Las necesidades en El Charco (Nariño) un mes después del inicio de enfrentamientos

Uno de los albergues habilitados en la cabecera municipal de El Charco.

La presencia de grupos armados en El Charco, Nariño, y las disputas entre estos por el control del territorio, especialmente en la subregión Sanquianga, mantienen en alerta a las autoridades. De acuerdo con un informe elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el equipo local de coordinación Nariño - con información de la Alcaldía y otras fuentes oficiales - ya son más de 3.459 personas (1.393 familias) de población afrodescendiente las que se encuentran afectadas por confinamiento y desplazamientos masivo. Niños, niñas y adultos mayores hacen parte de la población víctima, también miembros de los Consejos Comunitarios Unión y Lucha, Prominga Tapajeña, El Libertador y Progreso con Justicia y Paz. (Leer: Grupos armados convirtieron a El Charco, Nariño, en un campo de batalla)

En la zona hay presencia de la disidencia del frente Franco Benavides y del frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, de acuerdo con Indepaz. El 18 de marzo iniciaron los enfrentamientos en la vereda Santa Catalina y las amenazas contra la población civil. “Estos grupos dieron la orden de no desplazarse en zona rural, ni movilizarse en este territorio del municipio, generando inicialmente restricciones en la movilidad para siete veredas (Santa Catalina, Las Mercedes, Matapalo, El Carmelo, San José, Espabe y Cuil). Posteriormente, se alertó sobre el posible confinamiento de las comunidades de Santa Catalina, Las Mercedes y Matapalo”, señala el informe.

La OCHA explica que el 22 de marzo, en el Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) también se declaró el desplazamiento masivo de cinco veredas (Santa Catalina, Las Mercedes, Matapalo, Espabe y Cuil), debido al temor de las comunidades de quedar en medio del fuego cruzado. Ante la persistencia de los enfrentamientos, aumentaron los desplazamientos, identificando cerca de 782 personas desplazadas a otras veredas, mientras a la cabecera municipal llegaron al menos 1.237 personas. (Leer: Reestructuración de grupos armados: la violencia se recrudece)

Hasta el 30 de marzo se alertó el confinamiento de al menos 1.440 personas (554 familias) pertenecientes a las veredas San José, Isupi y El Carmelo. Asimismo, se conoció que las comunidades confinadas presentan restricciones a la movilidad para circular en los ríos hacia las veredas y el casco urbano por orden de los grupos armados. También se les impide el acceso a fuentes de agua, privándolos del acceso a alimentos.

“Por la misma causa, al menos 10 familias manifestaron recibir amenazas y pidieron protección a la personería municipal y la Alcaldía, mientras que algunas familias debieron permanecer resguardadas en la estación de policía”, señalaron. Días después, el 5 de abril, se realizó el Subcomité de Asistencia con la participación de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de El Charco, allí se solicitó el apoyo subsidiario de las dos últimas.

La OCHA señala que para el 7 de abril llegaron otras 20 familias al casco urbano, provenientes de la vereda Santa Catalina. Un día después el alcalde manifestó que “la magnitud de la emergencia humanitaria en el municipio de El Charco desbordó la capacidad de respuesta de la Alcaldía”. Los reportes de esta organización evidencian que hasta ahora (con corte al14 de abril) la administración municipal envió algunos paquetes alimentarios hacia la vereda Santa Catalina con la entrada de la fuerza pública y atendió a las familias desplazadas con una olla comunitaria y algunos insumos de albergue donados por ACNUR para 50 familias.

“La respuesta hasta el momento no es suficiente para cubrir las necesidades del total de la población afectada en el municipio, debido a que la emergencia ya lleva algunas semanas y se presentan vacíos en la atención. Es urgente poder contar con la respuesta subsidiaridad por parte de la Gobernación de Nariño y la Unidad para las Víctimas y, de igual manera, se requiere apoyo complementario por parte del equipo local de coordinación de Nariño”, manifiestan.

Dentro de las necesidades detectadas por esta organización, se requiere atención complementaria con kits de cocina, albergue y hábitat para las familias desplazadas al casco urbano y a otras veredas. Del mismo modo, es importante el acompañamiento de la institucionalidad para garantizar la seguridad en el territorio; la población manifiesta temor de que se retire la fuerza pública. “Se requieren medidas urgentes para la atención y protección de las comunidades de las veredas El Carmelo, San José, Santa Catalina, Las Mercedes, Matapalo, Espabe, Isupi y Cuil afectadas por desplazamiento y confinamiento, debido a la presencia y accionar de los grupos armados”, destacan.

Verificar la situación de las comunidades que aún se encuentran confinadas en las zonas rurales es necesario, en especial teniendo en cuenta que a la fecha ni la administración municipal ha logrado ingresar. Por otro lado, la OCHA afirma que se requieren procesos de formación y prevención sobre violencia basada en género; procesos para el fortalecimiento de la educación, acompañamiento a docentes en crisis y actividades lúdicas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, estos últimos en riesgo de reclutamiento forzado.

Es urgente la asistencia humanitaria con alimentos para aproximadamente 3.459 personas afectadas. “Se conoce que no se cuenta con tiendas en las zonas afectadas para acceder a los alimentos, situación que podría prever el desabastecimiento de alimentos y otros medios de vida”, agregan. En cuanto a salud, se requiere atención en salud física y emocional, con especial énfasis en adolescentes, adultos mayores y mujeres que han perdido seres queridos durante combates o han sufrido abortos espontáneos, “se han identificado graves afectaciones en salud mental por los hechos ocurridos”.

La dotación básica de medicamentos e insumos de los Centros de Salud de Santa Catalina y Playa Grande, para la atención de emergencias en las veredas afectadas y elementos de bioseguridad para la protección y prevención del contagio de COVID-19, son otro factor importante. Además, se solicita el apoyo complementario en filtros de agua y tanques con tapa para abastecimiento, almacenamiento y acceso a agua y kits de higiene.