DNP reveló sobrecostos por alumbrado público

Según la información recolectada por la entidad, en Bogotá, Barranquilla, Cáceres (Antioquia) y la Zona Bananera (Magdalena) se pagan los costos más altos de la tarifa del mercado regulado por el suministro de energía.

Codensa

Una evaluación realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con información recolectada en 703 municipios de Colombia, reveló graves desórdenes en cuanto a suministro de energía para alumbrado público: falta de interventoría y control, sobrecostos en las tarifas, mala calidad del servicio y ausencia de un plan de manejo adecuado de residuos, fueron algunos de los hallazgos.

Falta de control en la ejecución de los contratos

Según el informe del DNP, el 85% de los municipios consultados no cuentan con un interventor que haga seguimiento a la prestación del servicio de alumbrado.

Cabe aclarar que solo los municipios que operan a través de un tercero están en obligación de hacer estas interventorías. Respecto a ello, la evaluación encontró que sólo el 24.5% de aquellos que operan de manera indirecta las realizan.

Frente a esto, el director del DNP, Luis Fernando Mejía recomendó hacerlas teniendo en cuenta los beneficios que se generan. “La evaluación encontró que tener un interventor se asocia con mayores niveles de inversión, una mayor cobertura y una mayor iluminancia”.

El desorden en las tarifas

La evaluación encontró uno de los problemas más importantes: las brechas que van del cielo a la tierra entre las tarifas canceladas por los municipios consultados para el suministro de energía para el alumbrado público. Lea también: Prohíben cobrar el alumbrado público. 

De acuerdo a la entidad, en Bogotá, por ejemplo, el sobrecosto está en un 104%, lo que indica que el distrito está pagando el doble de la tarifa del mercado regulado. Igualmente, Cáceres (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y la Zona Bananera (Magdalena) registran sobrecostos.

Según el DNP esto se debe a las malas negociaciones que hacen las alcaldías a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público, lo cual afecta el gasto de los recursos públicos.

Por ello, propone que la Superintendencia de Servicios Públicos asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación, a la vez que solicitar a la Contraloría General de la Nación una auditoria excepcional para la prestación del servicio de alumbrado público.

"Se debe establecer una regulación para no permitir abusos con las tarifas de la energía para alumbrado púbico, pero mientras eso pasa, los municipios que tienen sobrecostos deben renegociar los contratos y disminuir esos costos, porque esto afecta la eficiencia del gasto público", indicó Mejía.

De otra parte, el informe precisó que en promedio se pagan 218.633 pesos en administración, operación y mantenimiento del servicio por luminaria. En cuanto a esos costos, la región de los Llanos registra el menor promedio con 78.389 pesos y la región Caribe la del mayor con 384.942 pesos por luminaria.

Además, en este ámbito el estudio encontró casos extremos como que en un municipio del país los gastos por administración, operación y mantenimiento por luminaria cuesta 5.559 pesos y en otro el costo asciende a 1.511.067 pesos. Puede ver: El hombre que arma el alumbrado público con tubos de PVC y energía solar.

Sobre esta heterogeneidad en las tarifas de energía y costos de operación, la entidad asegura que se deben precisamente a la falta de control.

De hecho, entre los datos de la evaluación revelan que sólo el 19,4% de los municipios visitados tiene sistemas de medición precisos para la verificación del suministro de energía.

En el 26,9% de los municipios no se verifica, en el 7,5% se hace según los datos de la interventoría, en el 26,9% se paga el suministro con información del cálculo realizado por el operador, en el 32,8% según inventario del municipio y en el 38,8% de los casos se paga según el inventario del comercializador.

Medio ambiente

Con respecto al tema ambiental, la evaluación encontró que el 55,1% de municipios encuestados no cuentan con un plan de manejo ambiental para la disposición de los residuos de alumbrado público, lo que puede llevar a que se haga una mala gestión de estos.