El diablo de Yanacocha

Entrevista con el sacerdote que ha liderado la defensa del medio ambiente en el noroeste del Perú, donde está la mina de oro más grande de Suramérica y la segunda del mundo.

Yanacocha (Laguna Negra) ha sido la maldición para los habitantes de Cajamarca y el negocio de su vida para los propietarios, uno de los cuales es el Banco Mundial por intermedio de la Corporación Financiera Internacional (5%), como sucede con el Páramo de Santurbán y la minera canadiense Greystar (Estrella Gris).

El yacimiento, ubicado en los andes peruanos, está compuesto por cinco minas a cielo abierto (utilizando el mismo método que planeaba Greystar en Santander), que producen en un año como 2005 más de 3,3 millones de onzas de oro, metal que hace una semana alcanzó el precio récord de 1.628 dólares (3,2 millones de pesos) por onza, debido al nerviosismo mundial producto de la crisis económica en Estados Unidos.

Yanacocha es un complejo minero de 26.000 hectáreas, donde se remueven cada día 600.000 toneladas de tierra y se gastan 17 millones de metros cúbicos de agua, más del doble de lo que requieren los 150.000 habitantes de la ciudad de Cajamarca.

En medio de ese paraíso —o de ese infierno—, está la figura del sacerdote Marco Antonio Arana Zegarra, quien con su ONG Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible) ha asumido el liderazgo de los campesinos e indígenas, y ha tenido que verse la cara con los directivos de Newmont Mining Corporation y la Compañía de Minas Buenaventura en un país que apenas se repone de la dictadura del condenado Alberto Fujimori y su cómplice Vladimiro Montesinos, exabogado del narcotraficante colombiano Evaristo Porras.

El Espectador dialogó con este hombre que acaba de ganar en Berlín (Alemania) el premio Cinema for Peace, reservado a protagonistas de documentales relacionados con la defensa de los derechos humanos, por su testimonio en Operación Diablo, video de una hora que evidencia el espionaje y acoso del que fueran blanco él y varios de sus colaboradores por parte de la empresa de seguridad privada Forza, financiada por la minera Yanacocha.

La prensa amarillista de Perú lo llamó el ‘cura rojo’. ¿Para qué defender el medio ambiente y los derechos humanos si es más cómodo quedarse callado?

La vida no tiene precio, el agua no tiene precio, y hay que vivir en conformidad con esos principios y esos valores. Cuando comencé a trabajar el tema de la defensa de la tierra y del agua de los campesinos, la empresa minera apareció en mi parroquia para ofrecernos dinero para mejorar la iglesia y construir el colegio parroquial. No aceptamos. Posteriormente, cuando creamos la organización no gubernamental Grufides, la empresa intentó volverla su aliada. Como tampoco accedimos la empresa decidió iniciar una guerra mediática contra nosotros. Entonces es evidente que lo que colisionaba con ellos era el bolsillo, y cuando el bolsillo de una empresa de ese tamaño está en juego van a llamarnos “terroristas”, “ecoterroristas”, “enemigos del desarrollo”, etcétera, pero en realidad esta es una lucha por la defensa de la vida.

¿Usted es un cura loquito? ¿La Iglesia Católica lo respalda o por eso fue que lo llamaron a Roma para reconvenirlo?

Yo me ordené bajo el ejemplo y el testimonio de un santo obispo muy comprometido con los campesinos, que era monseñor (José Antonio) Dammert Bellido, y entendí que la evangelización era vivir el evangelio. Eso me ha traído varios problemas, porque desgraciadamente mi obispo ya estaba viejo, lo cambiaron, y el nuevo obispo (José Carmelo Martínez Lázaro) lo primero que hizo fue suscribir un convenio con la empresa minera, por lo que mi diócesis recibe desde 1997 la suma de US$140 mil anuales de la empresa minera. El mismo obispo forma parte del grupo de inversiones sociales de la minera. Eso ha llevado a que haya complicaciones con él y con el cardenal Cipriani, un personaje sumamente controvertido, porque fue quien trabajó de la mano con Fujimori. Entonces está claro de dónde vienen las tensiones entre varios sacerdotes que, como yo, defendemos la vida y los derechos humanos, un obispo que recibe dinero de la empresa minera y un cardenal con vínculos muy poderosos con el poder político.

Usted estuvo en Denver (Colorado) hablando con los directivos de la empresa Newmont. ¿Lo escucharon y comprendieron su mensaje?

Es un problema más que de sordera, de desprecio por la vida de las poblaciones locales. Ese desprecio es tan grave que, por ejemplo, el primer estudio de impacto ambiental de Yanacocha, en 1993, fue presentado en inglés en un hotel de lujo en Cajamarca. Resulta que en nuestra tierra teníamos que escuchar la sustentación de un estudio hecha en un idioma no nacional y para la que habían invitado a muy poca gente. He ido tres veces a reunirme con la junta de accionistas de Newmont y en el primer año me dijeron que no había problemas de agua, y les dije que me firmaran eso por escrito. Por supuesto nunca lo hicieron. El segundo año que fui me dijeron: “No se preocupe padre, vamos a hacer algo para mejorar el agua”, y lo que han hecho es empezar a construir represas en vez de dejar intactas las zonas de producción de agua. La última vez discutimos sobre el tema de los salarios de los trabajadores. ¿Por qué no le pagan lo mismo a los trabajadores mineros peruanos que lo que le pagan a un trabajador en sus minas en los Estados Unidos? Lo que me dijeron es que les sorprendía que yo, un cura que defiendo a los pobres, quiera que les suban los sueldos a los trabajadores mineros porque si eso ocurría iban a subir los precios en mi ciudad por la mayor capacidad de gasto de los trabajadores mineros, y que eso afectaría a los más pobres. Hay un tipo de soluciones y de respuestas que no son por sordera, porque escuchan demasiado bien, sino porque fundamentalmente no les importa la vida de la población, porque saben que su actividad va a durar un tiempo y van a irse pronto.

En el caso del páramo de Santurbán, en Colombia, ¿qué deben hacer los habitantes para evitar que pase lo mismo que en Yanacocha?

Tienen que informarse bien. No basta con la información que reciban del Gobierno o con la que reciban de la empresa minera. Luego tienen que generar niveles de divulgación de esa información, porque a veces llega sólo a unos pocos. En tercer lugar, tienen que organizarse. Es muy importante evitar que la minería siembre la división entre las poblaciones o que corrompa a los dirigentes. Sobre esa base además tienen que desarrollar un conjunto de organizaciones, que ojalá sean universidades, para conseguir científicos reconocidos en el país que hagan un monitoreo amplio de las actividades de la minera. Luego se deben generar alternativas de desarrollo y que el Estado haga presencia, pero no como lo hace en el Perú con la policía antimotines para romperle la cabeza a la gente y reprimirla. El Estado tiene que aparecer para defender los derechos de la población. Pero debe haber políticas de fomento, como la experiencia de los jesuitas con su Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena, que han hecho que muchos campesinos se conviertan en productores de cacao y caucho, que saneen sus títulos de propiedad para que luego no se los arrebaten o que desarrollen transferencia tecnológica y una política de créditos para actividades ecológicamente sostenibles. En el páramo de Santurbán tendrían que ir hacia un proceso de protección de las aguas y, ojalá, incluso comenzar a incluirlo dentro del circuito turístico. Recordemos que uno de los grandes problemas del cambio climático será la escasez de agua dulce, entonces cómo se convierte eso no en una dificultad sino en un activo, tanto económico como ambiental. Hay otras formas de desarrollo que están ligadas a la seguridad alimentaria, a los ‘agrobionegocios’, a la producción asociativa de pequeña y mediana escala; entonces por qué optar por un desarrollo de minería a gran escala, destruyendo las aguas, corrompiendo autoridades y acabando el tejido social, cuando en realidad Colombia podría optar por desarrollos económicos alternativos.

Un portavoz de Greystar dijo que habría cero accidentes con cianuro sódico en el Proyecto Angostura de minería a cielo abierto en el Páramo de Santurbán. ¿Esto es posible?

No. Una afirmación de ese tipo es una afirmación temeraria. Yanacocha ha certificado, con la norma ISO, que tiene cero accidentes entre sus trabajadores y además recibe premios. ¿Cómo hacen la contabilidad? La hacen sobre los trabajadores de planta y la mayor parte no son trabajadores de planta, sino eventuales, contratados por unos meses y que luego despiden.

Ellos dicen que nadie se ha muerto por cianuro, pero el problema no es que los mate directamente el cianuro, sino qué pasa con el índice de trabajadores que tienen, por ejemplo, enfermedades raras, como el Guillain-Barré (trastorno autoinmunitario del cuerpo donde éste se ataca a sí mismo) que es provocado, entre otras causas, por la exposición a metales pesados, y lo que hace el cianuro es concentrar los metales pesados.

De otro lado, no hay que olvidar que cuando hay exposición a sustancias altamente tóxicas las enfermedades que no aparecen en una generación pueden aparecer en dos o tres, y las pruebas en la industria son clarísimas.

¿Qué acallará a Marco Arana?

Una persona que ama la vida lo que puede aspirar es a morir en paz con su conciencia el día que le toque. No hay que tener temor de defender la vida. Si de algo debemos tener temor es de vender la conciencia, de hipotecar la vida por un puñado de dinero.

El caso del páramo de Santurbán

El pasado 17 de marzo, la multinacional minera Greystar anunció su decisión de revocar la solicitud para explotar oro en el páramo de Santurbán (Santander), que produce el agua para 2,2 millones de personas en las áreas metropolitanas de Bucaramanga y de otros municipios de Santander y Norte de Santander.

El Proyecto Angostura de Greystar buscaba la explotación de grandes reservas de oro y plata; sin embargo, los estudios ambientales revelaron que el proyecto contaminaría las fuentes hídricas con la utilización diaria de 40 toneladas de cianuro sódico y 230 toneladas diarias de anfo, con el que se dinamitarían 1.075 millones de toneladas de suelo.

A pesar del júbilo que despertó la decisión de la Greystar de revocar la solicitud, la multinacional minera aclaró que está estudiando otras alternativas para presentar la propuesta en mejores términos.

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