“El final del conflicto armado implica grandes cambios”: Reyes

Alejandro Reyes habló de la necesidad de mejorar la distribución de la población rural para que ésta se relacione mejor con la oferta ambiental y del campo en el posconflicto.

Archivo El Espectador

Alejandro Reyes, es uno de los investigadores más reconocidos en el ámbito agrario. Es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá y Sociólogo con Master de UC Berkeley, además se ha dedicado a la investigación social, es escritor, ensayista, conferencista, columnista de prensa, consultor independiente y actualmente asesor del ministro de agricultura de Colombia. Es autor del libro ‘Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia’.

¿Cuáles son los problemas que padece el campo colombiano? ¿Tienen relación entre sí?
Los problemas del campo están relacionados entre sí: conflictos de uso del suelo (ganadería vs. agricultura, deforestación vs. conservación, afectación hídrica), conflictos de tenencia (50% de informalidad, falta de acceso a tierra del 40% de agricultores, GINI de concentración muy elevado -0.87%-, ilegalidad de la gran propiedad –lavado de dinero, despojo, testaferrato, apropiación ilegal de baldíos-), pobreza rural (ausencia o deficiencia de bienes públicos, términos de intercambio comercial desfavorables, poca tierra irrigada, falta de vías terciarias, poca bancarización y poco crédito, empleo informal y estacional), y el principal, falta de seguridad y justicia estatales (conflicto armado, bandas criminales, robo de cosechas, extorsión, confinamiento y desplazamiento).

¿Cuál sería para usted el que necesita mayor atención?
El principal es el problema de seguridad, pues ocasiona terror, drena la riqueza lícita, provoca despoblamiento, reclutamiento forzado de menores, abusos contra las mujeres, ahuyenta la inversión. La política pública más importante es la recuperación del control territorial por el estado, sin el cual no puede tener éxito ninguna otra política. Por eso la terminación negociada del conflicto armado es la política que concentra mayor atención de la población rural.

¿Cuáles son las transformaciones que debe hacer el gobierno Colombiano para sacar al campo colombiano de la situación de pobreza en la que se encuentra?
Debe hacer un catastro moderno georeferenciado y convertir el plano catastral (que incluye todas las posesiones materiales) en el eje para establecer, a partir de él, la legalidad de los títulos de propiedad sobre la tierra. Debe hacer un programa de distribución de nuevas tierras a 250.000 familias de agricultores sin tierra o con muy poca y un programa masivo de formalización de la pequeña posesión.

Debe crear la jurisdicción agraria, para que en todos los municipios haya un juez agrario para resolver conflictos legales y formalizar la propiedad. Debe ordenar mejor la distribución de población rural para que se relacione mejor con la oferta ambiental (menos campesinos en la frontera agraria, menos en tierras pendientes erosionadas o en humedales, mayor densidad en buenas tierras planas e irrigadas, con acceso al mercado.

Debe hacer planes masivos de vivienda y saneamiento básico (agua potable, disposición de aguas servidas), salud y educación rural, asistencia técnica, vías terciarias, cadena de almacenamiento de frío, eliminación de intermediarios y fortalecimiento de asociatividad productiva de pequeños productores. Debe extender la seguridad social a la población rural.

¿Por qué cada vez más campesinos están emigrando a las ciudades?
Para escapar a la violencia, el sometimiento a poderes de facto y a la pobreza aparejada con la falta de control estatal del territorio y la deficiencia institucional del estado local y regional.

¿La apuesta actual de restitución de tierras ha logrado contribuir a la justicia y el desarrollo del agro colombiano?
En dos años de funcionamiento de la ley hay una nueva institución, la Unidad de Restitución, y una jurisdicción de restitución, que está procesando las reclamaciones donde la seguridad ha permitido focalizar la política de restitución. La capacidad de respuesta de la Unidad puede escalarse con el concurso de otras entidades del estado, como INCODER, SNR, IGAC, MINAMBIENTE, etc., porque las tierras reclamadas tienen una gran heterogeneidad de derechos asociados, muchos informales o contrarios a la ley ambiental, como los que están en áreas de reserva forestal que hay que sustraer antes de restituir. Debido a eso, el proceso de cada restitución es cuidadoso, con nuevo plano catastral actualizado, formalización, pruebas rigurosas del despojo y debido proceso para defender derechos de poseedores de buena fe exenta de culpa en el despojo.

¿En términos de temporalidad cuánto tarda?
Aun así, desde la reclamación hasta la sentencia de restitución transcurre menos de un año, lo que demuestra la eficacia del diseño de restitución contenido en la ley 1448 de 2011, que rige el proceso. Un cambio legal necesario es facultar a la Unidad de Restitución para hacerla administrativamente cuando no haya oposición a la reclamación, para que pueda formalizar la propiedad que fue abandonada por violencia.

¿Qué medidas se deberían implementar en el campo colombiano para prepararse en una eventual firma del acuerdo de paz?
El final del conflicto armado implica grandes cambios en el campo colombiano: primero, permite restablecer el control de todo el territorio por el estado y focalizar a las fuerzas armadas en el combate a la criminalidad organizada; segundo, permite reconstruir las comunidades rurales afectadas por desplazamiento y sometimiento a los grupos armados; tercero, conlleva una apertura democrática, pues cambia la hipótesis de guerra que asociaba la insurgencia con los campesinos y convierte a la fuerza pública en garante de los derechos de la población rural; cuarto, exige la implementación del enfoque territorial del desarrollo, para dar poder a las comunidades locales para participar en las tareas de ordenar los usos del territorio, ordenar los derechos de propiedad y definir sus planes para hacer más competitivo cada territorio; quinto, requerirá hacer, a mediano plazo (10 años) una reforma rural integral, con acceso a tierras, formalización, restitución, bienes públicos rurales, eliminación de la miseria y reducción sustancial de la pobreza.