El Espectador y la crisis financiera de los años 80

La primera voz de alarma la dio el exministro de Hacienda, Hernando Agudelo Villa. A cuatro días de que asumiera la presidencia de Colombia Julio César Turbay, advirtió que desconociendo la ley, en el mercado bursátil y en algunos bancos y compañías de financiamiento se estaba imponiendo una serie de prácticas reprochables. En particular, acusó al industrial Jaime Michelsen Uribe de utilizar el ahorro privado para adquirir el dominio de empresas o de burlar el derecho preferencial de los accionistas con fines similares. (Vea el especial 30 años sin Guillermo Cano)

 

El exministro Agudelo Villa decidió llevar el caso a la Procuraduría, entonces en cabeza de Jaime Serrano Rueda, para que se abriera una investigación disciplinaria contra los altos funcionarios de la Superintendencia Bancaria, entidad encargada de la vigilancia de los bancos y el mercado bursátil. La reacción del industrial Jaime Michelsen y sus asesores fue denunciar por injuria y calumnia al exminsitro Agudelo, de tal manera que simultáneamente se abrieron investigaciones penales, pero antes de concluir 1978 ya un juez había concluido que no había mérito para investigar a Michelsen. (Vea esto era lo qué pasaba en Colombia 100 días antes de que asesinaran a Guillermo Cano)

 

A mediados de 1979, Agudelo no se dio por vencido y le pidió al presidente Turbay que le ordenara a sus superintendentes atender sus denuncias porque se iba a desatar una crisis financiera sin antecedentes. La única medida adoptada por el gobierno fue la creación de la Comisión Nacional de Valores, que se encargó de examinar lo que estaba sucediendo. En febrero de 1981, el presidente del recién creado organismo ratificó que eran ciertas las denuncias de Agudelo y advirtió que no solo se habían dado operaciones ficticias en la bolsa de valores sino otras maniobras ilegales. (Vea algunos textos sobre Guillermo Cano)

 

El pronunciamiento de la Comisión Nacional de Valores provocó las primeras averiguaciones de la justicia penal y encendidos debates en el Congreso de la República promovidos por el senador William Jaramillo Gómez. El entonces juez 20 de instrucción criminal, Julio Gilberto Lancheros, rompió el silencio cuando ordenó investigar a la firma Gran Inversión S.A. que administraba los fondos Gran Colombiano y Bolivariano. Ese fue el comienzo del escándalo de la crisis financiera de los años 80. (Vea algunas de las luchas y pasiones de Guillermo Cano)

 

El viernes 2 de abril de 1982, en la sección “Cartas de los lectores”, un ciudadano preguntó por qué El Espectador no publicaba completos los avisos de cine. La respuesta del periódico fue que dicha omisión obedecía a que la pauta publicitaria era ordenada por una empresa del Grupo Grancolombiano, y que ese conglomerado económico había decidido bloquear publicitariamente al periódico, debido a las publicaciones que se venían haciendo sobre los pormenores del escándalo financiero. 

 

Dos días después, El Espectador se despachó con el editorial: “La tenaza económica” a través del cual calificó la conducta del Grupo Grancolombiano, como una represaría económica, recordándole además al industrial Jaime Michelsen su apoyo al presidente Turbay y en esos momentos a la candidatura reeleccionista de Alfonso López Michelsen. Desde ese momento, Guillermo Cano integró una unidad investigativa para documentar el caso. Al frente de ella estuvo su hijo Juan Guillermo Cano y el periodista Fabio Castillo. Entre otros, los apoyaron Luis de Castro, Héctor Giraldo y Edgar Caldas. 

 

Al tiempo que el Grupo Grancolombiano anunció que retiraba la publicidad de sus casi 40 empresas de las páginas de El Espectador, la unidad investigativa creada por Guillermo Cano, rastreando en las Cámaras de Comercio y las Oficinas de Registros Públicos, comenzó a probar las operaciones ficticias de bolsa que habían sido denunciadas cuatro años antes por Hernando Agudelo Villa.  En medio de la crisis, con centenares de ahorradores defraudados, a partir de agosto de 1982 el gobierno se vio obligado a expedir normas de excepción para enfrentar el problema. 

 

A su vez la justicia ordenó procesar al Grupo Grancolombiano y al industrial Jaime Michelsen Uribe. En términos generales la crisis financiera derivó en la intervención de 17 instituciones crediticias que, según documentó tiempo después el periodista Fabio Castillo, provocaron la defraudación de 81.728 ahorradores privados. Aunque el periódico vivió apremios económicos por el boicot publicitario, salió bien librado en su independencia y prestigio. “El cimiento más firme de un periódico respetable es su credibilidad”, escribió luego Guillermo Cano. Las investigaciones de El Espectador fueron premiadas por el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).