El asesinato del profesor Rolando Pérez: 11 años en la impunidad

El 23 de febrero de 2007 falleció el periodista cubano. El homicidio, que ocurrió en su casa en Cartagena, puso en evidencia la homofobia de las autoridades y reavivó la lucha LGBT en el Caribe.

En febrero de 2015 se reabrió el caso de Rolando Pérez y está asignado a un fiscal destacado para asuntos LGBT. / Cortesía

No había mañana que no empezara con una taza de café. Rolando Pérez Pérez era un madrugador, amante de la salsa y profesor consumado; su pasión por la docencia desbordaba cuando se ponía de pie en un salón de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Quizá por eso lo amaba tanto el estudiantado; era inevitable no contagiarse con su energía. Este viernes estaría ultimando en Cartagena los detalles de su cumpleaños número 53, pero hace 11 años fue asesinado en su propia casa sin que la justicia hoy sepa quién es el responsable. (Lea aquí: Activista gay que fue asesinado es recordado con esta carta por su pareja)

La mañana del 23 de febrero de 2007, Pérez fue atacado con un martillo ancestral. Un día después, su cuerpo fue hallado sin vida en la vivienda del barrio Torices. Edgar Plata Chacón, su pareja en ese entonces, fue una de las primeras personas en llegar al lugar después de que una llamada lo alertara. Sumado al dolor por la muerte de la persona con la que soñaba tener hijos, casarse y viajar, Plata tuvo que soportar las palabras de la Policía que justificó ese homicidio por tratarse de un hombre homosexual. (Lea aquí: El día en que la Policía justificó el homicidio de un activista gay por “promiscuo”)

El entonces comandante de la Policía de Bolívar, Carlos Mena Bravo, dijo entre los presentes que se trataba de “un caso de maricones… es un crimen pasional, lo mataron por maricón”. Minutos después, frente a la mirada atenta de los medios de comunicación, el uniformado agregó: “todo indica que los móviles fueron absolutamente pasionales por cuanto este ciudadano llevaba una vida desordenada, era promiscuo y, en su condición de homosexual, tenía varias personas como pareja...”. No habló del profesor de la Tadeo, del amigo de Claudia y Liuba y del novio de Edgar. Era solo un hombre gay.

 

Sus declaraciones incidieron en el curso que tomaría la investigación judicial. La Procuraduría consideró tiempo después que esas aseveraciones podrían influir de manera negativa en el esclarecimiento de los hechos y le pidió al director de la Policía que estas conductas no se repitieran. Según Plata, efectivamente el proceso judicial se congeló por cuenta de la “homofobia” y “discriminación” de las autoridades colombianas.

“Esas palabras de Mena más las otras actitudes de la Fiscalía y la negligencia en el levantamiento del cadáver hicieron que el caso se dilatara y se perdieran muchas pruebas circunstanciales. El desarrollo de la investigación se vio completamente detenido, congelado, cuando se enteraron de que Rolando era una persona de la población LGBT”, recuerda la expareja de Rolando.

Desde 2007, el proceso sigue en etapa de investigación y aún no hay ninguna persona imputada o condenada por el asesinato, pese a que está priorizado por la Fiscalía. Los amigos de Rolando se unieron para dar la pelea y no dejar que otra víctima LGBT pierda su derecho a la justicia por amar a una persona de su mismo sexo. Con esa concepción, nació la Corporación Caribe Afirmativo, que incluso llevó en 2014 el caso al sistema interamericano de derechos humanos, donde espera que el Estado colombiano sea condenado por negligente.

Rolando Pérez rodeado de amigos, varios de los cuales crearon una organización en su memoria. / Cortesía

El legado de Rolando

Según datos de la Corporación Caribe Afirmativo, entre los años 2007 y 2016, se han registrado un total de 160 casos de homicidio contra personas LGBT en la región Caribe. El panorama sigue siendo desalentador, pero, por cuenta del caso de Rolando, hoy hay una movilización fortalecida y visible que no deja que los prejuicios hagan de las suyas. Inició una nueva etapa del activismo LGBT que venía trabajando en esta zona del país por reivindicar sus derechos. (Lea aquí: Indígenas trans, las rebeldes de Santuario)

La Fiscalía también trabaja ahora en esa línea. El ente acusador ya cuenta con fiscales especializados en temas LGBT para no cometer errores en las investigaciones de estas violencias. Junto a Caribe Afirmativo y USAID, ha trabajado por capacitar a los funcionarios.    

Gina Cabarcas Maciá, de la dirección de apoyo a la investigación y análisis para la seguridad ciudadana de la Fiscalía, explica que desde hace cinco años comenzó el proceso de investigación de la violencia contra personas LGBT. Eso implica que los casos de agresión contra personas LGBT sean priorizados, es decir que los fiscales, dentro de toda su carga laboral, trabajan primero esos casos y les dedican más recursos.

“Entre 2012 y 2017 tenemos 937 casos de homicidios, actos de discriminación, amenazas, lesiones personales y violencia intrafamiliar contra personas con una orientación sexual o una identidad de género diversa. Hemos logrado duplicar las tasas de imputación; hemos doblado el esfuerzo para poder esclarecer los hechos”, afirma Cabarcas.

En todos los departamentos del Caribe hay fiscales destacados. La semana pasada, 13 de ellos asistieron a un encuentro en Barranquilla para socializar las buenas prácticas a la hora de investigar un crimen contra una persona lesbiana, gay, bisexual o trans. El evento fue organizado por Caribe Afirmativo y el programa de derechos humanos de USAID.

“En gran parte, la no aplicación de las leyes se debe a la formación de los funcionarios públicos, sus prejuicios llegan a entorpecer. Sí, algo ha evolucionado de diez años para acá, pero no lo que debería”, concluye Plata, quien sigue esperando a que le digan quién mató al hombre que amaba.

Rolando está ausente, pero se convirtió en la bandera de la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI del Caribe colombiano. En su memoria, hay una batalla para no dejarse denigrar ni por el mismo Estado.

*Este artículo fue posible gracias a la invitación del programa de derechos humanos de USAID.