El capo que se adueñó de tierras indígenas

A través de testaferros, Jaime Alberto Mejía González se apropió de estos terrenos. Esta es la historia de un desconocido jefe del cartel del norte del Valle admirado por Wílber Varela.

Los predios que compraron los testaferros de Jaime Alberto Mejía corresponden a un resguardo indígena kogui, malayo y arhuaco.  / El Espectador
Los predios que compraron los testaferros de Jaime Alberto Mejía corresponden a un resguardo indígena kogui, malayo y arhuaco. / El Espectador

Jaime Alberto Mejía González era un de socio de Wílber Varela (alias Jabón) a quien éste le profesaba respeto y admiración. Nunca ocupó titulares de prensa como Jabón o Los Comba pero, al igual que ellos, siempre fue considerado por las autoridades un narcotraficante de primer nivel. En Estados Unidos aceptó cargos e incluso acordó no apelar su sentencia si ésta no sobrepasaba los 27 años de prisión. Y tenía una red de testaferros tan eficiente, conformada por casi toda su familia, que por poco le arrebata a un resguardo kogui, malayo y arhuaco 559 hectáreas que, además, están situadas en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta.

Hace unos días, la Fiscalía le pidió a la Superintendencia de Notariado y Registro que examinara los registros de dos predios rurales de Santa Marta llamados Don Diego I y Los Acantilados. Para el organismo, es primordial esclarecer cómo fue que uno de los jefes del cartel del norte del Valle se adueñó de ellos y hasta la fecha, con base en certificados de libertad y tradición, ya ha armado buena parte del rompecabezas: Los Acantilados y Don Diego I, de 227 y 332 hectáreas respectivamente, fueron adquiridos el 3 de febrero de 2006 por Hacienda Ganadera S.A. Ambas transacciones se hicieron en la Notaría 24 de Bogotá, por $468 millones cada una, a pesar de que un predio tenía 105 hectáreas más que el otro.

Registros de Cámara y Comercio mostraron que Hacienda Ganadera S.A. se conformó en 2001, que los directivos eran Óscar Aníbal Mejía Jaramillo y Sara González de Mejía, los padres del capo Jaime Alberto Mejía y sus hermanos, Aníbal y Marco Aurelio Mejía González, los accionistas. Entre mayo y octubre de 2010, Hacienda Ganadera S.A. le vendió los predios a una sociedad registrada en Panamá de nombre Venture Partners Inc. De nuevo, el valor de la venta coincidió en ambas transacciones con exactitud: $307’120.000. Venture Partners Inc. fue registrada en Panamá el 16 de julio de 2010, a pesar de que el primer negocio con Hacienda Ganadera S.A. se hizo el 6 de mayo de 2010.

Rápidamente el despacho 13 de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía estableció los vínculos entre la firma panameña y el ‘narco’ Mejía González. Como gerente figuraba Carolina Herrera, su última compañera en Colombia. Como secretaria, Silvana Mejía Bandera, su media hermana. Y como presidente, Óscar Aníbal Mejía Jaramillo, su padre. Las resoluciones 164 de 1977 y 029 de 1994 confirman que estos terrenos hacen parte de la Sierra Nevada, pero lo que sí ha quedado en evidencia al revisar sus antecedentes es que fueron negociados por varios privados durante décadas.

Irónicamente, que Mejía González adquiriera los predios resultó siendo el camino para que el Estado, el parque y los indígenas los recuperaran. A Don Diego I lo atraviesa la quebrada Perico Aguado; a la extensa playa de Los Acantilados lo baña el mar Caribe. De acuerdo con John Jairo Restrepo, jefe del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, en estos predios hay una zona de humedal que es objeto de especial protección y de recuperación y existen especies importantes de fauna y flora como el caimán aguja, la babilla, tres de las cuatro especies de mangle que hay en el Caribe colombiano y tres tipos de tortuga que están en peligro de extinguirse.

El 9 de abril del año pasado la Fiscalía embargó los terrenos y, poco después, por decisión de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) pasaron a manos de Parques Nacionales. Todo estaría en buenos términos si no fuera porque una tutela que se interpuso hace menos de dos semanas prendió de nuevo las alarmas en la Fiscalía. Un hombre identificado como Javid Antonio Orozco Galindo reclama haber firmado un contrato de arrendamiento, con vigencia de cinco años, antes de que la Fiscalía hiciera las respectivas incautaciones, y señala que en nombre de los derechos al debido proceso y al trabajo él puede seguir explotando económicamente los terrenos.

Esa misma información la envió Orozco Galindo a Parques Nacionales en octubre del año pasado y de ello fue notificada la DNE en noviembre. “Independientemente de si el contrato es legal o no, el señor Orozco acreditó que era de ganadería, actividad no permitida en esas tierras. La ganadería afecta la flora por el monocultivo de pasto; la vegetación nativa, las especies de fauna como aves y reptiles, y contamina el suelo por las heces y la orina de los animales”, explicó John Jairo Restrepo. No deja de llamar la atención tampoco que, como lo especificó Orozco Galindo en su tutela, el arriendo que acordó pagar es de $3 millones mensuales. Fuentes de esa zona le aseguraron a El Espectador que, con un terreno de más de 500 hectáreas, esa suma es irrisoria.

Jaime Alberto Mejía González tiene 40 años de edad. Exmiembros del cartel del norte del Valle le han contado a la Fiscalía cómo el gran capo Wílber Varela, alias Jabón, lo respetaba y admiraba por su manera de manejar el negocio: Mejía le compraba la droga a alias Amapolo —supuesto nexo del jefe de las Farc Pablo Catatumbo—, la enviaba a Estados Unidos por una ruta propia desde el Atlántico y, con su pasaporte norteamericano, compraba sin problemas un tiquete de avión para viajar a recibir el cargamento y personalmente supervisar su distribución. Hacía el tiro de esquina y a la vez remataba al arco.

Perro o Fred. Con esos alias lo identificó la justicia norteamericana, que en octubre de 2009 elaboró un indictment (acusación) en su contra. En éste se lee que entre 1997 y 2006 Mejía González comercializó droga. Él mismo admitió ante el juez Nicholas Garaufis, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que la Fiscalía tenía grabaciones suyas negociando cargamentos de 150 kilos de cocaína. Se había negado inicialmente a aceptar cargos, pero ante el peso de las evidencias no tuvo de otra que negociar con la Fiscalía del país del que se había hecho ciudadano en 1996. La Fiscalía da por descontado que su pasaporte norteamericano fue una ventaja clave a la hora de traficar.

Perro fue detenido en 2009 en Miami, donde tenía varios negocios aparentemente legales, que generaban entre US$250.000 y US$450.000 al año. Todos fueron embargados por la justicia de ese país, al igual que siete bienes raíces en Miami y sus alrededores, 14 cuentas bancarias propias o de sus empresas y un carro Porsche avaluado en US$22.000. En noviembre de 2011 la Fiscalía allanó 143 propiedades que estaban a nombre de la red de testaferros que había creado Mejía. Sus padres, sus hermanos, sus cuñadas, y hasta su abuela y sobrinos menores de edad resultaron, de la noche a la mañana, siendo los dueños de apartamentos, casas, lotes, carros y establecimientos comerciales.

Los bienes allanados, avaluados en más de $400.000 millones, estaban situados en Barranquilla, Cartagena, Cali, Bugalagrande, Calima Darién, Yotoco y Yumbo. Incluían una estación de radio, un canal de televisión local y un lujoso criadero de caballos en Rozo llamado La Leyenda, justamente en el que se reunieron el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, el entonces precandidato presidencial conservador Andrés Felipe Arias y 21 mandatarios locales —por ese encuentro, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a Abadía—. En abril de 2012, además de Don Diego I y Los Acantilados, se allanaron otros 16 bienes en Bugalagrande y uno en Calima Darién.

Este fue el caso de extinción de dominio más destacado de la Fiscalía colombiana en 2011, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de México. La investigación se desprendió de una aún más grande sobre los bienes de Wílber Varela y de todo el cartel del norte del Valle que comenzó en 2010. Para el organismo, es evidente que Mejía y Varela tenían nexos porque, por ejemplo, conoció de primera mano que Mejía le regaló a Jabón un yate de pesca deportiva llamado ‘Shanny II’ que le fue incautado a Varela. En el proceso de extinción de dominio quien figura como oponente a esa extinción es Inmobiliaria La Arenosa, de Aníbal Mejía González, hermano del capo.

En Barranquilla y Cali, las ciudades sobre las que giraban sus negocios fachada, Jaime Alberto Mejía González se hacía pasar por un próspero ganadero y empresario. “Hasta las vacas las compró con dineros calientes”, le dijo a este diario una fuente de la Fiscalía. La empresa más conocida de su familia era Mission Productions Ltda., cuyo objeto social era montar espectáculos. A ésta la contrataron Incolballet, el Carnaval de Blancos y Negros y el de Barranquilla y el Cali Exposhow . Montó también las tarimas, las luces y el sonido en conciertos de Shakira, el grupo británico Coldplay, Vicente Fernández o Juan Luis Guerra. Ni la Divina Providencia salvó al cantautor cristiano Álex Campos de aparecer en esa lista.

El rastreo sobre todas las posesiones de Perro y su red de testaferros permitió encontrar también que ellos eran dueños de varios predios en el Valle del Cauca que antes habían pertenecido al capo del cartel del norte del Valle Carlos Alberto Rentería Mantilla, extraditado en julio de 2010 de venezuela a EE.UU. La mayoría habían sido vendidos a Beto Rentería en la década de los 80, pero en los certificados de libertad y tradición nunca se cambiaron los nombres de los titulares de los predios. Además, señaló la Corte Suprema de Justicia, Mejía es uno de los siete capos que habrían negociado predios con la exsenadora Dilian Francisca Toro, hoy investigada por el delito de lavado de activos.

Mientras Jaime Alberto Mejía González paga condena en EE.UU, sus siete hermanos, algunas excuñadas y su última compañera, Carolina Herrera, empiezan también a ser investigados por orden de la Fiscalía 13 de la Unidad de Lavado de Activos. La Fiscalía también busca establecer si miembros de la Policía se habrían prestado para obstaculizar el expediente del capo Mejía, al pedirles plata a algunos de sus testaferros a cambio de no incluir sus inmuebles entre los bienes posiblemente adquiridos de manera ilegal. Y, en medio de todo, el Estado continúa su pelea para que los predios que alguna vez le pertenecieron a este ‘narco’ queden de una buena vez en manos de sus verdaderos dueños, los indígenas.

‘Jabón’, el socio de Jaime Alberto Mejía

Wílber Varela, temido jefe del cartel del norte del Valle que fue siempre conocido como Jabón, fue un sargento de la Policía que pasó de ser cobrador del cartel de Cali a colaborador de Orlando Henao Montoya, para terminar como cabeza de uno de los carteles más sanguinarios que ha conocido Colombia.

Su cuerpo fue encontrado baleado en el estado de Mérida, Venezuela, en enero de 2008. Las autoridades colombianas tienen información de que Javier Enrique y Luis Antonio Calle Serna, los hermanos Comba, quienes pasaron a comandar el cartel tras la muerte de Varela, pero se entregaron a la justicia norteamericana el año pasado, fueron los responsables de ese asesinato.

Mientras estuvo escondido de sus enemigos en Venezuela, Varela se reunió en varias ocasiones con Jaime Alberto Mejía González en Caracas. “Mejía gozaba de la admiración y el respeto del reconocido capo”, le contaron a la Fiscalía exintegrantes del cartel del norte del Valle.