Ejército responsabiliza a Eln de confinamiento de 2000 indígenas en el occidente antioqueño

Aníbal Gaviria manifestó que en esa zona, por temas de seguridad, no es posible realizar desminados humanitarios, por eso la única forma que actualmente tienen es el desminado militar.

Foto: archivo

El recrudecimiento de la violencia en el país parece no dar tregua. Solo en lo corrido de 2021 se han registrado confinamientos en Buenaventura por enfrentamiento entre bandas criminales y desplazamientos en Norte de Santander por disputa de territorio entre grupos armados ilegales. A eso se le suma la crisis humanitaria que actualmente viven más de 2000 hombres y mujeres indígenas Embera Eyabida que habitan en los municipios de Dabeiba, Frontino y Murindó, occidente antioqueño, por los enfrentamientos entre grupos armados y la presencia de minas antipersonal, que derivaron en un confinamiento obligado de las familias.

“Solicitamos urgente una comisión humanitaria para la comunidad de Cañaveral, Amparrado alto y medio, la comunidad está confinada. Llevamos más de 15 días amenazados por actores armados”, es el testimonio de un miembro de la comunidad indígena Embera que pidió reservar su nombre por seguridad.

Esta situación no es nueva para los más de 8000 indígenas que habitan en el occidente antioqueño, pues la Organización Indígena de Antioquia (OIA) viene denunciando esta situación desde el 2017. “De manera paulatina comenzó a aumentar. Para 2019 y 2020, ya había una presencia armada mucho mayor, especialmente en enero de 2020”, detalla Wilfer Sánchez, vocero de la OIA. Sin embargo, las comunidades no han recibido la atención humanitaria pertinente por parte del Gobierno Nacional, ejemplo de esa situación son los seis indígenas que murieron en 2020 tras caer en campos minados. A los hechos se le suma la amenaza colectiva que recibieron 26 resguardos indígenas que se encuentran en zona rural de Dabeiba. Mediante un panfleto, presuntamente firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), les exigieron no salir de sus casas si no querían poner en riesgo sus vidas.

La Organización Indígena de Antioquia asegura que hasta el momento no ha sido posible determinar a qué grupos pertenecen los hombres que hacen presencia armada en los territorios indígenas, por lo que se hace un llamado a la institucionalidad para que se investigue a fondo de quienes serían los posibles responsables que están operando en esta zona.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que tras un consejo de seguridad que tuvo lugar en Murindó, el Ejército Nacional pudo establecer que los responsables son miembros del Eln. “Este delito de lesa humanidad, denunciado por las comunidades indígenas fue ratificado en un audio por uno de los cabecillas del Eln”, agregó el general Juvenal Díaz Matheus, comandante de la Séptima División del Ejército, quien rechazó este tipo de acciones.

La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 009-19 de febrero de 2019, alertó que se encuentran en situación de riesgo aproximadamente 23.378 habitantes de Dabeiba. De los cuales el 8.921 se encuentra en la zona urbana y 14.457 en área rural, de estos 3.626 son indígenas de la etnia Embera Eyabida. En esa misma alerta explican que en la zona hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia del Frente 36 de las FARC-EP.

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Entre las afectaciones directas que hoy viven las familias está el no acceso a los cultivos de pancoger, ni la libertad para salir al campo y poder cazar animales como de costumbre, que repercute en una crisis de hambre. “Son múltiples las afectaciones que tienen que vivir las comunidades con este tipo de flagelos, sobretodo cuando las tácticas de guerra tiene que ver con siembra indiscriminada de minas antipersonal. Esa práctica nos sigue preocupando porque no solo se viene presentando en la zona del departamento en mención, sino también en municipios como Murindó y Vigía del Fuerte”, sostiene Sánchez.

El alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, dijo a El Espectador que actualmente no tienen información oficial de lo que está pasando en los resguardos, porque son pocas las familias que se desplazan hasta el casco urbano del municipio. Sin embargo, si confirma el miedo que hay por los campos minados. “Según la información que nos ha llegado hay confinamiento porque hay temor de aparatos explosivos en la zona. A raíz de eso el indígena no sale, después de ciertas horas. Precisamente, por ese asunto, el 10 de febrero llega una comisión verificadora a la zona. La comisión va a verificar y comprobar que está pasando. Y ver si permiten un desminado, pues a los indígenas no les gusta que las fuerzas militares entren a sus territorios, entonces se hará un desminado civil”, detalla Urrego.

A su turno, el gobernador de Antioquia manifestó que en esa zona, por temas de seguridad, no es posible realizar desminados humanitarios, por eso la única forma que actualmente tienen es el desminado militar. “Solo se autoriza el desminado humanitario cuando se haya confirmado la no presencia de grupos armados en el territorio”, explicó Gaviria.

De acuerdo con un informe de Descontamina Colombia, entidad para la acción integral Contra Minas Antipersona, el departamento de Antioquia es el más golpeado por los campos minados. Entre 1990 y febrero de 2019, por ejemplo, hubo 11.718 víctimas por minas antipersonal en el país, de las cuales 2.550 fueron de Antioquia. Entre tanto, las comunidades indígenas no se desplazan hasta los cascos urbanos por dos razones: por los largos trayectos que oscilan entre un día y tres días de camino, “y por política organizativa los pueblos indígenas de Antioquia, que han decidido nunca desplazarse hacia los cascos urbanos, sino hacer desplazamientos internos, por lo que familias de una comunidad acogen a las familias de otras”, explica el vocero de la OIA.

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Blanca Ligia Bailarín, Gobernadora Mayor de Frontino, asegura que las familias se encuentran confinadas en un solo lugar, sin posibilidad de acceso a “cultivos ni educación”, más el riesgo de ser víctimas de “amenaza, muertes y violaciones”. Uno de los miembros indígenas que se encuentra en territorio y que pidió reserva con su nombre, narró que “hay personas amarradas por ambos lados, que se encuentran secuestrados. Pido que sean liberados y que no les hagan daño. Están siendo afectados verbal y psicológicamente. Estoy asustado (...)”. Frente al tema de los secuestros, la OIA dijo que aún se encuentran en proceso de verificación.

Durante el 2020 estas comunidades recibieron ayudas alimenticias por parte del gobierno departamental. Sin embargo, el problema es más profundo y requiere de una intervención humanitaria en otros aspectos. “Como OIA siempre hemos insistido en que es necesario un acompañamiento humanitario y civil, no militar. Hay que llevar una respuesta institucional y hacer un verdadero acompañamiento para permitir que estas familias que están en confinamiento y en riesgo de desplazamiento no tengan que salir de sus comunidades, pues el riesgo de exposición sería mayor”, concluye Sánchez.

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