"El fallo del tribunal legitima las ‘chuzadas’ del DAS"

William Alvis, apoderado del expresidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez, critica el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que beneficiaría a su representado.

“¿Cómo así que grabar y escuchar las sesiones reservadas de la Corte es legal? ¡Eso no cabe en la cabeza de nadie!”, Asegura William Alvis, apoderado del expresidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez. / Archivo particular

 En la sentencia del Tribunal de Cundinamarca se condena a dos jefes de Inteligencia del DAS a pagarle una compensación a Yesid Ramírez (expresidente de la Corte Suprema) por el espionaje ilegal a que fue sometido por el DAS, en época de Álvaro Uribe. ¿Quedan satisfechas las pretensiones de su cliente?

Las pretensiones económicas de la demanda eran mayores frente a la condena impartida ($280 millones, aproximadamente). Eran cerca de $2 mil millones por cuanto el daño a Yesid Ramírez y a su familia fue y sigue siendo muy grave y múltiple; esto es, perjuicios morales, afectación a su buen nombre, daño a su salud e intimidad y perjuicios patrimoniales.

Pregunto por el dinero, lo menos importante del fallo, porque esa sanción dejó la impresión de que el Tribunal le dio la razón al exmagistrado Ramírez. Pero en el resto de la sentencia parece defenderse la legalidad de lo hecho por el DAS. En realidad, ¿ustedes ganaron o perdieron?

Se ganó por cuanto se declaró la responsabilidad administrativa de una de las instituciones demandadas y se ordenó una indemnización. Pero aunque en la decisión del Tribunal hay aspectos más delicados, en el punto que usted pregunta se excluyeron las otras instituciones demandadas, la Presidencia de la República y la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). Lo preocupante de ese fallo es que tiene serios problemas de fundamentación.

¿Por qué demandaron a la Presidencia y a la UIAF, y con cuál argumento el Tribunal negó la responsabilidad de ellas?

Demandamos esas otras dos instituciones porque el DAS no se servía a sí mismo. Funcionalmente, su objeto era servirle a la Presidencia y existen evidencias que comprometen a servidores de la Casa de Nariño con lo ocurrido. Por su parte, la UIAF hizo la indagación a las finanzas de los magistrados y entregó, sin orden judicial, esa información que goza de reserva. En cuanto a las razones de la exoneración, nos quedamos esperándolas, porque el fallo no las expone por ninguna parte. Incluso hay contradicciones: a los capitanes Lagos y Tabares (de Inteligencia) se les condena por asistir, entre otras, a una reunión en la oficina del secretario general de Palacio, Bernardo Moreno. Pero esa misma prueba se ignora cuando se analiza la responsabilidad de la Presidencia.

El Tribunal también niega la responsabilidad de los directivos Andrés Peñate, José Miguel Narváez y Carlos Alberto Arzayús, este último condenado por los mismos hechos, porque dice que no tiene prueba de que ellos hubieran trabajado en el DAS a pesar de que eran reconocidos públicamente como tales. ¿Qué opina al respecto?

Los funcionarios que usted menciona fueron llamados en garantía por el DAS en la contestación de la demanda, de manera que era a dicha entidad a la que le correspondía probar su vinculación laboral. El magistrado ponente, por su parte, podía decretar esa prueba de oficio, y tampoco lo hizo. De todas maneras, podría pensarse que, como usted lo afirma, con tanto despliegue mediático que tuvieron los funcionarios del DAS cuando ejercían sus tareas, estaríamos frente a un hecho notorio. Ese razonamiento (en cuanto que no está probado que trabajaban en el DAS) es un argumento muy pobre para exonerar a alguien.

En la sentencia se dice que el DAS podía espiar al exmagistrado Ramírez y a la Corte Suprema debido a las dudas sobre infiltración del narcotráfico en esa corporación. ¿Está de acuerdo con esta justificación del Tribunal, que viene siendo la misma que dio el gobierno Uribe para ‘chuzarlos’ a todos?

Esa afirmación del fallo es la razón esencial de nuestra inconformidad, por cuanto conduce a la legitimación de las ‘chuzadas’ del DAS a la Corte Suprema y a sus magistrados y, ante todo, porque menoscaba el principio de separación e independencia de los poderes en que se sustenta el Estado de derecho. Es una tesis jurídica muy peligrosa para la seguridad de jueces y magistrados, y afecta gravemente la autonomía judicial.

Explique por qué.

¿Cómo puede afirmarse que es legal y constitucional una operación de inteligencia del órgano de seguridad del Ejecutivo, el DAS, cuando espía a un órgano judicial, la Corte Suprema? La justicia no puede ser blanco legítimo de la inteligencia gubernamental. Eso no ocurre sino en las dictaduras. Menos se puede sustentar que sea legítimo sustraer los expedientes de la parapolítica que investigaba la Corte y los cuales, por supuesto, tenían reserva legal. ¿Qué relación tenían esos expedientes con la presunta investigación por una infiltración del narcotráfico a la Corte? O, ¿para qué averiguar la vida privada y financiera de los magistrados? ¿No sería que tenían el propósito de encontrar algo para desprestigiarlos y afectar su credibilidad frente a los procesos que estaban conociendo? ¿Cómo así que grabar y escuchar las sesiones reservadas de la Corte es legítimo? ¡Eso no cabe en la cabeza de nadie!

El “presunto narcotraficante” Asencio Reyes, tal como lo llaman en el fallo, y quien fuera el coordinador de un homenaje en Neiva al exmagistrado Ramírez, fue la persona señalada por el DAS para explicar, concretamente, el espionaje. Hoy el Tribunal retoma ese argumento a pesar de que Reyes no ha sido condenado por ningún delito.

Con la declaración de Germán Albeiro Ospina (director del Grupo de Observación Internacional del DAS), que obra en el expediente, queda claro que no se investigaba a los magistrados por su cercanía con Asencio Reyes, sino que era lo contrario: investigaban a Reyes para tratar de encontrarle algo ilícito y, por esa vía, poder enlodar a los magistrados. En otras palabras, el objetivo final de las pesquisas no era Reyes, sino la Corte. Ospina afirma que por más que buscaron, no encontraron ningún antecedente ni investigación penal en contra de Reyes.


Otro tema polémico en contra del exmagistrado fue el regalo del famoso reloj Rolex. ¿Ese tema fue objeto de análisis en este proceso?

En el transcurso del debate probatorio en este caso quedó claro que esa fue otra disculpa para investigar ilícitamente y, sobre todo, para desprestigiar al doctor Ramírez. Debo decir, además, que la Comisión de Acusación de la Cámara, el juez natural del exmagistrado, investigó esas denuncias y las archivó porque no encontró mérito alguno. Adicionalmente, yo mismo interrogué a la agente Alba Luz Flórez (Mata Hari) y también al funcionario Ospina sobre si habían encontrado algo ilícito en la vida del expresidente de la Corte. Ambos aseguraron que no obstante haber investigado la vida y las finanzas de Yesid Ramírez, no encontraron nada ilícito ni nexo alguno con grupos al margen de la ley. Y reconocen que ellos filtraban informaciones a la prensa para desacreditarlo y presentarlo como cercano a la mafia.

Sus razonamientos son rebatidos por algunos de los más cercanos funcionarios al círculo presidencial uribista porque, según aseguran, no se encontró información suficiente sobre las ‘chuzadas’ e interceptación de comunicaciones a la Corte para sustentar los procesos y las investigaciones.
Cuando se destapó el escándalo en los medios de comunicación, los funcionarios del DAS para la época de los hechos aseguraron, dentro del proceso, que recibieron la orden de destruir la información recaudada y eso se hizo, según sus propias afirmaciones. Esa destrucción no significa que tales testimonios y otros indicios no pudieran o no puedan ser valorados por los investigadores y por los jueces para reconstruir lo que sucedió.
Otro argumento contrario al suyo es que todo el mundo es igual ante la ley y que alguien sospechoso, por muy togado que sea, puede ser investigado.
Cierto. Los magistrados pueden ser investigados y juzgados por sus actos, pero por su juez natural y con las formalidades y garantías de la ley.


Dice la decisión que “no existió interceptación de comunicaciones privadas de los demandantes (Yesid Ramírez, esposa e hijos)”. ¿En el proceso obran pruebas de que la familia Ramírez fue interceptada?

Ciertamente no existen los audios ni las transcripciones de comunicaciones telefónicas de los magistrados. No obstante, la testigo Flórez, en su declaración, cuando manifestó haber instalado grabadoras en la Sala Plena y en la Sala de Casación Penal de la Corte, aceptó haber interceptado una comunicación, toda vez que las reuniones grabadas eran reservadas, no audiencias públicas. La testigo también afirmó que obtuvo el número celular del doctor Ramírez y que se lo suministró a su superior en el DAS, William Romero, director de Fuentes Humanas. Y los sancionados exfuncionarios Tabares y Lagos suscribieron un acuerdo con la Fiscalía, cuya copia auténtica obra en este expediente, en el que admiten haber cometido el delito de interceptación de comunicaciones.

Hago de abogada del diablo: son indicios, no pruebas.

Las reglas de la lógica o de la “sana crítica”, que son principios rectores de la valoración de la prueba, indican que quien pide el número celular de alguien (en este caso del exmagistrado Ramírez), cuyas intervenciones en las Sala Plena y de Casación Penal venían siendo escuchadas ilegalmente, no ve talanquera alguna para escuchar sus conversaciones telefónicas. En otras palabras, quien hace lo más, hace lo menos: si el DAS se atrevió a implantar micrófonos en los recintos de la Corte, ¿por qué se abstendría de escuchar las conversaciones de un magistrado de quien ya se tenía la identificación de su teléfono móvil?

Esta decisión del Tribunal de Cundinamarca va en contravía de fallos de la justicia penal, puesto que hay varias condenas por los mismos hechos. ¿Cómo puede entenderse esa contradicción?

La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal y es más difícil condenar penalmente por cuanto una cosa es demostrar la comisión de un delito y otra bien distinta acreditar la producción de un daño antijurídico imputable a la administración. En este caso, sorpresivamente, ha sucedido lo contrario: hay varias personas condenadas por concierto para delinquir e interceptación ilícita de comunicaciones, entre otros delitos; hay otras condenas pendientes después de que los procesados aceptaron la comisión de ilícitos. Sin embargo, para este fallo del Tribunal, la actuación del DAS fue legal y el único reproche que le hace es haber violado el carácter reservado de la información.

En todo caso, las informaciones obtenidas sí se entregaron a algunos periodistas.

Sí, se filtraron de manera tendenciosa. Pero es que ese no fue el único, ni siquiera el acto más arbitrario e ilegal del DAS en aquellos hechos: grabar subrepticiamente las sesiones de la Corte, sacar fotocopias de expedientes e investigar la vida privada y financiera de los magistrados es, cuando menos, abusar de las funciones públicas.

Con esta decisión, ¿terminarán bendiciéndose judicialmente otras actividades de inteligencia que no tengan orden judicial ni se realicen dentro de procesos legales?

Ese es el peligro. Por eso es tan importante que el Consejo de Estado revise con mucha atención este fallo y que siente una posición clara y contundente.

¿Qué harán usted y el exmagistrado Ramírez ahora?

Como puede deducirlo, vamos a apelar para que sea el Consejo de Estado el que diga la última palabra. Y vamos a seguir defendiendo la honra de Yesid Ramírez por cuanto la dignidad y honra de un juez o magistrado es un valor supremo que se construye paso a paso y que no puede ser destruido por una coyuntura como la de esa época.