, la concentración de la propiedad en las manos de unos pocos no ha hecho sino crecer. Y el territorio ha sufrido un desarrollo desordenado, fuera de la órbita institucional, que afecta considerablemente el desarrollo humano del campesinado, un 32% del total de la población.

El próximo miércoles, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lanza el Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia rural: razones para la esperanza. En él se hace un profundo diagnóstico del pasado, presente y futuro del sector rural en el país, cruzado por décadas por el conflicto, la desigualdad y la pobreza.

El Espectador adelanta algunas de las revelaciones de este informe, que demanda un cambio en el modelo de desarrollo colombiano de cara a la deuda histórica por modernizar y democratizar el sector agrícola.

Pobreza y vulnerabilidad

Contrario a las mediciones tradicionales, que consideran que lo rural es cualquier cosa que no hace parte de la cabecera de un municipio, el informe argumenta que las dinámicas campesinas ocurren en un 75% de los municipios de este país. Con este nuevo abordaje, un 31,6% de la población del país es rural y habita un 94,4% de su superficie.

Si se le compara con los habitantes de las áreas metropolitanas del país, la población rural resulta ser más vulnerable (en términos de seguridad, capacidad económica, fortaleza institucional, composición familiar, capital humano y entorno ambiental). También es considerablemente más pobre. Entre 2002 y 2009, la brecha de pobreza entre las áreas rurales y las áreas metropolitanas pasó de 29,1% a 33,7%. En las áreas rurales la indigencia es del 29,1%, mientras que en las metropolitanas es del 7,1%.

Territorio desordenado

Colombia no ha logrado darle al territorio el mejor de los usos y tampoco ha logrado hacer cumplir las normas que organizan la utilización del suelo. Hoy viven 2,9 millones de personas en zonas de reserva, declaradas en la ley 2 de 1959. Además, solo se cultiva el 22,7% del área con vocación silvoagrícola y agrícola (4,2 millones de hectáreas) y se dedica más territorio para la exploración minera que para el consumo. El país se ha “ganaderizado”: 31,6 millones de hectáreas se dedican a la ganadería, cuando en realidad sólo 21,6 millones son aptas para la producción.

Adicionalmente, el país y el planeta se han transformado: han surgido nuevos asentamientos urbanos en áreas rurales y el calentamiento global amenaza con cambiar las condiciones climatológicas de muchas zonas, lo que también obliga al ejercicio de repensar, de cara al futuro, el uso del suelo.

La discriminación del campesinado

La población rural es hoy triplemente discriminada. La población del campo que vive por debajo de la línea de la pobreza es superior a la de las áreas urbanas. Asimismo, la violencia y la desigualdad entre las áreas urbanas y las rurales han excluido política, cultural y económicamente a los habitantes del campo.

De todos los campesinos, las mujeres son las que se llevan la peor parte. Según el informe, las mujeres campesinas registran altos niveles de indigencia, baja escolaridad y, entre otras, encuentran pocas oportunidades en el mercado laboral. Adicionalmente, resultan preocupantes los niveles de violencia a las que están expuestas, no sólo por cuenta del conflicto armado, sino por los niveles de violencia intrafamiliar, muchas veces subregistrados.

Orden social rural y desigualdad

Pese a las sucesivas reformas agrarias llevadas a cabo en la historia del país (1936, 1961 y 1968), Colombia no ha logrado desmontar las férreas estructuras del poder rural. Los grandes propietarios son sobrerrepresentados en el Congreso y los concejos municipales, los derechos de propiedad siguen siendo altamente informales (40% de los predios no tienen títulos) y existe un considerable atraso y desactualización en el catastro rural, lo que impide una correcta política fiscal que busque redistribuir la tenencia de la tierra.

El índice Gini (ver recuadro) de concentración de la propiedad no ha dejado de ascender durante toda la década, demostrando que antes que generar políticas más democráticas de tenencia de la tierra, el Estado ha permitido que pocos propietarios acumulen la tenencia del territorio rural en gran parte del país.

El descuido de la política agraria

En la última década el país presenció un deterioro considerable de las instituciones dedicadas al fomento y apoyo del desarrollo rural. Hace veinte años, Colombia contaba con seis instituciones dedicadas al desarrollo productivo y dos dedicadas al desarrollo rural. Al finalizar esta década, sólo quedan tres entidades dedicas a esta materia: el Ministerio de Agricultura, el Incoder y el ICA. El Incoder se ha deteriorado, los programas de asistencia al campesino existentes desde comienzos de los noventa se han extinguido y el Ministerio de Agricultura “se ha dedicado especialmente a atender empresarios”.

Al informe también le preocupa la reducción en los montos dedicados por el gobierno para el desarrollo rural y recomienda una reestructuración del Ministerio de Agricultura que rescate las instituciones creadas y se articule con las regiones y otras instituciones estatales.

Conflicto, narcotráfico y despojo

En el campo colombiano se suceden y traslapan los conflictos. La violencia guerrillera desvinculada de las reivindicaciones agrarias, la pugna por el control del territorio para el cultivo y la exportación de la droga y el desplazamiento y despojo de la tierra de los campesinos por parte de los actores armados han generado un dramático deterioro de la sociedad rural, evidenciado en los 6,6 millones de hectáreas despojadas o abandonadas entre 1980 y 2010 y los 3,6 millones de personas que han resultado desplazadas, según cifras de Acción Social.

Para revertir este oscuro panorama, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD recomienda emprender un amplio programa de restitución de tierras, que supere la informalidad en los derechos de propiedad. Así mismo, reparar a las víctimas, garantizando la seguridad de su vida y de sostenibilidad a su regreso, e identificar y castigar a los responsables de los crímenes cometidos.