La Guajira decide su destino

Sin la presencia de la Misión de Observación Electoral (MOE) y con dos de los tres candidatos cuestionados por sus vínculos con líderes tradicionales de la región, responsables de la pobreza y la corrupción, los guajiros eligen hoy un nuevo gobernador.

De todos los males que padece y ha padecido por siempre La Guajira, el de su clase política ha sido el más dañino. Abandono estatal, corrupción, sequía, cierre de la frontera con Venezuela, presencia de bandas criminales y de traficantes, hambre y compra de votantes, hacen de este un departamento en el que se acumulan todos los males e imperfecciones de nuestra democracia. Porque como le dijo a El Espectador el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, “los pueblos tienen los gobernantes que eligen”.

Un escenario que se repite hoy, cuando los guajiros eligen en las urnas a un nuevo gobernador, para reemplazar a Oneida Pinto, destituida por el Consejo de Estado por incurrir en inhabilidad por haberse desempeñado como alcaldesa de Albania dentro de los 12 meses anteriores a su inscripción como candidata. Una decisión que despertó una nueva lucha electoral en la que participan los mismos poderosos de siempre, aquellos que de una u otra manera cargan con la responsabilidad de la crisis en que está sumida La Guajira actualmente.


Los candidatos son tres: Wilmer González, apoyado por los partidos Conservador y de la U; Norberto “Tico” Gómez, avalado por  Opción Ciudadana, y Luis Gómez, quien tiene el respaldo de la Unión Patriótica (UP). Y como sucede habitualmente en cada proceso electoral, pululan los cuestionamientos. El primero, uno de los favoritos a quedarse con la Gobernación, tiene a su favor la maquinaria del congresista Alfredo Duque, hijo de Hernando Duque, exgobernador condenado a nueve años de cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Un informe de la fundación Paz y Reconciliación revela que González fue secretario de Planeación, de Obras, de Educación y alcalde del municipio de Uribia, sobre el que cayeron múltiples cuestionamientos en el actual proceso electoral, sobre todo en lo de la selección de los jurados. Es hermano de José González Brito, quien fue representante a la Cámara como tercer renglón en una lista que encabezó Marcos Iguarán y Rodrigo Daza Cárdenas, y actualmente está detenido por una investigación que le acusa de servir de apoyo a los grupos armados ilegales que operan en la alta Guajira y que en su oportunidad comandó alias “Pablo”.

Además, la segunda esposa de Wilmer González, Laura Andrioli, se desempeñó como secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira. “A ella le fue expedida orden de captura en el 2006 por irregularidades en la construcción de jagüeyes en los resguardos indígenas. En sentido estricto se robó el departamento. Además de todo lo anterior no debe olvidarse que La Registraduría municipal de Uribía esta manejada por Fredy Becerra sobrino de Dilger Becerra y cuota de Bladimiro Cuello”, dice el informe.

Sobre “Tico” Gómez, Paz y Reconciliación, lo vincula a la casa del destituido exgobernador Juan Francisco “Kiko” Gómez, actualmente detenido dentro del  proceso por el homicidio de la alcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito. Una alianza política de la que también hacen parte Oneida Pinto, el congresista liberal Antenor Durán, la dirigente Emilsa Rojas, el exsecretario de Gobierno Roger Romero y el rector de la Universidad de La Guajira Carlos Robles, quien fue capaz de entregar un Honoris Causa a “Kiko Gómez” el 9 de diciembre de 2011, y se ha convertido en uno de los nuevos poderes políticos del departamento. El ‘Tico’ Gómez ha negado estos evidentes vínculos. En una entrevista con El Heraldo, aseguró: “Ni soy familia de “Kiko” Gómez, ni apoya mi campaña, y si lo demuestran, yo renuncio (…) Si Oneida dice que va a votar por mí, bienvenido ese voto”, ha dicho el candidato.

El tercer aspirante, Luis Gómez, tiene, además de la UP, el apoyo de algunos miembros del Polo Democrático y del Partido Verde. Fue militante del M-19, exalcalde de Riohacha y cuenta con respaldo de movimientos sindicales e indígenas, pero parece que este respaldo no es suficiente en La Guajira, donde las castas políticas son las que siempre se imponen con sus viejos vicios de compra de votos y otras clases de fraudes.

“En La Guajira el tema no es plata o abandono, es corrupción. El departamento ha recibido cerca de 3 billones de pesos en regalías y hoy en día ni siquiera Riohacha cuenta con un acueducto. Los municipios han recibido billones de pesos en regalías y esta plata se perdió en corrupción, es como si se hubiese botado agua por una alcantarilla (…) Los políticos que lo han gobernado y se han robado el departamento, hoy aparecen criticando instituciones del orden nacional y posando en fotos presidenciales sobre estrategias y anuncios de la creación de Conpes para salvar La Guajira. Tuvieron que morir siete mil niños para que Colombia se diera cuenta de la tragedia y de la corrupción de los políticos guajiros”, enfatiza Ariel Ávila, investigados de Paz y Reconciliación, quien además pidió la suspensión de las elecciones.

Tal es la situación que la Misión de Observación Electoral (MOE) decidió apartarse de la vigilancia de los comicios por falta de garantías. El ambiente es de total escepticismo y el gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, intentó en los últimos cinco meses enderezar un poco el camino, destapando las realidades de la cuestionada contratación, nominas paralelas y “corbatas” que recibían onerosos salarios pero no trabajaban. Por eso fue objeto de amenazas y su situación de seguridad resultó bien compleja. ¿Serán los guajiros capaces de no ceder ante el chantaje de la compra de votos y comenzar a emprender el camino hacia la solución estructural de su histórica problemática económica y social?

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