El día que cayó la ley aprobatoria del tratado de extradición

Estas eran las noticias del 12 de diciembre de 1986.

El 12 de diciembre de 1986 se produjo una noticia que causó revuelo nacional e internacional. Por un error de forma, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia dejó sin piso jurídico la ley 27 de 1980, a través de la cual se había incorporado a la legislación colombiana el Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en septiembre de 1979. La información fue interpretada de inmediato como una victoria del narcotráfico para neutralizar la única arma de la que disponía el Estado para enfrentarlo. (Vea el especial 30 años sin Guillermo Cano)

Era la quinta vez que se intentaba ante el Alto Tribunal dejar sin vigencia jurídica el tratado de extradición. En las cuatro anteriores demandas, interpuestas entre 1983 y 1985, la Corte Suprema de Justicia se había declarado inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, acogiendo una doctrina vigente desde 1914. La tesis que había imperado en respuesta a esas demandas fue que la Corte Suprema de Justicia no podía desconocer un tratado internacional ni mucho menos modificarlo. (Vea qué pasaba en Colombia 100 días antes de que asesinaran a Guillermo Cano)

Sin embargo, en el último de dichos pronunciamientos y antes de que se produjera el holocausto del Palacio de Justicia, se abrió paso una tesis intermedia: la Corte Suprema se declaró competente para revisar tratados o leyes aprobatorias de los mismos, siempre y cuando no se hubiese perfeccionado el convenio a través del canje de notas. Un tecnicismo jurídico que en términos precisos admitió la posibilidad de revisar leyes  aprobatorias de tratados por eventuales vicios de forma. (Vea lo qué dicen algunos periodistas de Guillermo Cano)

En esas circunstancias, en 1986 se planteó una quinta demanda orientada a encontrar ese error. El abogado que planteó la controversia manifestó que en el momento en que concluyó en el Congreso el trámite de la ley 27 de 1980, el presidente titular, Julio César Turbay, no se encontraba en Colombia. Por eso quien terminó firmando la sanción de la ley fue su ministro de gobierno, entonces delegatario con funciones presidenciales, Germán Zea Hernández. De esta manera, el error fue que el presidente no podía hacerlo. (Vea las luchas y pasiones de Guillermo Cano)

La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Jaime Duque Pérez, concluyó que el jefe del Estado, según la constitución vigente no podía delegar funciones que tuviesen que ver con la declaratoria de guerra, la invocación del Estado de Sitio o la emergencia económica, la concesión de indultos o la sanción de leyes aprobatorias de tratados internacionales. Por esta razón, se cayó la ley aprobatoria del tratado de extradición y se desató una crisis por las consecuencias en un momento clave en la lucha contra el narcotráfico.

 

 

 

 

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