Dos niños son abusados cada hora en el país, ¿la cadena perpetua es la mejor opción?

La directora del ICBF, Cristina Plazas, y la abogada Mónica Roa, quienes están a favor y en contra de esta iniciativa, explican por qué sí deberían agravarse las penas y por qué no.

Archivo El Espectador y Cristian Garavito

Tras conocerse el crimen contra Yuliana Samboní, la niña de 7 años violada y asesinada el domingo al norte de la capital del país, el debate sobre endurecer las penas contra violadores infantiles resucitó. Las cifras alarmantes de abuso sexual reportadas por Medicina Legal, y la conmoción de este hecho revelan las posiciones divididas del país. (Lea: Yuliana Andrea Samboní: los lugares del dolor)

Entre las consignas lanzadas afuera de la clínica Navarra, donde estaba internado el presunto agresor de Yuliana, y en declaraciones del alcalde de Bogotá, el senador Jimmy Chamorro y el representante a la Cámara Efraín Torres, entre otros, está sustentada la idea de castigar con mayor severidad a los agresores. Mientras que, en el caso de Claudia López, el senador Navarro Wolf y la representante del Partido Alianza Verde Ángela Robledo, la apuesta está dirigida hacia otros frentes con el fin de cortar de raíz esta problemática.

Según las estadísticas, la casa parece ser el lugar más peligroso para los niños abusados, los agresores suelen ser sus familiares o algún conocido; es una excepción cuando la violación viene de un extraño. La edad entre 10 y 14 años representa el mayor riesgo para las niñas, pero en los niños el peligro aparece de los 5 a los 9.  Además, una violación después de la primera menstruación no solo expone a las niñas a contraer enfermedades de trasmisión sexual, ni afectaciones en la salud mental, sino la probabilidad de un embarazo no deseado.

Ahora mismo, bajo la custodia del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) se cuentan 23.574 casos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual. De ellos, 8.732 ingresaron este año. En entrevista con El Espectador, Cristina Plazas, directora del ICBF, y Mónica Roa, abogada y defensora de derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica, exponen sus opiniones sobre si agravar las penas para violadores es la mejor opción en Colombia.

¿Cree que la cadena perpetua para violadores de niños podría ayudar a que casos como el de Yuliana no se repitan?

Cristina Plazas: Esta medida sería disuasiva, porque le hace ver a los agresores las graves consecuencias de este acto. También sería preventiva, porque garantizaría que el agresor no esté en contacto con otras potenciales víctimas y así, obtendríamos el principio de la no repetición. Según expertos, hay altos índices de reincidencia y no se puede permitir la casa por cárcel porque los derechos de la niñez priman sobre cualquier otro derecho.

Mónica Roa: No creo que una agravación de las penas sea la solución. Esta siempre es la primera reacción y en muchos casos se logra endurecer los castigos, pero la gente lo olvida fácil. No nos sirven penas más gravosas si no se investiga. El problema aquí es preguntarnos por qué no hay condena, por qué no se investiga por parte de la Fiscalía y por qué no se condena por parte de los jueces. Es más, las penas que ya existen son gravosas, aquí no hay un problema con endurecer los castigos porque un feminicidio, por ejemplo, implica un número considerable de años en prisión, pero de nada nos sirve porque no hay condena.

Colombia ha suscrito varios tratados internacionales en los que está obligado a no revivir la pena de muerte o cadena perpetua. ¿Podría el Estado hacerlo?

C.P.: Ningún país, ninguna sociedad puede permitir que a criminales como estos se les otorguen beneficios como la casa por cárcel. Los derechos de la niñez priman sobre cualquier otro derecho.

En países con altas cifras de abuso sexual en menores, ¿conoce usted alguna iniciativa exitosa que Colombia debería implementar? 

M. R.: La iniciativa es la educación sexual. Debemos formar una concepción más sana sobre la sexualidad y más respetuosa. La apuesta tiene que ser por educar a los niños, ellos deben saber cuáles son sus partes privadas y que nadie los puede tocar ahí. El Consejo de Europa recomienda enseñarle a los menores que ellos tienen el derecho de permitir o no que alguien los toque, incluso con juegos como mordiscos en la cola. Desde pequeños hay que educarlos para que se reconozcan con respeto, que aprendan a nombrar sus genitales mediante las palabras apropiadas, que identifiquen una caricia y un abuso. Es una obligación que los pequeños interioricen el concepto de mi cuerpo es mío.

¿En esa lógica, cuál debe ser el paso a implementar en este momento?

C.P.: Este martes, el Partido de la U radicó en el Congreso el proyecto de acto legislativo para penas de cadena perpetua, y esperamos que exista la voluntad política para una aprobación.  

M. R.: Primero, asegurar que la justicia funcione con penas ejemplarizantes y segundo, un esfuerzo de trasformación cultural en prevención; no nos sirve hablar de castigo si lo que se busca es que no pasen estas cosas. Hablar de la pena implica que solo vamos a hacer algo después de que ocurran las cosas.  Incluso, el debate más importante ahora es hablar sobre educación sexual. 

¿El sistema carcelario del país está preparado para implementar la cadena perpetua? 

C.P.: ¡Ah no! ¡Entonces cómo no hay cárceles, que los violadores estén en la calle poniendo en peligro la vida  y la integridad de nuestros niños! 

Cada día en Colombia son violadas por lo menos 21 niñas entre 10 y 14 años. ¿Qué lectura le da usted a estas cifras tan alarmantes? ¿Qué nos pasa como sociedad?

C.P.: El país está en deuda de fortalecer el núcleo de toda sociedad que es la familia. Necesitamos fortalecerlas en pautas de crianza, resolución de conflictos. La familia no puede seguir siendo una semilla de todas las demás violencias del país.  

M. R.: Yo me hago la misma pregunta todo el tiempo. ¿Cómo generar una conciencia ciudadana que exija respuesta y justicia? no solo para este caso, sino para la otra cantidad que se van normalizando. De pronto los demás no tienen el componente morboso que tiene el crimen de Yuliana Samboní, pero ¿cómo hacemos para exigir justicia y que haya una voluntad política para investigar y condenar?

¿Qué pasa con la denuncia? ¿La gente se atreve a denunciar estos casos?

C.P.: La violencia sexual se da en todos los estratos. La característica es que en los estratos altos se aborda de manera distinta. Se guarda silencio y por eso hay tanta impunidad. Es claro que cada vez hay más conciencia entre los ciudadanos sobre el deber de la denuncia y más canales. Sin embargo, todavía nos falta mucho. No podemos olvidar que el hecho de que gran parte de los agresores sean familiares o conocidos de las víctimas implica temor, y les pone una mordaza.

M. R.: Hay casos donde los agresores hacen sentir culpable a los niños, y por esa razón es que no denuncian. En otros, cuando denuncian no les creen y a veces se denuncia pero no se investiga, no se condena. Son tan pocas las situaciones donde de verdad hay una pena ejemplarizante, que se convierte en un ejemplo para las víctimas a no hablar, y un incentivo para que los agresores pueden hacer lo que quieran sin ninguna consecuencia.

En el primer día de funcionamiento, ¿cuántas denuncias recibió la nueva Línea de Atención 141 del ICBF, para la seguridad y garantía de derechos de los menores?

C.P.: La Línea 141 está cumpliendo su objetivo. En su primer día de funcionamiento el promedio de denuncias aumentó en un 47% comparado con el promedio regular. Pasamos de 6.659 a 10.559 llamadas por día. Pero lo más significativo es que las denuncias de violencia sexual aumentaron un 300%. El promedio era de 10 diarias y ahora es de 31. Estamos empezando a derrotar la pasividad de los colombianos frente a la denuncia. Ese es el primer paso para que los agresores no puedan repetir sus abusos.

¿Cuál es la ruta de atención para un menor que fue abusado sexualmente y entra al ICBF para proceso de restablecimiento de derechos?

C.P.: En el momento en que el Instituto recibe una denuncia sobre un caso de presunta violencia sexual, un Defensor de Familia y su equipo se moviliza hasta la dirección reportada para comprobar la denuncia y verificar los derechos de la víctima. Dependiendo de los hallazgos, activa la ruta con las entidades competentes para brindar la atención oportuna e integral que se requiere. No podemos olvidar que todo caso de violencia sexual es y debe ser tratado como una urgencia médica y que además la víctima debe recibir todo el apoyo necesario para su denuncia.    

Todos los días aparecen casos de violencia no solo contra niños sino contra mujeres, ¿cuál es para usted el origen de la indiferencia? 

M. R.: Por un lado, nos vamos acostumbrando a que las mujeres se les pega y cuando vuelve a ocurrir no es noticia. Además, existen prejuicios, por ejemplo, que las mujeres dicen mentiras y que no hay que creerles cuando denuncian. Lamentablemente, solo cuando llegan casos tan aberrantes y dolorosos es que se abre la ventana de una realidad que vemos poco. Es fácil pensar que el violador es un enfermo y que este caso de Yuliana es aislado, y no, el problema es que no generamos mecanismos de protección más profundos que una pena.