El caso San Pedro

Un tema central del proceso de paz es la propiedad de la tierra en regiones como el eje bananero antioqueño. Después de la sonada reunión del presidente Santos con miles de campesinos en Necoclí, nada se ha hecho.

Necoclí, uno de los  municipios de Urabá  más afectados por  la violencia.
Necoclí, uno de los municipios de Urabá más afectados por la violencia.El Colombiano

Apartadó está lleno de panaderías, tiendas de moda barata, discotecas, casinos y calor. Es una ciudad —sin duda— paisa, rodeada de cultivos de banano. No hay un solo pedazo de tierra sin banano. Uno solo, sí, recuerdo ahora: un pequeño cementerio rodeado también de banano. Deben estar ahí enterrados algunos de los miles de muertos que costó tanto banano. El banano llega hasta las primeras estribaciones de Abibe, las montañas que separan la zona bananera del Paramillo.

El paisaje cambia con rapidez; del banano se pasa al plátano hartón, al pasto para ganado, a la teca. Hay pequeñas zonas campesinas con cacao, yuca y arroz. Es una región de lomas y lomitas. Fue una selva que acogió dos frentes de colonización: la antioqueña, desprendida de Urabá y expulsada por la siembra de banano en los años 70, y la cordobesa, originada en la violenta concentración de tierras en Córdoba de los años 50. Los paisas, por el occidente, y los chilapos, por el suroriente, se toparon en San Pedro de Urabá. Primero, campesinos desarraigados y “de huida”; después, sus tierras comenzaron a ser amenazadas por la expansión del latifundio ganadero.

En un patio fresco y lleno de flores de una casa nos esperaban 15 campesinos de sombrero vueltiao y cotizas trepuntá y 10 mujeres silenciosas y adoloridas. La conversación se inició con dificultad. La gente siempre espera que se llegue con soluciones inmediatas, o al menos con promesas. Poco a poco se llega a un tema central: la tierra. Y, por supuesto, la violencia. Hacen diferencia entre la “de colores” de los 50, entre liberales y conservadores, la de la guerrilla y, ahora, la paramilitar. La primera es una memoria muerta; la segunda, un recuerdo doloroso, y la tercera, un hecho presente.

A la serranía de Abibe llegó la guerrilla del Epl a comienzos de los 80 de los frentes del Paramillo, donde este movimiento había sido fundado por Julio Guerra, Pedro Vásquez y Pacho Caraballo diez años antes. Una guerrilla que recuerdan como “arriadora de ganado y bestias y vacunadora”. Eran sus dos principales fuentes financieras: extorsión y robo de semovientes. Tenían que financiar no sólo las tropas —mal entrenadas militarmente y peor formadas en lo ideológico—, sino la lucha sindical de los obreros bananeros, acorralados por bajos salarios. Pero, además, los sindicatos pro Epl competían con los sindicatos tanto liberales como pro Farc.

El ganado que se robaban era en su mayoría en compañía con el Fondo Ganadero de Antioquia, que los campesinos tenían que pagar vendiendo el propio o con la misma tierra. El dominio del Epl fue total, rígido y dogmático. En pocos años no sólo no se había ganado su base social, sino que era un cuerpo extraño odiado por campesinos, comerciantes, y, claro está, por los terratenientes.

Esa reacción fue la puerta de entrada del paramilitarismo, que llegó en persona de un paisa entrenado por Yair Klein en Puerto Boyacá y traído por los ganaderos de Santa Catalina a limpiar la zona: alias Salvador. Un gran estratega militar, afirma el personero. Fue ganando terreno con cinco hombres y formó un pequeño ejército de 25 matones, todos propios de la región (autores de crímenes como la masacre de Pueblo Bello).

Su objetivo era hacerle un escondite a Pablo Escobar, ya entonces —principios de los 90— perseguido a muerte. Pero el capo tenía enemigos entre sus amigos y uno de los más enconados fue Carlos Castaño, que heredó el poder de su hermano Fidel en las tierras del golfo de Urabá. Por tanto, Carlos sacó a Salvador y lo sustituyó por sus propios hombres para hacer el mismo oficio: liquidar al Epl en toda la región.

Ese objetivo, que le permitía sólidas alianzas con los terratenientes, con las compañías bananeras y con el Ejército Nacional, estaba subordinado a otro superior: crear un corredor entre el bajo Cauca, el Paramillo —donde estaban y siguen estando los cultivos de coca— y la región de Mulatos y Arboletes, puertos de embarque de cocaína. Derrotando a la guerrilla y al sindicalismo se ganó la licencia para comerciar a sus anchas con droga. El verdadero fundador del paramilitarismo fue Vicente Castaño, quien nombró como su hombre de confianza en Urabá a Don Mario, quien a su vez delegó a su hermano, alias El Alemán, el mando de tropas en esa región. Hasta ahí las cosas son claras.

Pero, ¿por qué las ya formadas Accu querían, además, tierras? Porque la tierra es, como señalaba Estanislao Zuleta, la alcancía del capital, viniera de donde viniera. Es un refugio seguro porque ningún gobierno atenta contra el sagrado derecho a la propiedad privada en Colombia. Pero, además, los mandos superiores, todos hábiles narcotraficantes, también querían tierra, ganado y quinta con piscina.

Así fue como el control paramilitar de Abibe se pagó con el derecho a expropiar a campesinos y colonos. No fue difícil. Los paramilitares contaban con la colaboración del Ejército, los notarios y jueces, los terratenientes, sus socios, y sobre todo con el poder del terror, ganado con las masacres de Las Tangas, La Negra, Mejor Esquina, La Hondura. El terror les permitió sacar a los colonos y finqueros con un mero gesto y el dedo en el gatillo.

Cientos de campesinos fueron despojados de sus tierras y ganados, entre el 96 y el 2006. La modalidad más pacífica y civilizada consistía en una visita hecha al colono por un mando y sus hombres, y el intermediario de tierras. Se le ofrecía al poseedor —muy pocos tenían título registrado— un precio muy inferior al del mercado, pagadero en varios contados de los cuales se cancelaba a medias sólo el primero. La mayoría de los campesinos sólo tenían una carta-venta o un título no registrado sobre un baldío. De manera que al testaferro no le quedaba difícil hacer una nueva transacción notariada y registrada.

Esas tierras, fincas de 50 a 100 hectáreas, eran englobadas en un solo título y así nacieron las haciendas con nombres militares como la Quince, la Treinta y Cinco, la Veinte, la Cuarenta; o con nombres más tradicionales: Santa Rosa, La Ponderosa, La Rula, El Brillante, Loma Linda. Nombres todos que producen terror a los antiguos poseedores de las parcelas que terminaron siendo agregadas.

Hoy, la mayoría de estas propiedades están manejadas por firmas privadas como el Fondo de Inversión y Capital Privado, autorizadas por Estupefacientes y explotadas como grandes ganaderías. El Brillante, por ejemplo, tiene 4.000 reses. En realidad, los nuevos propietarios no querían sólo algunas tierras sino veredas enteras —Zumbidoabajo, Cacahual, El Congo, Maquencal, Guayabal, Santa Rosa— que convirtieron en sus haciendas.

Trementina era un pueblo de 60 casas hace 10 años; hoy no hay una sola. Hubo muchas fincas robadas que colindaban con el Batallón; los militares consideraban la nueva vecindad mucho más segura. Utilizaron métodos más crueles para los “remisos”, es decir, para aquellos colonos —e inclusive finqueros ricos— que no querían allanarse a un acuerdo. En primer lugar, los rodeaban de fincas ya en manos del nuevo propietario. Les cancelaban servidumbres, rompían las cercas, les echaban ganado o les advertían que transitar por ahí —sitio indeterminado— era muy arriesgado por cuanto habría prácticas de tiro.

Si aun así el campesino resistía, le quemaban la casa, le mataban los marranos y las vacas y en no pocas oportunidades asesinaban al “remiso” y a sus hijos para hacer las escrituras con la viuda. La modalidad de negociar con la viuda se usaba en todas las zonas bajo control paramilitar. Delante del mismo dueño le decían a la señora: “Entonces, doña, firmará las escrituras usted”. A los cinco días, la viuda llegaba a la notaría (caso de la hacienda Caféenplato).

El mando principal de estos crímenes fue el famoso alias Monoleche, quien terminó, como se sabe, asesinando a Carlos Castaño. Cuentan las víctimas que les mandaba decir con alias Percherón: “El Mono quiere esta tierra”. Era una orden. Agregan: “Las guerrillas nos quitaban el ganado, pero los ‘paras’, las tierras”.

Hubo intermediarios —hoy algunos muertos y otros desaparecidos— como Juan Castellanos. Roberto Mariano Ojeda Visbal fue el de más renombre. En una oportunidad, cuentan, llegó uno de estos testaferros con dos cajas de billetes y le dijo a la gente: “Repártanse eso y pasen luego a firmar”. En las colas hubo peleas por los billetes y por llegar a firmar. La firma no era sólo una venta obligada, era un seguro de vida.

El precio de compra no fue en promedio superior a 150.000 pesos hectárea, aunque costara el doble. Con la sola madera que sacaban después de cerrar el trato pagaban la inversión. Había manchas de cedro y roble muy valiosas que los colonos cuidaban como ahorro y fuente de agua. Hoy casi todas estas tierras robadas han sido puestas bajo protección de la ley 387 de 1997, que impide nuevas ventas. Claro está que la más fuerte protección de estas tierras la constituye el terror que existe de tocar una de estas propiedades que son —o podrían ser— de Cuco Vanoy, alias Cadena, o de Giovanni Úsuga, el jefe de ‘Los Urabeños’, muerto hace poco, pero cuyos dos hermanos, Arley y Ramiro, quedan vivos.

Hay todavía tanto miedo, que en haciendas como Congo, El Brillante, Vaira y Santa Rosa, sus antiguos dueños prefieren que el Gobierno los indemnice antes de volver a tomar posesión de sus tierras. No tienen confianza en el Gobierno y menos en el Ejército o en la Policía después de saber lo que saben y haber visto lo que vieron: la complicidad absoluta de la Fuerza Pública y la impunidad total tolerada por la autoridad civil. Monoleche, dicen, era la Ley; su persona era el Estado. Un campesino dijo: “Yo no tengo nudos en la garganta: hay que desafiar la ley con la verdad. De otra manera, ella es sorda y muda”. Los nuevos propietarios han amenazado al Gobierno: “Quítenos la tierras hoy, que nosotros las recuperaremos mañana”.

¿Qué respaldo tienen esas amenazas? La gente, y las autoridades civiles, dice que los grupos armados, entre paréntesis ‘Los Urabeños’, “andan por ahí”. Nadie los ve ni señala su ubicación. Tienen llegaderos en las haciendas o en fincas de sus colaboradores. La Fuerza Pública calla con un “sí, eso dicen”. Lo que es concreto, sólido y pesado es el terror que flota en el ambiente. Se habla a media legua y el silencio preside toda reunión hasta que alguien tangencialmente dice: “Se dice por ahí...”. Tanto que el personero —que nació entre ellos porque aquí no hay reclutamiento forzado— opina que las demandas de tierras deben ser hechas una a una y que el tema debe ser “invisibilizado” porque reunir a la gente en la plaza pidiendo la restitución es un suicidio.

No oculta que hay reclamantes negociando con los victimarios y con los nuevos dueños por miedo. Es cierto, de viva voz. Muchos campesinos, en la reunión del patio, afirmaron que estaban dispuestos “más bien” a ser indemnizados por el Gobierno. Después de la sonada reunión de Santos con miles de campesinos en Necoclí nada se ha hecho. Los afectados no han recibido instrucciones de cómo proceder. No existe, como se dice, una ruta de reclamación. Hay un registro único de reclamantes —un listado nominal— que, hasta ahora, a nada ha conducido.

Hay un hecho más significativo que la restitución de tierras: el proyecto de la Reforestadora del Sinú, Colombia, con sede en Panamá, de comprar 40.000 hectáreas en el municipio de San Pedro de Urabá para cultivos de especies maderables.

Gobierno admitió el despojo esta semana

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) presentó el lunes pasado ante la Fiscalía General de la Nación y las Fiscalías seccionales de Medellín denuncia penal por el robo de tierras descubierto en el departamento de Antioquia, en regiones como Urabá.

Se abrieron entre 1.500 y 2.000 expedientes de titulación de baldíos, tramitados durante los años 2007 a 2011, que están bajo custodia de la Procuraduría. Los hallazgos de la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia evidencian la posible comisión de conductas criminales por parte de particulares y funcionarios.

Pedimos celeridad en las investigaciones. Creemos que además de funcionarios, exfuncionarios y excontratistas del Incoder, hay una red corrupta en la que participan particulares, intermediarios, notificadores, entre otros eslabones aún no detectados”, dijo Miriam Villegas Villegas, gerente del Instituto.

57 títulos simbólicos

Durante su visita a Urabá en febrero de este año, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó 57 títulos de predios baldíos a campesinos de la región, según reporte del Incoder. El área de los predios es de 53 hectáreas. Las familias favorecidas son 57 del municipio de Necoclí, en corregimientos como La Comarca, Pueblo Nuevo, Vale Pavas, El Embuche, La Cenizosa, La Yaya, El Hoyito, Tulapita, San Sebastián y Mutatá, entre otros. Para el Gobierno esa entrega “reitera (su) compromiso... con las comunidades y la restitución de tierras que contempla la Ley de Víctimas”. El Incoder admitió que “en Colombia, mal contado, el 50% de la tierra que se trabaja no tiene título en debida forma”.

* Espere mañana: Arboletes.