El caso Arboletes

Publicamos la segunda entrega del reportaje 'El silencio en Urabá', el recorrido por una histórica zona de conflicto en Colombia.

Arboletes y Moñitos son las playas preferidas por la clase media antioqueña.
Arboletes y Moñitos son las playas preferidas por la clase media antioqueña.

De Abibe se baja hacia las tierras del Sinú lentamente. La poca economía campesina que dejó la concentración de tierras desaparece al llegar al plan y la gran ganadería de razas finas y pastos mejorados, de cercas eléctricas y casas de hacienda va dominando el paisaje. Son tierras regadas por el Sinú, las más costosas del país y las que menos impuesto predial pagan. El primer pueblo grande es Valencia, un punto de puntos, vigilantes de los paramilitares cuya dotación consiste en una moto y un celular. Informan lo que ven o intuyen a sus superiores, los papás, que a su vez lo informan a los abuelos. Se trata de una red amplia que mantiene el terror vivo. La carretera para llegar a Arboletes pasa por Montería, verdadero vaticano del paramilitarismo.

Arboletes y Moñitos son las playas preferidas por la clase media antioqueña. Puerto Escondido ha dejado de serlo desde que ‘Los Urabeños’ asesinaron a dos estudiantes de biología de la Universidad de los Andes, crimen que sirvió para que la opinión pública se enterara de la existencia de ‘Los Urabeños’, que fue ratificada con el paro armado que paralizó la costa desde Urabá hasta Santa Marta. Nadie duda del hecho de que esta culebra está más viva que nunca, aunque hoy se mueve con mayor discreción en la región.

Asistí a una nueva reunión con campesinos despojados de sus tierras en Mutatá y Bajirá, en el Urabá antioqueño, y Arboletes, en el norte de Córdoba. En los primeros la historia del despojo se repite con una sola diferencia: fue en su comienzo una colonización campesina impulsada por el Epl en los años 80. Eran campesinos llegados sobre todo de Arboletes y de Dabeiba en busca de tierras baldías. Las guerrillas apoyaron la reivindicación y el Incora les tituló pequeñas parcelas después de trabajarlas cinco años continuos. Las parcelas podían ser ampliadas comprándole al instituto otras tierras. Así se crearon fincas de entre 50 y 200 hectáreas de tierras fértiles, aunque incomunicadas. Las guerrillas, a través de las juntas de acción comunal, abrieron y mejoraron trochas y construyeron escuelas y puertos sobre el río Atrato. A decir de los campesinos, eran el Estado.

En los años 90 entraron los paramilitares a sacar a la guerrilla, que resistió la ofensiva con muy poca suerte y se retiró hacia zonas montañosas de la serranía de Abibe, de donde había salido hacia el sur. La nueva fuerza impuso un terror precedido de las citadas matanzas en las Tangas, razón por la cual fueron conocidos en San Pedro con el nombre de ‘Tangueros’, al que agregaron otro: los ‘Mochacabezas’. Y en efecto, eso hacían con todos los pobladores que consideraban colaboradores de las guerrillas. Asesinatos selectivos como los denunciados por el coronel Velásquez, destituido por el alto mando del Ejército a raíz de un informe en que daba cuenta de los estrechos vínculos de la Brigada XVII con los paramilitares. Dice así el excoronel: “Parecía que los paramilitares quisieron no llamar la atención como en 1995 con las grandes masacres de ese año. A partir de la llegada de Del Río detecté que los homicidios aumentaron, pero con una peculiaridad: eran uno y dos todos los días, para no llamar la atención, pero mataban más gente”. La gente temblaba cuando era citada a una reunión y más si era en forma individual. Los paramilitares entraron al mando de Tulio Ángel, hombre de confianza de Fidel Castaño. En La Candelaria asesinaron a 15 campesinos que botaron al río y cuyos cuerpos “aparecían boyando a los tres días”. Después fue sustituido por alias Elías, el 44. Las primeras palabras eran amenazas: “Ustedes han invadido tierras ajenas, ustedes son delincuentes. Nosotros, las Auc, venimos a devolver a sus dueños la tierra robada”; las segundas eran para cerrar el negocio: “No queremos perjudicarlo y por eso le ofrecemos tanto por su finca”. La compra era un robo encubierto, pues los precios eran muy inferiores a los del mercado. Una parcela por la que ofrecían $20 millones en el 93, la pagaron a $800.000.

Así fueron expropiadas por los paramilitares más de 50.000 hectáreas pertenecientes a 1.000 familias en Bajirá, Río León, Tumaradó y Mutatá, tierras que pertenecen a seis familias por todos conocidas —los Builes, los Londoño, los Sierra, los Quintero—. La mayoría son ganaderías extensivas o cultivos de palma. Después hubo varios negocios de los que se perdió la pista hasta que apareció Ciapana, una gigantesca compañía sobre cuyas tierras —unas 15.000 hectáreas— hay 60 reclamaciones vigentes. Hay otras compañías aparentemente administradoras como El Búho.

La reclamación de tierras no ha dado un solo paso después de la manifestación de Necoclí. Nada se ha hecho, dicen los dirigentes agrarios de Tierra y Vida, porque nada se puede hacer. Si se desmovilizaron 5.000 hombres en 2006, hoy hay 10.000. El reclutamiento no ha cesado, aunque las unidades militares no anden uniformadas ni con armas largas. El control se ejerce con los mototaxistas, que son verdaderas milicias paramilitares. Las autoridades militares y civiles identifican los mandos pero ninguna toma medidas para someterlas. El padrinazgo político e institucional es más fuerte que cualquier funcionario oficial que decida cumplir sus obligaciones legales. El paramilitarismo sigue controlando la región. Se les conoce como ‘Los Urabeños’, pero no se conocen ni siquiera los alias de los mandos. Algunos hombres están uniformados y armados con fusiles; otros, la mayoría, son informantes o colaboradores. Hay tres ramas: la militar, que usa armas largas y cortas; la política, que controla las votaciones y luego a los funcionarios elegidos, y la social, encargada de obras para la comunidad a través de las juntas de acción comunal, comités de deportes y otras agrupaciones cívicas. El reclutamiento de jóvenes se hace por medio de estos organismos y de uno nuevo: préstamos para pagar los estudios. Sobre ‘Los Urabeños’ la percepción tanto de las autoridades como de la gente coincide: el paramilitarismo está dedicado al narcotráfico y a cuidar las tierras adquiridas por sus patronos, que en su mayoría están arrendadas a empresas cuyos verdaderos propietarios son socios. En las haciendas sólo se encuentran mayordomos y encargados que nada saben de los dueños. Hay haciendas como la 33, la 37, El Carmelo, El Volcancito, Las Tulapas, todas hechas con parcelas arrebatadas a colonos donde se han instalado empresas ganaderas y madereras, dedicadas al cultivo en gran escala de caucho. En su conjunto pueden sumar, según campesinos, más de 70.000 hectáreas.

¿Cómo se puede reclamar, a quién, en dónde, si las normas que defienden a las víctimas son prácticamente clandestinas? El Gobierno ha dispuesto un programa de microfocalización que consiste en un diagnóstico realizado por el Ejército, la Policía y la Fiscalía para determinar si hay condiciones para adelantar un registro de reclamantes y proceder a la restitución. Pues bien, en Turbo se han hecho sólo dos diagnósticos veredales, habiendo 225 veredas, y la conclusión de las autoridades competentes es que no hay condiciones de orden público para adelantar el proceso. Sin embargo, si se les pregunta en sus comandos cuál es la situación de orden público, responden sin vacilar: “Parte sin novedad”. Es más fácil devolver el mar con un dedo que estas tierras a sus legítimos dueños, dicen los campesinos.

San Juan de Urabá es un pueblo a la orilla del mar. Tiene una plaza central sombreada por cauchos. Fresca y oscura. Fue fundado por los recolectores de tagua y raicilla a finales del siglo XIX, nativos de Atlántico y Bolívar. Se llamó San Juan de los Cocos porque en sus playas había miles de palmeras. Las fragatas llevaban cocos a Cartagena, de donde dependía la vida económica del pueblo, que también se llamó Riomar o Pueblo Mocho, porque el río se llevó medio caserío. Durante la Segunda Guerra Mundial venían los submarinos a llevar carne de res. De la violencia de los 50 se recuerda un caso, el de Nabor, un godo que amansaba bestias y que a todos humillaba. Un día lo levantaron a palo; el hombre se dio mañas para huir, pero lo alcanzaron junto a un caracolí gigantesco al lado de una quebrada que desde ese día lleva su nombre porque ahí lo mató el pueblo.

La reunión tuvo lugar, a petición de los campesinos, en la Personería. A las 8 de la mañana ya la cola para hablar con el titular de la oficina era larga. Ese día —no por casualidad— se publicó la lista de los desplazados. De entrada, uno de los asistentes, miembro, como se supo después, de una familia local muy acomodada, soltó la siguiente premisa, ya oficial en todo el país: Al comienzo dominaban los ‘sinvergüenzas’ del Epl dedicados al robo de bestias y de ganado, al asesinato de campesinos y a la violación de mujeres. Dicho eso, los demás asistentes terminaron pintando el fresco: pocos tenían fusiles, más bien andaban con ‘guacharacas’ y armas cortas; algunos vivían enmontados y otros residían en casas campesinas, les gustaba el trago. Se les conoció un mando: alias el cuatro-cuatro o 44, un muchacho de la región “que se había contaminado”. Se hicieron también a tierras; quien le reviraba caía en desgracia, y de ahí a perder la tierra e irse de la región no había sino un paso. El 44 consiguió finca y marcaba ganado con su hierro. Por eso, dicen, “el pueblo no quiso seguirles las aguas”. Por eso, cuando llegaron los “grupos de seguridad”, fueron acogidos. Llegaron a acabar con la izquierda y a cuidar las haciendas de los terratenientes. Venían bien armados y uniformados. Eran los hombres de Fidel Castaño y se llamaban los Tangueros, porque venían de la región donde se habían hecho conocer con la masacre de Las Tangas. El Epl no les hizo frente. Huyó. Pero quedaron los campesinos donde se habían alojado los guerrilleros y les mocharon la cabeza. En la región casi no se usaba plomo para matar. Se usaban machete y motosierra. Por el río pasaban las cabezas flotando como cocos. El terror se impuso. Nadie era capaz de levantar la mirada. Los que no mataron, se volvieron soldados de la “seguridad”, incluso comandantes, como el 44; se volvieron mandos paramilitares, que así comenzaron a llamarse. Era el año 91. El país estrenaba Constitución. El Gobierno no los combatió. Les dejó las manos sueltas. Cuando ya mucha sangre había corrido, apareció El Alemán al mando del bloque Élmer Cárdenas. El pueblo vio cómo el general Rito Alejo del Río lo abrazó en la plaza pública. Fue el aval que faltaba porque de ahí en adelante la especialidad de los paracos fue el despojo de tierras. También aquí el negocio comenzaba con amenazas y seguía con intimidaciones brutales, como ver la cabeza del vecino clavada en los postes de sus fincas. Más tarde aparecía el comisionista con el consejo: “Es mejor vender, ellos tienen la fuerza, ustedes no tienen cómo defenderse, yo les ayudo, pagado, claro está, a hacer el negocio”. Y el negocio se cerraba. Tierras que valían en esa época un millón y medio la hectárea, escasamente se les reconocieron $150 mil. Muchas tenían títulos del Incora, otras apenas carta-venta y no pocas títulos de “choque de manos”, el más respetado entre vecinos. La tierra cambiaba de manos y pasaba por muchas. Mientras tanto, las escrituras en las notarías y los registros en las oficinas desaparecían. Pocos pueden mostrar certificaciones de tradición y libertad. Se robaban la tierra con todo y papeles. Una de las particularidades de San Juan fue que las parcelas y fincas campesinas se volvieron potreros de las haciendas más grandes: Los Laureles, Tinajas, Gigantón, La Mariela y Campamento. A Tinajas, que nunca se supo bien si era llegadero o propiedad de El Alemán, se le calculan más de 15.000 hectáreas. A raíz de la desmovilización, 1.021 familias campesinas invadieron un predio de 35 hectáreas de la hacienda. Hoy la administra una firma privada llamada Apana S. A.

En este punto, la pregunta obligada era: ¿Qué ha pasado con las promesas de Santos en Necoclí hechas en febrero pasado en una concentración ampliamente publicitada por el Gobierno? Silencio. Miradas huidizas. Carraspeos. Todos miran al personero. Se toma su tiempo. Nervioso, sin mirar a nadie y sudando, dice: “Esto está tomado por los narcos”. Y a renglón seguido, “sin embargo, los homicidios han disminuido, apenas van ocho este año. Los ‘paras’ “tienen asegurado el orden público”. No puedo hablar de reclamaciones, ustedes comprenderán; me han dicho —y la gente lo sabe— que ese tema no es de hablar. A quien me pregunte qué hacer, yo le respondo: Vaya a la Unidad de Víctimas de Apartadó”. Y con un “ajaaaá, qué hago, si de reclamaciones no se puede hablar”, se da por terminado el encuentro.

El caso de San Pedro

En la edición de ayer presentamos la primera entrega del especial El Silencio en Urabá: “El caso de San Pedro”, un municipio en el que las tropas paramilitares al mando de Vicente Castaño despojaron de sus tierras a cientos de campesinos entre 1996 y 2006. El robo incluyó  la colaboración del Ejército, terratenientes, jueces y notarios, además de muestras de terror como las masacres de Las Tangas, La Negra, Mejor Esquina y La Hondura.

Hoy las tierras están bajo la protección de la ley para impedir nuevas ventas. En febrero el presidente Juan Manuel Santos se reunió con miles de campesinos en Necoclí para hablar sobre la restitución, pero desde entonces los reclamantes no han recibido instrucciones de cómo proceder. El miedo hacia los paramilitares persiste entre ellos, a tal punto que algunos prefieren que el Gobierno los indemnice antes de tomar posesión nuevamente.