:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/19H5RdwbeAvtawoknZjTlnOFem4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/GPYZPD3PUNEWZE7MQBIAGOZCDQ.jpg)
Continúa la incertidumbre en la vereda de Condagua, municipio de Mocoa (Putumayo) en donde estaba prevista este lunes en la mañana la reunión entre delegados del Gobierno Nacional y más de 500 indígenas para discutir sobre los acuerdos hechos en temas de derechos humanos, restitución de tierras, territorio y víctimas.
Aunque según la agenda planeada por la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac, la llegada de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y de la directora de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso, estaba pensada para las 7 a.m, a medio día las comunidades seguían esperando a las delegadas.
“El 10 de abril vino el viceministro del Interior, Juan Carlos Soler, instaló esta mesa y se comprometió a traer funcionarios de alto nivel. El 12 de abril, a la mesa de víctimas instalada en Villa Garzón llegaron solo funcionarios regionales, y el 16 de abril ocurrió lo mismo, llegaron técnicos a escucharnos, pero no a resolver la problemática”, le aseguró Robinson López, coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Opiac a este diario.
Tema relacionado: Delegados del Gobierno y 14 pueblos indígenas se reúnen en Putumayo
¿Qué exigen los pueblos?
Son tres las mesas organizadas: mesa de salud, educación y transporte; mesa de derechos humanos y la mesa de territorio y víctimas.Una de las preocupaciones manifestadas por los 14 pueblos indígenas que conforman la minga fue el incumplimiento de varios puntos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, como el Pacto Amazónico, que prometió la inversión de 34,5 billones de pesos para la conservación y cuidado de los bosques, además de la disminución de la brecha de desigualdad social.
“El Gobierno solo ve a la Amazonía como como una despensa para la extracción, y ha creado daños irreparables en la naturaleza y los pueblos”, sostuvo López.
Según cifras reveladas por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, en 2017, la región perdió cerca de 144.000 hectáreas de bosque, lo que significó un incremento del 65% con respecto a 2016.
Se estima que en 2018, por lo menos 156.722 hectáreas de bosque fueron deforestadas en el país, principalmente en los departmentos de Caquetá, Meta y Guaviare. Sin embargo, según el Ministerio de Ambiente, solo en la Amazonía dicha cifra supera las 200.000 hectáreas, lo que representa el 70% de la deforestación del país.
Lea también: Putumayo hará audiencia pública para denunciar impacto de actividades de extracción
Con respecto al cuidado del medioambiente, la Opiac rechaza el uso del fracking en el país. “Sabemos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya ha entregado 12 bloques petroleros de la cuenca del Caguán a la empresa Amerisur Exploración Colombia”, agregó.
En cuanto al tema de tierras, la Opiac aseguró que hay más de 138 solicitudes para la constitución de resguardos que no han sido atendidas, lo que representa una “invisibilización de los pueblos”. Por eso, solicitan la destinación de 98 mil millones de pesos para la compra y legalización de tierras.
Otra de las exigencias es que el Gobierno debe respetar el derecho de la Consulta Previa, que consiste en la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre acciones que se desarrollen en sus territorios y que puedan afectar al ambiente o a sus habitantes.
También le puede interesar: Deforestación en Putumayo se asociaría con efectos del conflicto
En cuanto a la reparación de víctimas, López asegura que en Putumayo hay 3.000 víctimas del desplazamiento, asesinato y confinamiento que no han sido escuchadas. “Pedimos que en la Unidad de Víctimas territorial creen un área de gestión indígena”.
Pese a que al territorio han asistido funcionarios territoriales y a que la Opiac asegura mantenerse en vías de negociación y diálogo, exigen la presencia de la ministra Gutiérrez y otros representantes del Gobierno que tengan la capacidad de tomar decisiones, pues se trata de “problemas estructurales que requieren soluciones profundas”, insisten.
“Denunciamos públicamente la falta de voluntad política del Gobierno. Somos 65 mil habitantes de diferentes resguardos con grandes problemáticas como la minería, la deforestación a gran escala, la presencia de grupos ilegales, la proliferación cultivos ilícitos, y la ausencia total del Estado. Resistimos por Putumayo, pero también por el planeta”, agregó el representante.