El desalentador balance de la política de drogas en Colombia

Un informe, elaborado por varias organizaciones, afirma que el país está retomando prácticas en la lucha contra las drogas que vulneran derechos humanos. El documento será presentado en la Comisión de Estupefacientes en Viena el próximo mes, donde varios países discutirán el tema.

EFE

La coalición Acciones por el Cambio, que integran organizaciones en Colombia como Dejusticia, Fescol, Sisma Mujer, Humanas Colombia y Temblores, elaboró un informe que evalúa la experiencia de Colombia en las políticas de drogas durante la última década. Dicho documento será presentado en el próximo periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND), que tendrá lugar en Viena en marzo y reunirá a varios países para discutir y definir la ruta de los próximo diez años en la lucha contra las drogas. (Lea aquí: El contrato para la prueba piloto de drones con glifosato)

Las cifras no son para nada alentadoras. En 2017, el país reportó 171.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que representó un aumento de 103.000 hectáreas en los últimos diez años siendo Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Caquetá los departamentos más afectados. Los parques nacionales naturales también reportan un incremento de las áreas con cultivos ilícitos (8.301 hectáreas), que en su mayoría están ubicadas en la Sierra de la Macarena, Nukak y Paramillo. Las familias pobres siguen siendo las más afectadas ya que, según datos de la Fundación Ideas para la Paz, el 57% de las que viven en zonas de cultivos de coca se encuentran en situación de pobreza y el 35% en pobreza extrema.

Y aunque en este balance se identifican algunos avances, como el hecho de que por primera vez en una negociación de paz se incluyera la política de drogas, los autores expresan su preocupación sobre el giro que dio la nueva administración del presidente Iván Duque en el discurso de las drogas. “Se pretende retroceder a prácticas que han vulnerado derechos, aumentado la violencia y que no han dado resultados efectivos, tales como la erradicación forzosa de cultivos declarados ilícitos, la retoma del glifosato como medio de erradicación, la criminalización administrativa de las personas usuarias de drogas y la persecución de los eslabones más bajos de la cadena de producción, entre otras”, aseguran los investigadores en el informe.

Una de las críticas se concentra en el decreto 1801 de 2018, con el que el gobierno de Duque facultó a la Policía para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público. Esa norma se encuentra demandada en dos jurisdicciones diferentes y fue usada, según las organizaciones, como bandera política para revivir la lucha frontal contra las drogas, en la cual los más perjudicados resultan siendo los usuarios. “Las distintas codificaciones policiales de los últimos años muestran que Colombia ha volcado su estrategia de sancionar administrativamente el consumo de drogas ilícitas en espacios públicos a hacerlo con el porte de estas, lo que resulta nocivo en términos de derechos humanos, dado que se reprocha –mediante multas– un comportamiento que únicamente le compete a la persona, puesto que las consecuencias recaerán en su cuerpo, que bajo ningún supuesto puede entenderse como una extensión del espacio público”, agregan los autores.

Otro de los retrocesos que se mencionan en el balance es el regreso de la aspersión aérea con glifosato, a través de drones. Pese a que en 2015 fue suspendida porque la Organización Mundial de la Salud catalogó el glifosato como posible cancerígeno, el año pasado se retomaron las fumigaciones aéreas por medio de drones. La primera fase se está llevando a cabo en el bajo Cauca con la autorización de la Gobernación de Antioquia.

En Colombia, entre 1994 y 2015 se asperjaron por vía aérea casi 1,9 millones de hectáreas y los cálculos indican que a noviembre de 2012 el Gobierno habría gastado la suma de $104.331.276,056 dólares en glifosato y $458.331.276,056 dólares en operativos antinarcóticos. Sin embargo, la estrategia no ha tenido éxito y la aspersión aérea ha elevado la tasa de abortos en los municipios donde más se ha fumigado. De esta manera, se concluye que el carácter punitivo a las políticas de drogas ha afectado los derechos humanos de los cultivadores, de quienes se ubican en los eslabones más bajos de la cadena de producción y sobre todo de las mujeres.

En ese afán de castigar también se ha vulnerado los derechos de los usuarios de las drogas y de quienes padecen problemas de salud y buscan plantas declaradas ilícitas para usos medicinales. El informe asegura que tradicionalmente Colombia ha sido considerado un país productor, pero las cifras disponibles muestran aumentos en el consumo de sustancias ilegales. De las personas que fueron encuestadas en 2013 y que reconocieron haber consumido drogas, el 11,5% consumió marihuana, 3,2% cocaína, 1,2% bazuco, 0,7% éxtasis y 0,14% heroína. No obstante, aunque las normas exigen actualizar las estadísticas de consumo cada cinco años, a la fecha no se han realizado encuentras para conocer hoy el consumo, lo cual afecta el diseño e implementación de políticas públicas.

A pesar de que las personas que usan drogas demandan cada vez más servicios y atención en salud, la oferta continúa siendo deficiente y los programas han perdido continuidad y presupuesto. Así, por ejemplo, en el 95% de los municipios del país no cuentan con servicios especializados para tratar al consumidor y el 66% de las instituciones que sí los prestan están sólo en Bogotá y cinco departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Quindío y Cundinamarca. “El 8% de los centros de atención a la drogadicción tienen vocación pública y el promedio de la mensualidad en los demás lugares se acerca a los 1.000 dólares, algo que los hace inalcanzables para las personas más pobres”.

Sumado a esto, los investigadores señalan uno de los temas más preocupantes del posconflicto: el asesinato de líderes que apoyan el programa de sustitución de cultivos ilícitos, pues en los últimos dos años han sido asesinados 64, de los cuales 47 pertenecían a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). “Dichas muertes evidencian el riesgo real e inmediato en el que se encuentran 83.161 familias inscritas al Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos en diferentes regiones del país y el gran reto que tiene la nueva administración para preservar la vida de la población cultivadora”, agrega el documento que será presentado en Viena.

El Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos fue contemplado en el Acuerdo de paz y fue diseñado para remplazar las siempre ilícitas por proyectos productivos que garanticen una economía basada en la legalidad de 83.161 familias. El presidente Iván Duque reafirmó su promesa de campaña de que la sustitución será obligatoria. No obstante, faltan políticas de desarrollo rural para hacerlo viable, ya que el 58% de los municipios con coca, por ejemplo, no tienen una conectividad en carreteras que faciliten la comercialización de sus productos.

Con estas conclusiones llegarán a Viena las organizaciones de la sociedad civil. Reafirmarán que, aunque Colombia ha destinado más de 20 billones de pesos de su presupuesto en los últimos 20 años para la política de drogas, son pocos los resultados.

 
 

 

Información de infografía: coalición Acciones por el Cambio