Urge un plan pedagógico para orientar a los consumidores

Dosis mínima: vacíos frente a sustancias no clasificadas

El Espectador le tomó el pulso a la rumba bogotana y al consumo de sustancias no clasificadas como el LSD o el éxtasis en la ciudad. Un mundo casi desconocido a la luz de las cifras oficiales, que apenas reconocen 452 casos de excesos.

Una pastilla que Mateo Rodríguez le compra a su “dealer” le puede costar entre $25.000 y $30.000. Getty Images

Mateo Rodríguez* llegó un sábado con dos amigos a un reconocido bar de música electrónica en el centro de Bogotá. Hace cuatro años empezaron a escuchar techno en sus casas y desde entonces empezaron a asistir a bares especializados en ese tipo de música. El bar abre las puertas a las diez de la noche y las cierra a las seis de la mañana del siguiente día. Son ocho horas en las que nadie puede sentarse, donde las luces atraviesan los cuerpos laxos por las drogas y la música. En estos bares, las fiestas son largas y, según Rodríguez, es muy común la escena de personas acudiendo a dulces y energizantes para aguantar la extensa noche. (Lea: Así es el negocio de las drogas sintéticas)

No obstante, como no hay sillas y hay que estar de pie durante toda la noche, son muchos los que acuden a sustancias alucinógenas poco conocidas masivamente pero fáciles de conseguir en ese tipo de establecimientos. Una de esas sustancias es el LSD, que Rodríguez probó esa noche junto a sus amigos. Cuenta que, ante la densidad de la noche, tuvo curiosidad por probarla y experimentó una sensación agradable: “Tenía mucha energía, la música se sentía diferente, algunos de mis sentidos se agudizaron y sentía una felicidad inexplicable”. Desde ese día es un consumidor recreativo de la sustancia. Por lo general, Rodríguez dice que consume LSD o éxtasis dependiendo de la fiesta y de la compañía. Otras veces hay marihuana, 2CB o cocaína, pero trata de no combinarlas. (Lea: Así se mueve un dealer de marihuana en tiempos de persecución)

Aprendió a conseguir la droga con un dealer de confianza, porque en los bares o clubes no sabía qué era lo que le estaban vendiendo. Por eso, cuenta, con el tiempo fue conociendo personas que le ofrecían sustancias que para él eran confiables y le daban las sensaciones que buscaba. “No le puedes comprar a cualquiera. Los precios varían de acuerdo con lo que el cliente busque”. Por ejemplo, según él, una pastilla de éxtasis le puede costar entre $25.000 y $30.000; un papel impregnado con LSD vale entre $20.000 y $25.000, y un gramo de 2CB, $90.000. (Lea: El laberinto jurídico frente a la dosis personal)

Desde que el presidente Iván Duque anunció que firmará un decreto, en desarrollo del Código de Policía y del Acto Legislativo 02 de 2009, que le da vía libre a la Policía Nacional para que incaute cualquier tipo de droga o de alucinógenos en la calle, la polémica no cesa, y menos con este tipo de sustancias de las que poco conoce la sociedad. (Lea también: En Colombia se arman porros con nueve híbridos de marihuana)

Así las cosas, Rodríguez cree que el decreto que firmará el Gobierno no lo afectará. “No creo que me perjudique la forma en la que consigo las sustancias. O bueno, por lo menos mi forma de hacerlo, pues siempre trato de ser muy prudente con eso. Nunca lo hago en la calle y procuro llegar al bar con mis cosas compradas. Normalmente no ando con droga en los bolsillos y, cuando la tengo, es fácil de ocultar, al ser pequeñas pastillas y pedazos de papel”. Para él, este decreto será fácil de burlar y va dirigido a consumidores de sustancias como marihuana, ya que son más fáciles de identificar por su peso u olor. (Le puede interesar: Marihuana medicinal, la industria para mejorar la calidad de vida)

Pero, para el primer mandatario, esta estrategia servirá para frenar el microtráfico y prevenir el consumo entre los niños. En otra orilla se encuentran los que están en contra de la medida porque aseguran que no se sostiene en ninguna evidencia que asegure que la prohibición disminuirá el consumo y creen que lo que hará será incrementar el abuso policial, la violación de los derechos humanos y la estigmatización del consumidor.

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De acuerdo con el constitucionalista Juan Manuel Charry, esta medida reglamenta lo que estipula el Código de Policía frente a las sustancias ilícitas. “Solo se prevé la destrucción de sustancias prohibidas y se encuentra prohibido el porte de sustancias estupefacientes o narcóticas, de manera que con el Código de Policía existe la norma que les permitiría a las autoridades de Policía incautar la droga que lleve una persona sin justificación médica y destruirla. Lo que hace el decreto es precisar el procedimiento”.

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Para Charry, los detractores también han calificado esta medida como regresiva porque en materia penal se castiga el porte de sustancias prohibidas con prisión, pero la Corte Constitucional dice que hay unas dosis personales que no son objeto de sanción penal. “En ese orden de ideas, muchos dicen que ‘si no está penalizado, ¿por qué hay una norma que me impide portarla’? Jurídicamente es válido, porque una cosa es la reglamentación penal y otra cosa son las normas policiales. Usted puede consumir estupefacientes, pero no los debe cargar en sitios públicos”.

No obstante, Julián Quintero, sociólogo y activista de la ONG Acción Técnica Social, cree que el decreto no tiene nada de nuevo y, por el contrario, está fijando un nuevo proceso administrativo para el Código de Policía. “Esto apunta más a responder a unas promesas de campaña bajo a una estrategia conocida como el populismo punitivo, es decir, que le hacen pensar a la gente que metiendo a las personas a la cárcel se resuelven todos los problemas, y contrario a esto lo que sí se evidencia es que meter gente a la cárcel no reduce el consumo”. (Lea: Así camina América Latina en políticas de drogas)

Mateo hace parte de los 452 consumidores que en los últimos tres años se han excedido en el uso de sustancias no clasificadas, como el LSD o el éxtasis, según datos del más reciente informe de Bogotá Cómo Vamos. Pese a la alarmante cifra, no se equipara con los 5.766 consumidores de marihuana o los 12.535 de alcohol en Bogotá en el mismo período.

Ante este panorama, afirma Quintero, la pedagogía será la única herramienta para que tanto usuarios de estas drogas como autoridades sepan cómo proceder: “La gente debe saber cuánto es el consumo, generarle las condiciones a la gente de acceder a drogas de calidad a bajo precio, y hay que preparar a la Fuerza Pública en educación para que la gente aprenda a meter”. (Lea: Sin químicos ni violencia: la marihuana hecha en casa)

Además, para el experto en psicoactivos, Colombia primero debe tener un sistema de salud robusto y muy bien preparado para recibir a los usuarios de las distintas sustancias. “Necesitamos un sistema de salud que conozca muy bien a los pacientes, que tenga claro que el 90 % de los consumidores no tiene problemas derivados de su consumo y que cuando un paciente vaya a consultarlos por el tema de consumo de drogas, no lo regañen y estén preparados para entender que hay personas que toman decisiones de ese tipo y que el médico tiene como función orientarlas para disminuir los riesgos y los daños”.

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Lo único cierto, y en lo que coinciden los expertos, es en que una regulación de los mercados de sustancias ilegales para que las personas puedan acceder a las drogas en un contexto legal es necesaria, bajo regulaciones muy estrictas, con asesoría especializada y estandarizada en su producción.

Coinciden también en que consumidores como Mateo necesitan que el Estado les brinde educación en el consumo de sustancias psicoactivas para conocer los posibles efectos secundarios que se derivan. Por ejemplo, en una ocasión Mateo cuenta que tuvo una mala experiencia con las drogas y quienes le ayudaron a tranquilizarse fueron sus amigos y personas de confianza, que también tienen un conocimiento empírico sobre el tema de drogas.

*Nombre modificado para proteger a la fuente.